LIBRO PRIMERO
CODIGO EUROPEO DE CONTRATOS
(VERSION ESPAGNOLA)(*)
LIBRO PRIMERO
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1.
Definición
1. El contrato es el acuerdo de dos o más partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica que puede comportar obligaciones y otros efectos aún a cargo de una sola de ellas.
2. Salvo lo previsto en las disposiciones siguientes, el acuerdo se forma también a través de actos concluyentes activos u omisivos siempre que sean conformes a una voluntad precedentemente expresada, o a los usos o a la buena fe.
Art. 2.
Autonomía contractual
1. Las partes pueden libremente determinar el contenido del contrato, en los límites impuestos por las reglas imperativas, las buenas costumbres y el orden público, fijados en el presente código, en el derecho comunitario o en las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión europea, siempre que las partes no persigan unicamente el fin de dañar a otro.
(*) Traducción efectuada con la supervisión del Prof. Xxxx Xxxx xx xxx Xxxxx y del Prof. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, publicada también en la Revista generál de legislación y jurisprudencia de Madrid, 2001, fascíc. 4. Otra traducción española se ha realizado, bajo la dirección y con la participación del Prof. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, por un equipo de Profesores de la Universidad xx Xxxxxxxx, La Rioja y La Laguna (además del indicado Prof. Xxxxxx Xxxxxxx, por los Profs. Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Victoria Mayor xxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx y Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx). Esta segunda traducción está en cuerso de publicación, con un comentario introductorio de X. XXXXXX XXXXXXX, en la Revista Jurídica del Notariado (Madrid), y se ha realizado a los fines de una investigación financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto BJU 2000-2001), con el siguiente título y objetivo “Ante la unificación europea del Derecho contractual: Incidencia en España del Anteproyecto del Grupo xx Xxxxx”. Y además una traducción de los artículos 1 – 117, efectuada por X. X. XXXXXXX, xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx Xx Xxx xx Xxxxxx Xxxxx, 0000, 2-VI.
2. En los límites del párrafo precedente, las partes pueden concluir contratos que no se hallen sometidos a la regulación del presente Código, en particular a través de la combinación de tipos legales diferentes y a la conexión entre diversos actos.
Art. 3.
Reglas generales y particulares aplicables a los contratos
1. Los contratos tengan o no una denominación propia en este Código quedan sometidos a las reglas generales que son objeto del presente libro.
2. Las reglas relativas a los contratos que tienen denominación propia en el Código se aplican por analogía a los que no la tienen.
Art. 4.
Reglas aplicables a los actos unilaterales
Salvo disposición contraria de este Código o comunitaria o en vigor como regla imperativa en los Estados miembros de la Unión europea, las reglas siguientes relativas a los contratos deben ser observadas, en tanto en cuando sean ellas compatibles, en relación a los actos unilaterales que tengan lugar en oreden a la estipulación de un contrato o en el curso de la relación que de él deriva, aún cuando tenga por fin provocar su extinción o invalidación.
Art. 5.
Capacidad de contratar y elementos esenciales del contrato
1. Salvo disposición contraria que fije un límite de edad inferior, el contrato puede ser concluído por una persona física que tenga diez y ocho años cumplidos, o bien que haya sido emancipado y haya obtenido las autorizaciones requeridas por su ley nacional.
2. El contrato concluído por un menor no emancipado, por una persona declarada legalmente incapaz o que, aún a título transitorio, no está en condición de comprender o de querer, es susceptible de ser anulado conforme lo dispone el art.150.
3. Los elementos esenciales del contrato son:
a) El acuerdo de las partes.
b) El contenido.
4. No es necesaria una forma particular más que en los casos y a los fines indicados en las reglas del presente Código.
TITULO II
FORMACIÓN DEL CONTRATO
Sección 1ª
Tratos precontractuales
Art. 6.
Deber de corrección
1. Cada una de las partes es libre de emprender negociaciones con vistas a la conclusión de un contrato sin que se le pueda imputar la menor responsabilidad en el caso de que no llegue a estipularse, salvo que su comportamiento sea contrario a la buena fe.
2. Obra contra la buena fe la parte que emprende o prosigue los tratos sin intención de llegar a la conclusión del contrato.
3. Si en el curso de los tratos las partes han examinado ya los elementos esenciales del contrato, de manera que de ello se prevé una eventual conclusión, la parte que suscite respecto de la otra una confianza razonable en cuanto a su estipulación, obra contra la buena fe desde que interrumpe las negociaciones sin motivo justificado.
4. En los casos previstos en los párrafos precedentes, la parte que obra contra la buena fe viene obligada a reparar como máximo el daño sufrido por la otra parte en la medida de los gastos a que ésta última se ha obligado en el curso de las negociaciones emprendidas en vista de la estipulación de un contrato, así como de la pérdida de ocasiones similares causada por los tratos pendientes.
Art. 7.
Deber de información
1. En el curso de las negociaciones, cada una de las partes tiene el deber de informar a la otra sobre toda circunstancia de hecho y de derecho de la que tenga o deba tener conocimiento y que permita a la otra darse cuenta de la validez del contrato y del interés en concluirlo.
2. En caso de omisión de información o de declaración falsa o reticente, si el contrato no ha sido concluído o queda afectado de nulidad, la parte que ha obrado en contra de la buena fe responde ante la otra en la medida prevista en el párrafo cuarto del artículo 6. Si el contrato ha sido concluído, queda obligada a restituir la suma recibida o a satisfacer la indemnización que el juez estime conforme a la equidad, salvo el derecho de la otra parte de impugnar el contrato por error.
Art. 8.
Deber de reserva
1. Las partes tienen el deber de hacer un uso reservado de las informaciones que obtengan de manera confidencial en el transcurso de las
negociaciones.
2. Aquella de las partes que no respete éste deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ,además, ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento.
Art. 9.
Tratos con los consumidores fuera de establecimiento mercantil
1. El comerciante que propone la conclusión de un contrato a un consumidor fuera de su establecimiento mercantil está obligado a informar a éste último por escrito de su derecho a desistir del contrato en la manera y en el curso de los plazos definidos en el art.159.
2. En el presente código, se entiende por consumidor a la persona física que actúa fuera del ámbito de sus actividades profesionales.
3. La ausencia de la comunicación prevista en el párrafo primero del presente artículo entraña a cargo del comerciante y a favor del consumidor las consecuencias previstas en el artículo 159.
Art. 10
Tratos en el comercio internacional-intercontinental
l. Salvo estipulación contraria, en el curso de las negociaciones para la estipulación de contratos internacionales-intercontinentales, las partes vienen obligadas a conformarse a los usos generalmente en vigor para los contratos del mismo tipo en el mismo sector comercial y de los que ellas tienen o deben tener conocimiento.
