MORALIDAD ADMINISTRATIVA. Administrativa; es decir es necesario que la actividad de la administración ejercida a través de la conducta activa o pasiva de sus funcionarios transgreda el ordenamiento jurídico, con mayor relevancia los principios que regulan la administración pública. En sentencia AP-300 de 2002 la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado determina: “Ahora bien, la moralidad administrativa como derecho colectivo no se encuentra definida en la Ley 472 de 1998, dado que al desarrollar las acciones populares y de grupo, sencillamente se limita a reconocer su carácter de derecho colectivo (artículo 4). Sin embargo, y consciente de que en muchas oportunidades las definiciones no son siempre deseables porque con las palabras se imponen limitaciones artificiales a la realidad, la Sala, partiendo del fallo de la Corte Constitucional No T-503 de 1994, y acogiendo la definición de moral que en el mismo se hace, ha dado en definir la moralidad administrativa como el conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social. Esa transparencia implica, entre otros aspectos, EL IMPECABLE MANEJO DE LOS BIENES Y DINEROS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE TODOS, Y SI TODOS SOMOS LOS BENEFICIARIOS Y POR QUÉ NO, SI CONSTITUCIONALMENTE SE TIENE EL DEBER DE CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS E INVERSIONES DEL ESTADO DENTRO DE LOS CONCEPTOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD (artículo 95 ib), El anterior aparte jurisprudencial marca como lineamiento que el derecho colectivo de la Moralidad Administrativa, basa su fuente y Como derecho colectivo correlativo y ligado a la Moralidad Administrativa encontramos el Patrimonio público, en cuanto a su protección se ha dicho: Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad administrativa, ámbito dentro del cual se debe estudiar el caso concreto” (Sentencia XX-000-00 XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX) nulidad por este mecanismo judicial, de lo que se trata , es sencillamente de interpretar la verdadera razón y finalidad del contrato en relación con las acciones populares para concluir que si de su inadecuada ejecución se deriv...
MORALIDAD ADMINISTRATIVA. “La moral administrativa como principio constitucional está por encima de las diferencias ideológicas y está vinculada a que el manejo de la actividad