Procedencia del recurso de apelación. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo7 y teniendo en cuenta que el auto objeto de impugnación fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corporación es competente conocer del proceso en segunda instancia. En dos pueden resumirse los cargos de inconformidad propuestos por el señor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx en contra de la providencia por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó el acuerdo conciliatorio al que llegaron la Comisión Nacional de Televisión y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, el 31 de julio de 2009 dentro del proceso de la referencia, así: Previo a entrar a resolver de fondo este cargo de la apelación, considera la Sala oportuno precisar que aun cuando en el recurso no se señaló de manera expresa que fuera la existencia de un litisconsorcio necesario entre la aseguradora y el contratista la razón por la cual se considera que no era posible que la Comisión Nacional de Televisión llegara a un acuerdo conciliatorio respecto de las obligaciones surgidas con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato No. 102 de 1997 únicamente con La Previsora S.A. y sin la aquiescencia del 6 Folios 629 a 635 del expediente. contratista, lo cierto es que al realizar un análisis conjunto de los argumentos expuestos en el recurso con aquellos contenidos en el auto del 3 xx xxxxx de 2010 que se pretenden desvirtuar, resulta evidente que la razón central de dicho planteamiento radica justamente en considerar, como ya lo había hecho en el curso de la audiencia de conciliación, que en el caso sub judice entre el apelante y la aseguradora se configura dicha relación procesal. En efecto, la parte impugnante señaló en el recurso de apelación que no le asistió razón al a quo al manifestar que “la orden de pago librada respecto del Señor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, en virtud de la declaratoria de incumplimiento del contrato y la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, constituyen una relación sustancial diferente de aquella que se presenta entre el Contratista con la aseguradora y entre esta y la Administración”, toda vez que las obligaciones que surgieron tanto a cargo suyo como a cargo de la aseguradora y a favor de la Comisión Nacional de Televisión tuvieron como sustento el acto administrativo a través del cual la entidad ejecutante declaró la caducidad del contrato, hizo efectiva la cláusula penal ...
Procedencia del recurso de apelación. De conformidad con lo previsto en los artículos 1506 y 180 numeral 67 del CPACA, esta Corporación conoce, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones interlocutorias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos en las que se resuelvan las excepciones propuestas por el extremo pasivo de la litis. La prescripción del contrato de seguro se encuentra regulada por el artículo 1081 del Código de Comercio8, disposición que, además, establece dos modalidades extintivas de las acciones derivadas del contrato de seguro. La primera se refiere a la prescripción ordinaria, cuyo término de dos (2) años empieza a correr desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento real o presunto del hecho que origina la acción; la segunda concierne a la prescripción extraordinaria, cuyo término de cinco (5) años comienza a correr contra toda clase de personas desde el nacimiento del respectivo derecho. Esos dos fenómenos extintivos difieren en cuanto a su naturaleza, divergencia que adquiere relevancia toda vez que permite determinar la procedencia de cada una de las prescripciones. Así lo ha entendido esta Corporación: “Es claro entonces, que todas las acciones derivadas del contrato de seguro, inclusive aquellas que apuntan a obtener el pago de la respectiva indemnización, se sujetan a los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria contenidos en el artículo 1081 del C. Co., por cuanto lo que define la procedencia de una u otra, a juicio de la Corte, es 1) el ‘quién’ está ejerciendo la acción, es decir, la calidad del demandante y si le era exigible o no conocer el siniestro, y 2) el momento en que este se produjo; porque la acción ordinaria, de 2 años, procede frente a quienes, siendo personas capaces, supieron o debieron saber de la existencia del siniestro, y corre desde el momento en que, precisamente, tuvieron conocimiento o debieron tenerlo sobre dicho hecho; es decir, que se trata de una acción “subjetiva”, que califica la capacidad del interesado y tiene en cuenta el conocimiento suyo sobre la ocurrencia del siniestro; en cambio, la prescripción extraordinaria, es objetiva, en la medida en que, independientemente de quién sea el interesado, capaz o incapaz, por cuanto la misma norma dice que procede ‘contra toda clase de personas’, el término de 5 años, corre inexorablemente, a partir ya no del momento en que se conoció o debió conocer el siniestro, sino desde el momento en que el mismo se produjo...