2. Aquella de las partes que no cumple con los deberes mencionados en el párrafo anterior, es responsable frente a la otra, tal y como queda previsto en los artículos precedentes,en la medida en que son aplicables.
Sección 2ª
Conclusion del contrato
Art. 11.
Oferta oral y su aceptación
1. La oferta oral de concluir un contrato, incluso en el caso de venir acompañada de un documento suministrado a la otra parte en su presencia, debe ser aceptada inmediatamente, salvo cuando lo contrario resulte de las conversaciones o de las circunstancias.
2. Si la oferta puede ser aceptada después o si es hecha por teléfono, el contrato se reputa concluído en el momento y en el lugar en que el autor de la oferta ha conocido o se considera que ha tenido conocimiento de la aceptación.
Art. 12.
Oferta escrita y su aceptación
l. Cuando una de las partes envía a la otra, por cualquier medio que sea, la oferta escrita de concluir un contrato, éste último es reputado concluído en el momento y en el lugar en que el autor de la oferta la ha conocido o se considera que ha tenido conocimiento de la aceptación.
2. Si la oferta es dirigida a varios sujetos determinados, el contrato es concluído en el momento y en el lugar donde el autor de la oferta ha conocido o debe considerse que ha tenido conocimiento de la aceptación de parte de uno de ellos, salvo que se haya precisado en la oferta o se pueda razonablemente deducir de ésta o de las circunstancias que dicha oferta se ha extinguido si no es aceptada por todos los destinatarios o por un cierto número de ellos. En el segundo caso, el contrato queda concluído en el momento y en el lugar donde el autor de la oferta ha conocido o se considera que ha tenido conocimiento de la última aceptación.
Art. 13.
Nociones de oferta y de invitación a hacer una oferta
l. Una declaración dirigida a la conclusión de un contrato tiene valor de oferta si contiene todas las condiciones del contrato a estipular o indicaciones suficientes en cuanto a la posibilidad de determinar el contenido, en modo de poder ser objeto de una aceptación pura y simple, y si además expresa, al menos implícitamente, la voluntad del autor de la oferta de considerarse vinculado en caso de aceptación.
2. Una declaración que no responde a las condiciones del párrafo precedente o que, dirigida a personas indeterminadas, presenta el carácter de una comunicación publicitaria no constituye una oferta y no es, por tanto, susceptible de ser aceptada. Ella constituye una invitación a hacer una oferta, salvo si formula una promesa a favor del que cumpla una acción o revele la existencia de una situación determinada; en ese caso constituye una promesa al público a los fines y para los efectos previstos en el artículo 23.
Art. 14.
Eficacia de la oferta
1. La oferta queda desprovista de efecto si no llega a su destinatario y puede hasta entonces ser retirada por su autor, aún cuando el mismo haya declarado por escrito que es irrevocable o que ella deber ser reputada tal en virtud del artículo 17.
2. Conserva su eficacia hasta que sea revocada, rechazada o extinguida.
Art. 15.
Revocación, rechazo o extinción de la oferta
1. La oferta puede ser revocada mientras su destinatario no haya expedido su aceptación.
2. La oferta, aún si es irrevocable, cesa de tener efectos a partir del momento que llega a su autor una declaración de rechazo de parte de su destinatario, aunque venga con una nueva oferta.
3. Salvo las disposiciones del artículo 11, párrafo l y del artículo 16, párrafo 5, una oferta, aún si es irrevocable, pierde su eficacia por extinción:
a) a la expiración del plazo indicado para la aceptación, si ésta última no ha intervenido según las modalidades y en el respeto de las formas fijadas en la oferta o previstas por la ley o la costumbre.
b) si no se ha indicado plazo, por el transcurso de un cierto tiempo que se pueda considerar como razonable, habida cuenta la naturaleza del negocio o la costumbre, así como de la rapidez de los medios de comunicación a que se haya acudido.
4. El retraso con el que la oferta llega al destinatario, si es imputable al autor de la oferta, prorroga razonablemente el plazo, a cuyo término procede la extinción.
Art. 16.
Aceptación
1. La aceptación es constituída por una declaración o por un comportamiento que expresan claramente la voluntad de concluir el contrato en manera conforme a la oferta.
2. La aceptación produce sus efectos desde el momento en que el autor de la oferta toma conocimiento de ella.
3. El silencio y la inercia valen como aceptación solamente si:
a) ello ha sido previsto por las partes, o puede ser deducido de la existencia de relaciones intervinientes entre ellas, de las circunstancias o de la costumbre.
b) la oferta tiende a concluir un contrato del que deriven obligaciones unicamente para su autor.
4. En el caso previsto en la letra b) del párrafo anterior, el destinatario puede rechazar la oferta en el plazo exigido por la naturaleza del negocio o por la costumbre. En defecto de un tal rechazo, el contrato queda concluído.
5. El autor de la oferta, si da una confirmación inmediata a la otra parte, puede considerar como concluído el contrato que sea objeto de una aceptación de la que él tiene conocimiento en una fecha ulterior al plazo previsto por el artículo 15, párrafo tercero, o de una aceptación no adecuada a la forma o a las modalidades fijadas por la oferta.
6. Una aceptación no conforme a la oferta equivale a un rechazo y constituye una nueva oferta, salvo lo que se prevé en el párrafo siguiente.
7. Si la aceptación contiene claúsulas diferentes, pero que no aportan modificación sustancial a la oferta en la medida en que se refieran a aspectos marginales de la relación, y si el autor de la oferta no comunica con prontitud su desacuerdo a propósito de tales modificaciones, el contrato se considera concluído en el sentido más conforme a la aceptación.
8. La aceptación puede ser retirada, siempre que la declaración de retirada llegue al autor de la oferta, antes o al mismo tiempo que la aceptación misma.
Art. 17.
Oferta irrevocable
1. Una oferta es irrevocable desde que su autor se ha obligado expresamente a mantenerla firme por un cierto lapso de tiempo, o si, sobre la base de precedentes relaciones entre las partes, de las negociaciones, del contenido de las claúsulas o de la costumbre, así se puede razonablemente reputar por tal. Salvo en el caso previsto en el artículo 14, párrafo primero, la declaración de revocación de una oferta irrevocable carece de efecto.
2. Pasa lo mismo si la oferta es irrevocable como consecuencia de un acuerdo entre las partes.
Art. 18.
Muerte o incapacidad
En caso de muerte o de incapacidad del autor de la oferta o de su destinatario, la oferta o la aceptación no pierden eficacia, salvo que ello esté justificado por la naturaleza del negocio o por sus circunstancias.
Art. 19.
