Objeto de la fiscalización. La fiscalización tiene por objeto efectuar una revisión global de los procedimientos de gestión y control de las concesiones de servicios y de obras públicas, así como de los ingresos derivados del aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público. Se trata de una fiscalización que aborda aspectos de regularidad, de eficiencia y de economía. Se hace referencia somera, a continuación, a la regulación actual aplicable a ambos grupos de operaciones, si bien, al estar constituido el objeto del informe por el conjunto de las operaciones existentes, en cada caso deberá tomarse en consideración que las concesiones vigentes se rigen, en general, por la normativa vigente en el momento en que se otorgaron. No es objeto de este Informe la evaluación de la regularidad legal de las adjudicaciones de los contratos, de las prórrogas y de las modificaciones contractuales. Tampoco son objeto del Informe los procedimientos de concesión de autorizaciones y de adjudicación de concesiones demaniales. En lo que se refiere a los ingresos derivados del aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público, se analizan los procedimientos de control sobre los mismos aplicados en el Ayuntamiento. Con arreglo al artículo 84.1 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, “nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos”, y en el punto 3 del mismo artículo determina que “las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas”. Los bienes de dominio público se clasifican en “bienes destinados al uso general” y “bienes destinados a un servicio público”. Con referencia a los bienes destinados al uso general, en el artículo 85.1 de la Ley de Patrimonio, se define lo que se entiende por “uso común”, como aquél que es susceptible de ser realizado de igual forma por todos los ciudadanos, para pasar a definir a continuación lo que se entiende por “aprovechamiento especial” y por “uso privativo”: - Se entiende por “aprovechamiento especial” del dominio público el uso que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, q...
Objeto de la fiscalización. La fiscalización tiene por objeto efectuar una aproximación a la prestación de los servicios públicos a través de las concesiones de servicios y de obras públicas, profundizando en el análisis de las correspondientes a aparcamientos, servicios funerarios, e instalaciones deportivas. Se trata de una fiscalización que aborda aspectos de regularidad, de eficiencia y de economía, y que se orienta de forma singular a los elementos del control interno relacionados con las prestaciones objeto del contrato y con los efectos económicos de la concesión. La Ley de Bases de Régimen Local regula las competencias municipales en el Capítulo III del Título II. En el artículo 25.1 de la Ley, se dispone que “el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. En la relación de materias sobre las que, según el punto 2 del artículo 25, en todo caso ostentan competencias los Ayuntamientos, dentro de los límites fijados por las normativas estatal y autonómica, se contemplan específicamente las de “Cementerios y servicios funerarios”, “Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas” y “Actividades o instalaciones culturales y deportivas”. En el artículo 26, se incluyen entre los servicios públicos de prestación obligatoria, para la totalidad de los Ayuntamientos, los de cementerio y, para los de población superior a 20.000 habitantes, las instalaciones deportivas de uso público. La gestión de los servicios públicos puede ser realizada tanto directamente por la propia Administración como indirectamente, si bien, a tenor del artículo 275.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Con arreglo al artículo 8 TRLCSP, los contratos de gestión de servicios públicos son aquellos por los que una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. No se consideran contratos de gestión de servicios públicos las encomiendas a favor de otras entidades públicas o de empresas mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Administración tit...