Concepto de violación. El demandante expuso que el municipio de Puerto Colombia autorizó y procedió a la venta de un inmueble sobre el que no tenía propiedad, dado que lo había enajenado previamente. Indicó que el municipio violó el artículo 2 de la Constitución Política en tanto no respetó los deberes esenciales del Estado, los artículos 669, 673, 744, 766, 767 y 768 del Código Civil, referidos al principio de legalidad, al derecho de propiedad, al justo título y a la buena fe del adquirente. Agregó que se vulneró el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto adelantó una actuación administrativa para la venta del lote sin la citación de los terceros interesados, según se le imponía en la citada disposición. Resaltó que el municipio desconoció el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y el derecho a la propiedad privada fundado en el artículo 58 ibídem.
Concepto de violación. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 83, 90 y 333 de la Constitución Política, referidos al derecho a la igualdad, los postulados de la buena fe y de la responsabilidad del Estado; los artículos 1, 3, 35, 36, 78, 85 del Código Contencioso Administrativo en relación con los procedimientos administrativos; el artículo 860 del Código de Comercio en relación con la regla según la cual en la licitación pública el “pliego de cargos”5 constituye la oferta y cada postura implica la celebración del contrato, condicionada a que no exista postura mejor; el artículo 863 del Código de Comercio el cual establece el deber de la buena fe en la etapa precontractual; los artículos 37, 38 y 40 de la Ley 222 de 1995 acerca de los estados financieros y el artículo 24-5 de la Ley 80 de 1993, referido a la exigencia de claridad de las reglas contenidas en el pliego de condiciones. Finalmente, señaló como normas violadas el concepto 107483 de noviembre 23 de 1999 de la Superintendencia de Sociedades y el pliego de condiciones.
Concepto de violación. El demandante Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx0 indicó que el legislador dispuso en las leyes violadas que los aportes parafiscales están a cargo de todo aquel que tenga la calidad de empleador; esto es, que tenga empleados a su cargo. Esta calidad no se predica de los sindicatos cuando desarrollan un contrato sindical, pues en ese caso los afiliados del sindicato que participan en la ejecución del contrato sindical no tienen la calidad de trabajadores subordinados al sindicato. No se configura ninguna relación laboral individual frente a los afiliados partícipes, por lo que no hay lugar al pago de aportes parafiscales. Se viola la libertad sindical consagrada en el artículo 39 constitucional, en tanto el acto demandado limita el desarrollo de las libertades sindicales al restringir la celebración de contratos sindicales autorizada por la ley. Se viola también el artículo 121 constitucional, pues el Ministerio de Salud, mediante el acto demandado, define la naturaleza jurídica de la relación entre las partes del contrato sindical, sin tener competencia para ello. 1 Folios 7 a 18 c. p. exp. 21825. 2 Folios 9 a 12 c. p exp. 21830. 3 Folios 18 a 28 c. p exp. 21825. También se viola el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 338 constitucional, al imponer el pago de contribuciones parafiscales a quienes no están sujetos a ellas según lo determinado en la ley, pues es claro que mediante el acto demandado se impone el pago de contribuciones parafiscales, exigibles por ley solo a quienes tienen la condición de empleadores, a los sindicatos en el desarrollo de un contrato sindical, circunstancia en la que carecen de tal calidad. Por su parte, Xxxxxxxxxx manifestó4 que la norma demandada desconoce el derecho de igualdad, al aplicar la misma consecuencia jurídica a dos supuestos distintos: la relación laboral que existe entre empleadores y trabajadores, y la que existe entre el sindicato y los afiliados partícipes en el marco de un contrato sindical: mientras que en la primera relación jurídica hay una relación de subordinación del trabajador frente al empleador, en la segunda el sindicato y el afiliado partícipe se encuentra en un plano de igualdad. Por tanto, no hay lugar a obligar a los sindicatos a realizar aportes parafiscales a favor de los afiliados partícipes en desarrollo de contratos sindicales, cuando no obran como empleadores. El acto demandado desconoce las normas a las cuales debe sujetarse, pues fija como sujeto pasivo de las contribucion...
Concepto de violación. La parte actora solicitó la nulidad de los actos acusados con fundamento en la falsa motivación y la violación al debido proceso, sobre lo cual hizo notar que con la respectiva actuación el departamento le desconoció el derecho a ejecutar el contrato y a que no se alterara la remuneración pactada. De su parte afirmó que dio cumplimiento al contrato en relación con las obras que fueron adelantadas. Invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 25, 83, 90 y 124 de la Constitución Política; los artículos 3, 5, 23, 27, 50, 51, 61 y 75 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 1603 y 1625 del Código Civil. En la estimación de la cuantía detalló el valor que a su juicio se le adeudaba por concepto de los perjuicios, discriminado en los siguientes ítems: reajuste de precios y actualización del valor de las obras entregadas; intereses moratorios sobre el valor de las actas ejecutadas; AIU dejado de percibir con ocasión de las obras que el departamento no le permitió adelantar y cláusula penal pecuniaria. La liquidación de perjuicios expuesta por la demandante, se presentó con base en la sumatoria de los montos antes citados, menos el valor del anticipo no amortizado, lo cual arrojó una suma total de $472’813.275 por concepto del perjuicio demandado. La sociedad demandante agregó que las sumas citadas corresponden al valor real a que tenía derecho para no romper el equilibrio financiero del contrato.
Concepto de violación. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 90 y 230 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993. Citó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, sobre el deber de incluir los ajustes y reconocimientos a que hubiere lugar en el momento de la liquidación del contrato. Además, transcribió extractos de varias sentencias del Consejo de Estado, entre ellas la de septiembre 6 del 1991 (expediente 6306, C.P. Xxxxxx Xxxxxx) en relación con los supuestos del enriquecimiento sin causa.