Adhesión de otras partes al contrato
Cuando otras partes puedan adherir a un contrato y las modalidades de la adhesión no están determinadas, la adhesión ha de dirigirse al órgano que ha sido constituído para la ejecución del contrato,o en defecto de éste, a todos los contratantes originales.
Art. 20.
Actos unilaterales
Las declaraciones y los actos unilaterales recepticios producen los efectos que de ellos puedan derivar en virtud de la ley, de la costumbre y de la buena fe, a partir del momento en que llegan a conocimiento de la persona a la que van destinados, y aún cuando el emitente les declare irrevocables, pueden ser retirados hasta ese momento.
Art. 21.
Presunción de conocimiento
l. La oferta, la aceptación, su retirada y su revocación, así como la retirada y la revocación de toda otra manifestación de voluntad, comprendidos los actos previstos en el artículo precedente, son reputados conocidos por el destinatario en el instante en que son comunicados oralmente o cuando la declaración escrita es entregada en propia mano o que llega a la dirección de su empresa o lugar de trabajo, a su dirección postal, a su domicilio habitual o al que ha elegido al efecto.
2. El destinatario puede probar que le ha sido imposible, sin su falta, tener conocimiento de de dichas manifestaciones.
Art. 22.
Oferta al público
l. La oferta al público, si contiene las condiciones esenciales del contrato a cuya conclusión va dirigida, vale como oferta, salvo cuando lo contrario resulta de las circunstancias o de la costumbre.
2. La revocación de la oferta al público, hecha bajo la misma forma que la oferta o bajo una forma equivalente, es eficaz aún respecto del que no haya tenido conocimiento de ella.
Art. 23.
Promesa al público
1. La promesa dirigida al público, prevista en el artículo 13, párrafo segundo, vincula al que la hace desde que se hace pública y se extingue a la expiración del plazo que en ella misma se indica o que pueda deducirse de su naturaleza o de su finalidad, o un año después de su emisión si no llega a tener lugar la situación en ella prevista.
2. La promesa al público puede ser revocada antes de que transcurran los plazos mencionados en el párrafo precedente bajo la misma forma que la promesa, pero en tal caso el que la revoque debe abonar una justa indemnización a los que por ésta misma promesa han sido inducidos de buena fe a efectuar gastos, a menos, sin embargo, que pruebe que el resultado esperado no hubiera tenido lugar.
Art. 24.
Actos concluyentes
Salvo lo que se halla previsto en las disposiciones precedentes, el contrato queda concluído por medio de comportamientos concluyentes, cuando todas las condiciones del contrato a estipular resulten de éstos comportamientos, habida cuenta igualmente de los acuerdos y relaciones precedentes y de la eventual emisión de catálogos de precios, de ofertas al público, de normas legales, de disposiciones reglamentarias y de costumbres.
TITULO III
CONTENIDO DEL CONTRATO
Art. 25.
Condiciones relativas al contenido
El contenido del contrato debe ser útil, posible, lícito, determinado o determinable.
Art. 26.
Contenido útil
El contenido del contrato es útil cuando corresponde a un interés aún
no patrimonial de las dos partes o al menos a una de ellas.
Art. 27.
Contenido posible
El contenido es posible cuando el contrato es susceptible de ser ejecutado por no haber obstáculos objetivos de carácter material o jurídico que impidan de manera absoluta la realización del objeto perseguido.
Art.28.
Sobreveniencia de la posibilidad del contenido
En el contrato sometido a una condición suspensiva o a término se reputa posible el contenido que deviene tal antes que se cumpla la condición o que expire el plazo.
Art. 29.
Cosas futuras
El contrato puede tener por contenido una prestación relativa a cosas futuras, salvo las prohibiciones particulares previstas por el presente Código o por las disposiciones comunitarias o nacionales.
Art. 30.
Contenido lícito y no abusivo
l. El contenido del contrato es lícito cuando no es contrario a las reglas obligatorias del presente Código o a las disposiciones comunitarias o nacionales, al orden público o a las buenas costumbres.
2. El contenido del contrato que constituye un medio para eludir la aplicación de una regla imperativa es ilícito.
3. Es rescindible, como está previsto en el art.156, todo contrato por el cual una de las partes, abusando de la situación de peligro, de necesidad, de incapacidad de comprender y de querer, de inexperiencia o de dependencia económica o moral de la otra parte, hace prometer o realizar a ella misma o a terceros una prestación u otras ventajas patrimoniales manifiestamente desproporcionadas en relación a la contrapartida que ha proporcionado o prometido.
4. Dentro de las condiciones generales del contrato, previstas en el art.33, carecen de efecto, si no están expresamente aprobadas por escrito, las claúsulas que establecen a favor del que las ha preparado limitaciones de responsabilidad, facultad de desistir del contrato o de suspender su ejecución, o que prevén a cargo del otro contratante caducidades, limitaciones a la facultad de oponer excepciones, restricciones a la libertad contractual en las relaciones con los terceros, prórroga o tácita reconducción del contrato, claúsulas compromisorias o exclusión de la competencia de la autoridad judicial que corresponda.
5. En los contratos concluídos entre un profesional y un consumidor, sin perjuicio de las reglas comunitarias, no tienen efecto las claúsulas que no han
sido objeto de una negociación, si ellas crean, en detrimento del consumidor, un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes que derivan del contrato, aún en el caso de que el profesional actúe de buena fe.
Art. 31.
Contenido determinado o determinable
l. El contenido del contrato es determinado cuando el objeto de las prestaciones, así como las modalidades y los plazos de ejecución, pueden ser deducidos de la convención.
2. Si la determinación del contenido del contrato es deferida a una de las partes contratantes o a un tercero, es preciso considerar, en la duda, que debe ser efectuada sobre la base de una apreciación equitativa.
3. Si la determinación del contenido del contrato deferida a una de las partes contratantes o a un tercero no es efectuada antes de la expiración de un plazo razonable, o si es manifiestamente inicua o errónea, será efectuada por el juez.
4. Si la determinación es referida al sólo arbitrio de un tercero, puede ser impugnada, si se prueba la mala fe de éste último, con la finalidad de confiar su determinación al juez.
5. Si el contrato no indica la cualidad de la prestación, ni se precisa en que manera ha de ser determinada, se reputa debida una prestación de cualidad no inferior a la media, habida cuenta la costumbre.
6. Si no se ha convenido ni la contrapartida pecuniaria ni la manera de determinarla, se considera debido el montante previsto en los catálogos de precios oficiales donde el contrato haya de ser ejecutado, o, en su defecto, el que es generalmente aplicable en el lugar en cuestión.
Art. 32.
