Argumentos de las partes. Aunque con ciertas variantes que iremos mencionando a largo de la presente resolución, lo cierto es que los recursos interpuestos guardan una importante similitud en cuanto a los argumentos en los que se fundan. En ambos casos, el primero de estos argumentos estriba en la incorrecta aplicación del artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público respecto de la posibilidad de fusionar prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto. Se señala en los recursos que la Ley exige que estas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio del ente, organismo o entidad contratante. Exponen las partes recurrentes que las prestaciones contenidas en los pliegos no mantienen entre sí ninguna relación de complementariedad, ni existe ninguna causa que exija su consideración y tratamiento como unidad funcional. También se añade que, aunque aparentemente los pliegos contienen un número más limitado de prestaciones, en realidad se trata de hasta 11 prestaciones diferentes respecto de las cuales no se justifica la existencia de relación alguna de complementariedad y que, por tanto, se produce un incumplimiento de las reglas para la elaboración de los contratos mixtos. Ello afectaría el principio de libre competencia y al de selección de la oferta económica más ventajosa, por cuanto todos estos servicios serían adjudicados a una única entidad, cuando sería posible diferenciar varios contratos distintos y adjudicarlos a diferentes empresas, favoreciendo la concurrencia. Igualmente se alega en este punto que en el informe del Ingeniero de Caminos municipal se establece una circunstancia de pura oportunidad para justificar la existencia de un único contrato, como es la existencia de sinergias y de un importante ahorro económico mediante la tramitación conjunta de todos los contratos en cuestión. En este sentido, se afirma que, en realidad, no se está haciendo referencia alguna al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sino a otras cuestiones diversas y no jurídicas, y que no debieron ser tenidas en cuenta a la hora de valorar si la celebración del contrato mixto era o no conforme a derecho. Los recurrentes afirman, igualmente, a est...
Argumentos de las partes. 4.220 Los Estados Unidos alegan que la metodología del Brasil para imputar riesgos a los deudores extranjeros no conlleva una investigación razonable de los deudores y da como resultado estimaciones de riesgo exageradas. Los Estados Unidos objetan que se utilicen exclusivamente calificaciones de organismos de calificación del crédito como base para clasificar el riesgo de diversos deudores extranjeros. También ponen en duda el método del Brasil para asignar calificaciones a los deudores extranjeros no calificados. Alegan que, como consecuencia de estas asignaciones incorrectas del riesgo, la estimación de la subvención de intereses y los cálculos de la adicionalidad marginal y plena son demasiado elevados. Los Estados Unidos citan seguidamente ejemplos de bancos extranjeros, que fueron clasificados como insolventes por la metodología del Brasil (una calificación numérica peor que 10), pero que pudieron obtener crédito en mercados de crédito ordinarios.246 4.221 Los Estados Unidos ponen en entredicho la afirmación del Brasil de que aplicaba la metodología del USDOC para calcular la subvención de intereses, y alegan en cambio que el Brasil ha interpretado y aplicado erróneamente el enfoque del USDOC. Según los Estados Unidos, el Departamento de Comercio aplica la fórmula del rendimiento previsto para reconstruir un tipo interés hipotético xx xxxxxxx únicamente si se determina primero, tras un análisis detallado de los estados financieros, que la empresa concreta que se examina es "insolvente".247 La definición del Departamento de Comercio de "prestatario insolvente" no incluye a todos los prestatarios que tienen una calificación de solvencia inferior a la primera calidad, sino al prestatario que el Departamento determina, tras un análisis minucioso de la solidez financiera del prestatario y su capacidad para el servicio de la deuda, que no puede obtener financiación xx xxxxxxx comerciales convencionales. La determinación de solvencia efectuada por el Departamento de Comercio se basa en varios factores, como la recepción de préstamos comerciales a largo plazo, la solidez financiera actual y anterior de la empresa, la capacidad de la empresa para sufragar sus costos y satisfacer sus obligaciones financieras fijas, y elementos indicativos de la posición financiera futura de la empresa.248 4.222 Por otra parte, los Estados Unidos dicen que el Brasil no ha hecho ningún intento para discernir préstamos comerciales comparables obtenidos por cualquiera de los deudor...
Argumentos de las partes. De la recurrente
Argumentos de las partes. 1. Departamento Nacional de Planeación, DNP
Argumentos de las partes. 1.- Del recurrente. El recurrente carece de la clasificación recurrida pero afirma cumplir todos los demás requisitos que se exigen para participar en la licitación (nave industrial y autorizaciones administrativas necesarias para la gestión de residuos voluminosos). Entiende que los requisitos mínimos de solvencia sólo pueden establecerse cuando así lo exija la ley, de acuerdo con el art 62.1 in fine del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en lo sucesivo). Señala que el art 65.1 TRLCSP sólo exige la clasificación, en lo que ahora es pertinente, cuando se trata de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 €. Por el contrario, no es necesaria cuando se trata de contratos de gestión de servicios públicos, que constituyen una categoría separada de aquellos de acuerdo con el art 5.1 del TRLCSP. La clave para el recurrente se encuentra en dilucidar si, en este caso, nos encontramos ante un contrato de servicios -que exige la clasificación- o de gestión de servicios públicos -que no la exige-. El recurrente considera que, interpretando los artículos 275 y 276 TRLCSP, en ambos casos se trata de servicios susceptibles de ser explotados por los particulares, que no implican el ejercicio de poderes públicos. La distinción se encontraría en que mientras en el contrato de gestión de servicios públicos el contratista asume el riesgo y xxxxxxx de la actividad, en el de servicios no se produce dicha circunstancia pues el contratista se limita a cobrar una contraprestación siendo mero auxiliar de la Administración titular del servicio. Pone de relieve que: - De acuerdo con el art 25.2.l) de la Ley 2/1985, de 2 xx xxxxx, reguladora de las Bases del Régimen Local, los “servicios de limpieza viaria y recogida de residuos” constituyen una competencia municipal. - El objeto del contrato, según el apartado 1 del PCAP, es “la gestión de residuos voluminosos de origen domiciliario”. - El apartado 2.4.1 del PCAP señala que “la ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista”. - Que cuando se trata de contratos antes calificados de gestión de servicios públicos y ahora de servicios, no es exigible la clasificación del contratista hasta que no se dicten nuevas normas reglamentarias que desarrollen los grupos y subgrupos en los que deban estar clasificadas las empresas que desarrollan tales actividades, con cita de un Inf...