Arbitraje social. Los centros de arbitraje deberán promover el acceso a la prestación gratuita del servicio de arbitraje para la resolución de controversias de hasta cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cuantías superiores. Al servicio podrán acceder personas naturales de estratos 1 y 2 siempre y cuando cumplan los criterios de vulnerabilidad que establezca el Gobierno Nacional o jurídicas cuyos activos totales no superen los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv). Este arbitraje podrá prestarse a través de procedimientos especiales, autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, breves y sumarios. Los centros tendrán una lista especial para arbitraje social conformada por árbitros que deberán acreditar, como mínimo, las calidades requeridas para ser Juez Civil del Circuito. En estos procesos las partes no requieren de apoderado y se llevarán por un solo árbitro, designado de la lista de quienes voluntariamente se hayan inscrito en ella. Cuando el arbitraje no pueda adelantarse por los árbitros de la referida lista, el centro sorteará de la lista general de árbitros. El árbitro sorteado que se abstenga de aceptar el nombramiento, sin justa causa, será excluido de la lista de árbitros del respectivo centro. Los árbitros y el secretario, en ningún caso recibirán honorarios cuando adelanten un arbitraje de esta naturaleza.
Arbitraje social. Sobre trámites de arbitraje social, se tiene información de 5 casos del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, de los cuales 3 resolvieron conflictos de tipo comercial y 2 de tipo civil, 3 terminaron por audiencia de conciliación y 2 con laudo y el valor promedio de las cuantías se situó en $12 millones. Por su parte, en la Cámara de Comercio de Bogotá se han atendido 868 casos. Así pues, se evidencia la poca utilización del mecanismo incluso en las principales ciudades. Por otro lado, el arbitraje no se puede llevar a todas las zonas del país, pero el arbitraje social podría ser una forma gratuita y efectiva de llegar a los lugares más apartados del territorio nacional (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). En este sentido, se hizo necesario introducir en el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 algunas modificaciones para hacer énfasis en el acceso al mecanismo por parte de los sectores de la población más vulnerables y se toman medidas para reforzar la oferta permitiendo el acceso a árbitros que deberán acreditar, como mínimo, las calidades requeridas para ser Juez Civil del Circuito. La adopción del texto de la ley modelo CNUDMI en la ley 1563 de 2012 para el arbitraje internacional ha probado ser una decisión acertada. En efecto, los arbitrajes internacionales se han incrementado en Colombia. Incluso se han desarrollado arbitrajes internacionales en los que ninguna de las partes es colombiana, lo que revela la posibilidad de que Colombia se convierta en un centro de arbitraje. Ahora bien, el desarrollo que ha tenido el arbitraje internacional ha mostrado algunas limitaciones del texto actual de la ley, por lo cual es conveniente introducir algunos ajustes puntuales. La aplicación del régimen del arbitraje internacional supone determinar cuándo un arbitraje tiene tal carácter. El artículo 62 de la ley establece que se entiende que el arbitraje es internacional cuando se presenta alguno de los tres criterios que la misma señala. En relación con dicha norma el proyecto xx xxx cambia la expresión “se entiende que el arbitraje es internacional” cuando se presentan uno de los criterios mencionados en la ley, por la de que “el arbitraje es internacional” cuando ello ocurre. Lo anterior para evitar que pudiera interpretarse que se puede pactar otra cosa. Sin embargo, en cuanto a los criterios en sí mismos considerados se observa que el primero, que fue tomado de la ley modelo de la Cnudmi, establece que el arbitraje es internacional cuando las...