Claúsulas implícitas
l. Aparte de las claúsulas expresas forman parte del contrato las que:
a) vienen impuestas por el presente Código o por las disposiciones comunitarias o nacionales, incluso cuando reemplazan a claúsulas diferentes introducidas por las partes;
b) derivan del deber de la buena fe;
c) deben ser consideradas como tácitamente queridas por las partes sobre la base de precedentes relaciones de negocios, de los tratos, de las circunstancias y de las costumbres generales y locales;
d) deben considerarse necesarias a fin de que el contrato pueda producir los efectos queridos por las partes.
2. Con independencia de las disposiciones que rigen la forma, tienen relevancia entre las partes contratantes, en la medida en que de una cierta manera corresponden al texto contractual, las declaraciones que, cada una de las partes ha hecho a la otra durante las negociaciones o en el momento de la conclusión del contrato a propósito de una situación o de una expectativa de hecho o de derecho, relativa a los sujetos, al contenido o a los fines del contrato, si éstas declaraciones han podido determinar el acuerdo entre las partes; todo ello
dejando a salvo la facultad de prevalerse de los remedios contenidos en los artículos 151 y 157.
3. En los contratos internacionales-intercontinentales, se presume, salvo acuerdo en contrario, que las partes han considerado también implícitamente aplicable en el marco de la relación concertada la costumbre generalmente observada para los contratos del mismo tipo en el mismo sector comercial que ellas conocen o se considera que tienen o deben tener el deber de conocer.
Art. 33.
Condiciones generales del contrato
Las condiciones generales del contrato preparadas por una de las partes con la finalidad de reglamentar de una manera uniforme una pluralidad de relaciones contractuales determinadas son eficaces respecto de la otra parte, si ha tenido o habría debido tener conocimiento de ellas usando de una diligencia ordinaria, salvo si las partes se han puesto de acuerdo, ellas mismas, sobre el hecho de no aplicarlas o de reemplazarlas, en todo o en parte, o si tales condiciones deben ser reputadas abusivas en virtud de las disposiciones del presente Código o de las disposiciones comunitarias o nacionales.
TITULO IV
FORMA DEL CONTRATO
Art. 34.
Forma especial requerida bajo pena de nulidad
l. Cuando para la conclusión de un contrato es requerida una forma bajo pena de nulidad, ésta forma debe ser adoptada por las partes en el momento en que manifiestan, aún si lo hacen a través de actos no simultáneos cuando esto sea admisible, su voluntad de llegar a un acuerdo sobre todas las condiciones del contrato.
2. Los contratos reales se concluyen a través de la entrega efectiva de la cosa que tengan por objeto, salvo si en virtud de la voluntad de las partes o de la costumbre se ha de considerar que han querido concluir un contrato consensual atípico.
Art. 35.
Contratos para losque la forma escrita es requerida bajo pena de nulidad
1. Deben, bajo pena de nulidad, ser concluídos por acto público o bajo firma privada los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad o la transmisión y la constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles.
2. El párrafo precedente se aplica igualmente a los contratos preliminares correspondientes, salvo si los derechos nacionales en el lugar donde se encuentran los bienes inmuebles disponen otra cosa.
3. Quedan a salvo las reglas comunitarias y de los Estados miembros en cuyo territorio se hallan situados los bienes inmuebles que integren el objeto del contrato si éstas reglas se refieren a los bienes en cuestión.
4. El contratato de donación debe ser concluído por acto público bajo pena de nulidad, aún si tiene por objeto bienes muebles, salvo si éstos tienen un valor módico, habida cuenta las condiciones económicas del donante.
Art. 36.
Forma especial requerida para la prueba del contrato
1. Si se requiere una forma especial para la prueba del contrato, la conclusión efectiva de éste debe resultar de un acto que tenga tal forma, incluso en el caso de que tal acto no existiera en el momento en que las partes han manifestado la voluntad de concluir el contrato.
2. Se requiere la forma escrita para la prueba de los contratos de un valor superior a 5.000 Euros. Para su oponibilidad frente a terceros es preciso que el documento o los documentos tengan fecha cierta, a menos que se pruebe que el tercero tenía conocimiento de ellos.
3. Quedan a salvo las reglas comunitarias y las disposiciones de los Estados miembros de la Unión europea en las que, aunque sea exigida una forma especial para la prueba del contrato, permiten que su existencia sea demostrada por otros medios de prueba.
Art. 37.
Formas convencionales
Salvo si las disposiciones comunitarias o los Derecho nacionales en vigor en el lugar en el que se concluye el contrato disponen de otro modo, cuando las partes han convenido por escrito adoptar una forma determinada para la futura conclusión de un contrato, se presume que ésta forma ha sido querida por ellas para que el contrato sea válido.
Art. 38.
Contrato concluído por medio de fómulas tipo o de formularios
1. En los contratos concluídos mediante la suscripción de fórmulas tipo o de formularios, previamente impresos o en todo caso preparados para reglamentar de modo uniforme relaciones contractuales determinadas, las cláusulas añadidas a la fórmula tipo o al formulario previamente preparado, prevalecen sobre las contenidas en la fórmula tipo o en el formulario en la medida en que son incompatibles con éstas últimas, incluso cuando no hayan sido suprimidas.
2. Deben además ser observadas las disposiciones previstas en el artículo 30, parrafo cuarto.
TITULO V
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
Art. 39.
Análisis del texto contractual y evaluación de los elementos extrínsecos al acto
1. Cuando las declaraciones contractuales son de tal naturaleza que revelan de manera clara y unívoca la intención de los contratantes, el contenido del contrato debe ser deducido de su sentido literal, teniendo en cuenta el texto contractual y en concordancia con las diferentes claúsulas interpretando las unas por las otras.
2. En lugar del sentido común de los términos utilizados, es el sentido que los contratantes han expresamente declarado quererles atribuir lo que prevalece, o en su defecto, la acepción técnica o en vigor en los usos y costumbres mercantiles que sea conforme a la naturaleza del contrato.
3. Siempre que el exámen del texto contractual suscite dudas que no sean susceptibles de ser superadas por una evaluación global del mismo, hecha respecto de las declaraciones o de los comportamientos de las partes, aún posteriores a la estipulación del contrato pero en una cierta manera compatibles con su texto, éste último debe ser interpretado conforme a la intención común de los contratantes, que se obtendrá asimismo recurriendo a los elementos extrínsecos que tengan relación con las partes.
4. En cualquier caso, la interpretación del contrato no debe llevar a un resultado que sea contrario a la buena fe o al buen sentido.
Art. 40.
Expresiones ambiguas
1. Cuando, a pesar de la evaluación efectuada en virtud del párrafo tercero del artículo 39, no es posible atribuir un sentido unívoco a las expresiones utilizadas por los contratantes, se observarán, por su orden, las disposiciones siguientes:
2. En la duda, el contrato o las claúsulas separadas deben ser interpretadas en el sentido que les confiera algún efecto más que en el que se lo impida producir.
3. Las claúsulas predispuestas por uno de los contratantes y que no han sido objeto de negociación se interpretan, en la duda, contra su autor.
Art. 41.
Expresiones oscuras
Cuando, a pesar de la aplicación de las reglas contenidas en los artículos precedentes, el contrato permanece oscuro, debe ser interpretado, si es a título gratuito, en el sentido menos gravoso para el que se obliga y, si es a título oneroso, en el sentido que mejor realice una composición equitativa de los intereses de las partes.
TITULO VI
EFECTOS DEL CONTRATO
Sección 1ª
Disposiciones preliminares
Art. 42.
Efectos entre las partes y a favor de terceros
El contrato tiene fuerza xx xxx entre las partes y produce efectos a favor de terceros como se previene en las reglas del presente título.
Art. 43.
Modificación y dejación sin efecto del contrato1 y derecho de desistimiento
l. El contrato puede ser modificado, renegociado o dejado sin efecto por consentimiento mutuo de las partes o en los casos previstos por el Código y por las disposiciones nacionales o comunitarias.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 57, párrafo segundo, el derecho a desistir unilateralmente del contrato puede ser acordado a favor de una de las partes contratantes, o a las dos, mediante pacto entre ellas, con los límites establecidos por éste Código y por las disposiciones nacionales o comunitarias.
Art. 44.
Factores extracontractuales
Los efectos del contrato derivan no solamente de los pactos que intervienen entre las partes sino también de las disposiciones del presente Código, así como de las disposiciones nacionales o comunitarias, de los usos, de la buena fe y de la equidad.
Art. 45.
Efectos obligatorios
1. Del contrato pueden derivar obligaciones de dar, hacer o no hacer.
2. La obligación de entregar una cosa determinada comporta la de conservarla hasta la entrega y la de adoptar todas las medidas necesarias a su mantenimiento y preservación en el estado en el que se encontraba al momento de la conclusión del contrato, salvo el supuesto de la ejecución de obligaciones a cargo de la parte que la debe recibir o bien, en igual sentido, en caso de destrucción o pérdida de la cosa debidaa a caso fortuito o fuerza mayor.
1 Traducimos la voz francesa "résiliation", por "dejar sin efecto", puesto que la traducción literal, desde un punto de vista estrictamente gramatical, nos llevaría a hacerlo como "anulación" o "rescisión", términos que, desde el punto de vista jurídico tienen otras connotaciones y aquí se trata de verdaderos supuestos de lo que se podría calificar como "conversión voluntaria" o "conversión legal", según los casos, bien que sean las partes o la ley los que la impongan.
3. Salvo pacto en contrario, la obligación de entregar una cosa comprende también la de entregar sus accesorios y todo lo que ha sido destinado a su uso permanentemente y se hayan considerado como tales al momento de la convención, así como los frutos indivisibles que la cosa ha producido después de que la convención haya tenido lugar, y a adoptar las medidas conducentes a poder hacerlo.
4. Si unicamente se ha determinado el género de las cosas a entregar, son consideradas como debidas las cosas del mismo género y de una calidad que no sea inferior a la media.
5. La parte que tema con justo título que el comportamiento de la otra parte contratante no sea conforme con los deberes explícita o implícitamente previstos en los párrafos precedentes y sea susceptible de comprometer sus derechos puede obtener del juez, aún antes de la expiración del plazo previsto para la ejecución, que sea tomada alguna de las medidas previstas en el art.172.
6. El que ha prometido el hecho de un tercero o la xxxxxxxx de una obligación a cargo de éste viene obligado a indemnizar a la otra parte contratante si el tercero rehusa obligarse o no cumple el hecho prometido.
7. El mismo deber de indemnizar a la otra parte contratante tiene el que ha declarado por escrito, en términos no equívocos, que se ha producido un hecho o una situación o que se producirán, si no se han producido o ya no se producirán.
Art. 46.
Efectos reales
1. Salvo pacto expresoen contrario, el contrato estipulado para transmitir la propiedad de una cosa mueble, o para la constitución o la transmisión de un derecho real sobre la misma, produce efectos reales tanto entre las partes como frente a terceros, a partir del momento de la entrega de la cosa a quén tiene derecho a ella, a la persona encargada por él de recibirla, o al transportista que, sobre la base de un acuerdo, debe encargarse de la entrega.
2. En el caso previsto en el párrafo precedente, si el que transmite por contrato una cosa mueble o un derecho real sobre la misma, no es el propietario ni el titular, la otra parte contratante deviene propietario de la cosa o titular del derecho real, tal y como se halla previsto en el contrato, a partir del momento de la entrega, siempre que sea de buena fe.
3. Siguen siendo aplicables, para los bienes muebles registrables y para los inmuebles, las reglas relativas a los efectos reales en vigor en los diferentes Estados miembros en el momento de la adopción de éste Código. En cualquier caso, para los bienes muebles registrables y para los bienes inmuebles los efectos reales unicamente se producen frente a todos en el momento en que se han cumplido las formalidades de publicidad prevenidas en el lugar en que se encuentra el bien inmobiliario o en el que debe ser entregado al derechohabiente el bien mueble registrado.
4. En los casos previstos en los párrafos precedentes, la pérdida o el deterioro de la cosa son a riesgo del adquirente a partir del momento en que, él mismo, o la persona encargada de recibirla o en transportista que, según acuerdo, debe cuidar de la entrega, han recibido la entrega de la cosa.
Art.47.
Enajenación a varios sujetos de la misma cosa mueble o del mismo derecho real o de goce personal
1. Si por medio de contratos sucesivos un sujeto transmite a varias personas la propiedad de una cosa mueble o un derecho real sobre ella, será reputado propietario el que de aquellas haya obtenido de buena fe la posesión material, siempre que en los mismos contratos se excluya que los efectos reales derivan de la entrega de la cosa.
2. En caso de constitución de un derecho de goce personal concerniente a una misma cosa en favor de varias personas, a través de varios contratos sucesivos, el goce recaerá en la persona que primero le haya obtenido. Si ninguno de los contratantes ha obtenido el goce, tendrá preferencia aquel cuyo título sea de fecha más antigua, establecida con certeza.
Art. 48.
Obligación de no enajenar y de no hacerlo a precio diferente
1. La obligación asumida por una de las partes de no enajenar la cosa recibida de la otra parte unicamente produce efecto entre los contratantes, abstración hecha de la buena o mala fe del tercer adquirente. Esta obligación no tiene efecto sino queda circunscrita a unos límites de tiempo razonables y si no responde a un interés apreciable del que la enajena.
2. La disposición contenida en el párrafo precedente se aplica igualmente en el caso en que una de las partes ha asumido la obligación de no enajenar la cosa que le ha sido cedida a un precio diferente del previsto en el acuerdo.
Sección 2ª
Efectos debidos a elementos accidentales
Art. 49.
Condición suspensiva
1. Las partes pueden convenir que el contrato o una o varias de sus claúsulas producen su efecto si un acontecimiento futuro e incierto llega o no a producirse.
2. En éste caso, el contrato produce sus efectos a partir del momento en que la condición se cumple, salvo si las partes han convenido expresamente que los efectos se retrotraigan al momento de la conclusión del contrato y si están de acuerdo sobre la manera en que ello se pueda realizar conforme a Derecho y a sus intereses específicos.
3. Aunque las partes hayan convenido sobre el efecto retroactivo de la condición, los frutos percibidos, son debidos solamente a partir del momento en que la condición se cumple.
Art. 50.
Condición resolutoria
1. Las partes pueden convenir que el contrato o una o varias de sus claúsulas cesan de tener efecto si un acontecimiento futuro e incierto llega o no a producirse.
2. Los efectos del cumplimiento de la condición solamente se retrotraen al momento de la conclusión del contrato si las partes lo han convenido expresamente, como ésta previsto en el artículo 49, párrafo segundo, y a reserva de la aplicación de lo dispuesto en el párrfo tercero del mismo artículo.
Art. 51.
Condición pendiente
En tanto que la condición no se cumpla, la parte contratante que ha asumido una obligación o constituído o transmitido un derecho real está obligada a comportarse conforme a la buena fe, de manera que no cause perjuicio a los derechos de la otra parte, la cual puede,en su caso, pedir al juez que tome alguna de las medidas previstas en el art,l72, bajo reserva de indemnización de perjuicios.
Art. 52.
Cumplimiento de la condición
1. Siempre que no se haya fijado ningún término antes del cual la condición se deba cumplir, se reputa como no cumplida en el momento en que resulte evidente que será imposible su cumplimiento.
2. La condición se reputa cumplida o no cumplida desde el momento en que la parte contratante que tiene interés en ello impide o provoca su cumplimiento.
Art. 53.
Condiciones ilícitas e imposibles
1. Es nulo el contrato sometido a una condición suspensiva o resolutoria contraria a las reglas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres.
2. La condición imposible hace nulo el contrato, si es suspensiva, y se reputa no escrita si es resolutoria.
3. Si la condición ilícita o imposible viene establecida en una claúsula separada del contrato, se observan las disposiciones de los párrafos precedentes en lo que concierne a la validez de la claúsula separada, a reserva de las disposiciones del artículo 144 sobre nulidad parcial.
Art. 54.
Condición simplemente potestativa
1. Es nulo el contrato sometido a una condición suspensiva cuyo cumplimiento depende exclusivamente de la voluntad de una de las partes.
2. Si una condición suspensiva simplemente potestativa es puesta a una claúsula separada del contrato, hace nulo el conjunto del mismo, a reserva de la disposición del art.144 sobre nulidad parcial.
Art. 55.
Condición referida al pasado o al presente
Las partes pueden convenir que el contrato o una o varias de sus claúsulas produzcan efecto en el caso de que se haya realizado o no se haya llegado a realizar un acontecimiento pasado y en el caso de que haya llegado o no haya llegado a realizarse de presente un acontecimiento que ellas ignoran en el momento de concluir el contrato.
Art. 56.
Término inicial y final
Las partes pueden convenir que el contrato o una o varias de sus claúsulas produzcan efecto a partir de una fecha cierta y hasta una fecha cierta. Asimismo, pueden referirse a acontecimientos que se realizarán con certeza en el futuro aunque en el momento de su realización no sea cierto.
Art. 57.
Comienzo y fin de los efectos en ausencia de términos convencionales
1. Si las partes no se han puesto de acuerdo sobre el término inicial, el contrato produce efecto desde el momento de su conclusión, salvo que haya lugar a inferir de las circunstancias o de los usos y costumbres la existencia de un término inicial diferente.
2. Si en los contratos de ejecución continua o periódica las partes no han fijado el término final, cada una de ellas puede poner término al contrato a través de una comunicación dirigida a la otra parte, dándole un preaviso que sea conforme a la naturaleza del contrato, a la costumbre y a la buena fe.
Art. 58.
Cálculo del término
1. Si el término inicial o final no viene referido a una fecha determinada o a un acontecimiento futuro, pero las partes se han referido a un período constituído por un número de días, de meses o de años, se observarán las disposiciones siguientes.
2. No se cuenta el día inicial del período indicado por las partes.
3. Los meses se calculan con independencia del número de días que les constituyan teniendo en cuenta el día correspondiente al del mes inicial.
4. Si el período es indicado en años se referirá al día y al mes correspondiente del año inicial.
Art. 59.
Carga
1. En las liberalidades entre vivos o por causa de muerte, el obligado puede venir obligado a cumplir una carga hasta el límite del valor de la liberalidad.
2. Si el cumplimiento de la carga afecta a un interés público, puede ser también requerido, en caso de fallecimiento de la otra parte, por la autoridad pública.
3. Las disposiciones contenidas en los párrafos precedentes se aplican también, en los contratos estipulados a favor de terceros, en relación a éstos.
Sección 3ª
Representacion
Art. 60.
Contrato concluído por el representante
1. El contrato concluído por un sujeto autorizado por el interesado para actuar en su nombre y por su cuenta produce directamente sus efectos frente al propio representado, si el representante ha obrado dentro de los límites de los poderes que le han sido conferidos y si el tercero que ha concluído el contrato ha tenido conocimiento de la relación de representación.
2. Las relaciones unilaterales efectuadas por y respecto de un representante, autorizado a efectuarlas y a recibirlas, producen directamente sus efectos frente al representado.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplican igualmente si el poder de representación es conferido por la ley o por la autoridad judicial.
Art. 61.
Representante aparente
Cuando una persona no tiene poder para obrar en nombre e interés de otra, pero si ésta ha obrado de manera que induce a los terceros a contratar haciéndoles razonablemente creer que tiene tal poder, el contrato es concluído entre el representado aparente y la otra parte contratante.
Art. 62.
Concesión del poder
1. El poder para representar a otra persona puede ser conferido mediante una declaración escrita u oral dirigida al representante o al tercero con el cual éste último debe concluir el contrato. En el primer caso, el tercero que contrata con el representante puede exigir que éste justifique sus poderes y si la representación le ha sido conferida mediante apoderamiento escrito, que le remita una copia firmada por él a título de autenticación.
2. El poder debe ser conferido en la forma prescrita por la ley para el contrato que el representante vaya a concluir.
Art. 63.
Revocación del poder
1. La declaración de la revocación del poder no tiene efecto si el representado ha determinado expresamente su irrevocabilidad, sin perjuicio de la indemnización de los daños que el tercero sufra por haberla ignorado la irrevocabilidad, sin que ello haya tenido lugar por su falta.
2. Si el apoderamiento es igualmente conferido en interés del representante o de un tercero, no puede ser revocado sin el consentimiento del interesado, salvo si un motivo válido lo justifica.
3. Cuando el poder de representación es revocado o termina por cualquier otro motivo, el apoderamiento escrito debe ser restituído al representado.
4. La revocación del apoderamiento o la modificación de los poderes de representación no tienen efecto si no han hecho llegar a conocimiento de los terceros con los que el representante ha entrado o puede entrar en contacto, salvo prueba de que tenían conocimiento de ello en el momento de la conclusión del contrato. Las otras causas de extinción del poder de representación conferido por el interesado no son oponibles a los terceros que las han ignorado, cuando no ha tenido lugar por su falta.
Art. 64.
Representación sin poder
1. La persona que contrata como representante, sin poderes o extralimitándose de los que le han sido conferidos, es responsable del perjuicio que el tercer contratante haya sufrido por haber creído de buena fe que concluía un contrato válido con quién presume que es el representado, salvo si el mismo tercero recurre a la facultad de considerar el contrato como concluído con el representante desprovisto de poderes.
2. Desde el momento que los terceros no recurren a la facultad de pedir la ejecución del contrato por parte del representante desprovisto de poderes, los daños y perjuicios mencionados en el apartado precedente son debidos, en función de la elección de la víctima del perjuicio, por razón del daño que se le habría evitado si el representante hubiera tenido poder, o bien si éste no hubiera declarado falsamente que lo tenía.
Art. 65.
Ratificación
1. El interesado puede hacerse cargo de los efectos del contrato concluído en su nombre por el representante sin poderes dirigiéndo al tercero una declaración de ratificación, que debe expresarse en las formas prescritas por la ley para la conclusión del contrato mismo. La ratificación debe tener lugar en un lapso de tiempo razonable, teniendo el tercero contratante la facultad de invitar al interesado a que se pronuncie sobre la eventual ratificación, concediéndole también un determinado plazo. A la expiración del mismo, en caso de silencio, la ratificación se reputa rechazada.
2. La ratificación tiene efecto retroactivo, salvo reserva de los derechos de los terceros de buena fe.
3. El poder de ratificación se transmite a los herederos.
Art. 66.
Capacidad de los sujetos
En caso de representación voluntaria, para que sea válido el contrato concluído por el representante se exige simplemente que las facultades mentales de éste último no se hallen alteradas por causas patológicas y que, a su vez, el representado tenga la capacidad de contratar mencionada en el artículo 5 del presente Código, aparte de que no le afecten prohibiciones para concluirlo.
Art. 67.
Situaciones subjetivas
1. El contrato concluído por el representante es susceptible de ser anulado cuando su voluntad adolezca de un vicio. Si el vicio concierne a elementos predeterminados por el representado, el contrato es susceptible de ser anulado si la voluntad de éste último adolecía de alguno de ellos.
2. En el caso de que el estado de buena o mala fe, de conocimiento o ignorancia de ciertas circunstancias, sea determinante, se tiene en cuenta cuanto afecta a la persona del representante, salvo que se trate de elementos predeterminados por el representado.
3. En ningún caso el representado de mala fe puede prevalerse del estado de ignorancia o de buena fe del representante.
4. Las reglas de éste artículo y las del anterior no se aplican a la persona encargada de ejercer una simple actividad de transmisión de la voluntad de otro.
Art. 68.
Contrato consigo mismo y conflicto de intereses
1. Es susceptible de ser anulado el contrato que el representante concluya consigo mismo, sea por su propia cuenta o sea como representante de otra parte contratante, a menos que el representado le haya expresamente autorizado para ello o que el contenido del contrato sea determinado de modo que excluya toda posibilidad de conflicto de intereses.
2. La anulación no puede ser hecha efectiva más que por el representado.
3. El contrato concluído por el representante en conflicto de intereses con el representado es susceptible de ser anulado a iniciativa del representado si el conflicto era conocido o susceptible de ser reconocido por el tercero.
Art. 69.
Representantes y colaboradores del empresario
1. La persona encargada habitualmente por una empresa o por una sección de la misma de establecer contactos con los terceros, se presume provista del poder para concluir, en nombre y por cuenta del empresario los contratos
relativos a la actividad de la empresa que pueden estipular quienes ejercen una función análoga en la misma zona.
2. Los colaboradores de los sujetos mencionados en el párrafo precedente y que establecen contactos con los terceros se presume que se hallan provistos del poder de concluir contratos relativos a los bienes que entregan directamente y de cobrar su importe, a menos que en los locales donde operan haya una persona encargada de la caja.
3. En el caso previsto en los dos párrafos precedentes, el tercero puede exigir en todo momento que el encargado o su colaborador le suministren la prueba de sus poderes.
Sección 4ª
Contrato con persona por designar
Art. 70.
Reserva de nominación y modalidades de la declaración
1. Hasta el momento de la conclusión del contrato, una parte se puede reservar la facultad de nombrar después la persona que debe adquirir los derechos y asumir las obligaciones que nacen del contrato.Tal facultad queda excluída en los contratos que no pueden ser concluídos por medio de representante o en aquéllos en los que sea obligatoria la identificación de las partes contratantes en el momento de su conclusión.
2. La declaración de la nominación del sujeto que ha de sustituir al contratante debe ser efectuada mediante una notificación a la otra parte en el plazo de ocho días a contar de la conclusión del contrato, si las partes no se han puesto de acuerdo sobre un plazo diferente. Se aplica la disposición contenida en el art. 21 del presente Código.
3. Esta declaración no tiene efecto si no va acompañada de la aceptación expresa de la persona nombrada o si no existe
apoderamiento efectuado con anterioridad al contrato.
4. Si el contrato ha sido constituído bajo una forma determinada, aún cuando no venga prescrita por la ley, la declaración de la nominación de la persona designada, lo mismo que la declaración de aceptación de parte de ésta última y al igual que el apoderamiento emitido por ésta, no tienen efecto si no revisten la misma forma.
5. Si el Derecho nacional del lugar donde el contrato ha sido concluído o donde será ejecutado prescriben una cierta forma de publicidad, debe ser igualmente adoptada para los actos a que se alude en el párrafo precedente. Para los actos relativos a los bienes muebles registrables o a los inmuebles, se aplica el artículo 46.3 del presente Código en relación con los efectos que allí se indican.
Art. 71.
Efectos de la declaración de nominación y de su falta
1. Si la declaración de nominación de la persona designada ha sido efectuada válidamente, ésta adquiere en exclusiva los derechos y asume las
obligaciones que derivan del contrato, con efecto a contar desde el momento en que el contrato ha sido estipulado.
2. A la persona designada como sustituta y al contratante que le ha nombrado se aplican las disposiciones del artículo 67 del presente Código.
3. Si la declaración de nominación de la persona designada como sustituta no ha sido válidamente efectuada en el plazo fijado por la ley o por las partes, el contrato produce definitivamente sus efectos entre los contratantes originarios.
Sección 5ª
Contrato a favor xx xxxxxxx
Art. 72.
Atribución de un derecho a un tercero
1. Las partes pueden concluir un contrato por el cual atribuyan un derecho a un tercero, imponiendo a una de las partes el deber de satisfacer el derecho de dicho tercero.
2. El tercero puede no estar identificado o no existir en el momento de la conclusión del contrato.
3. Salvo pacto en contrario, el tercero beneficiario adquiere el derecho respecto del promitente por efecto de la conclusión del contrato y sin que su aceptación sea necesaria. Puede, sin embargo, renunciar. En éste caso, el promitente está obligado a la ejecución no ya en favor xxx xxxxxxx beneficiario sino de la parte estipulante, salvo que resulte otra cosa de la voluntad de las partes o de la naturaleza de la relación.
4. Las partes contratantes pueden modificar o dejar sin efecto consensualmente el contrato siempre que el tercero beneficiario no haya declarado a las partes que se propone ejercitar el derecho que le ha sido conferido por el contrato.
Art. 73.
Poderes atribuídos a los terceros
1. El tercero beneficiario, cuyo derecho puede quedar subordinado a la condición de que el estipulante cumpla sus obligaciones contractuales respecto del promitente, puede actuar contra éste último como si fuera una parte contratante e intentar toda suerte de acciones respecto de la ejecución omitida, retrasada o inexacta. Puede asimismo impugnar toda clase de claúsulas de exoneración o de limitación de responsabilidad previstas en el contrato.
2. El promitente puede oponer al tercero las excepciones que dependan de la invalidez o de la ineficacia del contrato, así como de la ejecución omitida, retrasada o inexacta de dicho contrato, pero no las excepciones que deriven de otras relaciones intervinientes entre él y el estipulante.
Art. 74.
Disposiciones aplicables
1. Quedan a salvo las reglas de los Derechos nacionales en materia de revocación de donaciones por ingratitud del donatario y de reducción de las donaciones por inoficiosidad, cuando el derecho ha sido concedido al tercero a título de liberalidad. En éste caso, el artículo 59 del presente Código es igualmente aplicable.
2. Si el contrato es estipulado para transferir al tercero la propiedad de una cosa o para constituir o transferir en su favor un derecho real sobre ella, son aplicables las disposiciones del artículo 46 del presente Código.
TITULO VII
EJECUCION DEL CONTRATO
Sección 1ª
Disposiciones generales
Art. 75.
Modalidades de ejecución
1. Cada una de las partes ha de ejecutar exactamente e integramente todas las obligaciones que derivadas del contrato le conciernen, sin que sea necesario un requerimiento por parte de quien tenga derecho a ellas. En la ejecución de las prestaciones debidas, el deudor debe comportarse conforme a lo que ha sido convenido por las partes, a la buena fe y a la diligencia exigida en cada caso específico, sobre la base de lo acordado, de las circunstancias y de la práctica corriente.
2. En cuanto a la obligación que es ejecutada en el curso del ejercicio de una actividad profesional o empresarial, el grado de diligencia exigido depende igualmente de la naturaleza de la prestación debida.
3. Si el contrato prevé una obligación de hacer de naturaleza profesional, se la considera cumplida cuando el deudor ha realizado con la diligencia requerida todos los actos que son necesarios para que se obtenga el resultado previsto, salvo que sobre la base del acuerdo entre las partes, de las circunstancias o del uso, sea preciso reputar que el cumplimiento solamente ha tenido lugar si el resultado ha sido plenamente alcanzado.
4. Los gastos de ejecución y del recibo o carta de pago son de cargo del
deudor.
Art. 76.
Autorización del acreedor o de los terceros
1. Cuando la ejecución de la obligación requiere la disponibilidad, la presencia o la cooperación del que tenga derecho a ella, el deudor debe comunicar anticipadamente a este último que está presto a ejecutarla y ponerse de acuerdo con él sobre las modalidades de la ejecución, conforme a lo que se haya previsto
en el contrato. Si el que tiene derecho a la ejecución no muestra su disponibilidad dentro de un término adecuado o si las partes no llegan a una acuerdo a este respecto el deudor puede efectuar la oferta formal de su prestación en el sentido del artículo 105.
2. Si para la ejecución de la obligación es precisa la disponibilidad, la presencia o la cooperación de un tercero o la autorización de una autoridad pública, incumbe al deudor, salvo pacto en contrario, establecer los contactos necesarios con el tercero u obtener la autorización apropiada de las autoridades competentes.
Art. 77.
Ejecución parcial
1. El acreedor puede rechazar un cumplimiento parcial aún si la prestación es divisible, salvo si el contrato, la ley o los usos disponen otra cosa.
2. Sin embargo, si la deuda se compone de una parte líquida y de otra ilíquida, el deudor podrá efectuar y el acreedor podrá exigir la prestación de la primera en los términos previstos en el contrato o por el presente Código, sin esperar a que la segunda devenga líquida.
Art. 78.
Prestación distinta de la que es debida y efectuada con bienes de los que el dedor no podía disponer
1. El deudor no se puede liberar cumpliendo una prestación distinta de la prevista en el contrato, aunque sea de valor igual o superior, a menos que el acreedor lo consienta. En éste último caso, cuando la prestación distinta es ejecutada, la obligación contractual se reputa extinguida.
2. Si la prestación distinta consiste en la cesión de un crédito, la obligación se reputa extinguida desde el momento en que el crédito en cuestión ha sido percibido, a menos que las partes no hayan expresado una voluntad diferente y salvo si la falta de percepción depende de una negligencia del cesionario.
3. Si el deudor ha efectuado el pago con bienes de los que no puede disponer, no puede pedir su restitución sino ofreciendo la prestación debida con bienes de los que pueda disponer. El acreedor que ha recibido de buena fe el pago efectuado con bienes de los que el deudor no tenía la posesión, tiene el derecho de restituir éstos últimos y de exigir la prestación que le es debida, quedando a salvo en todo caso la indemnización del daño, pero debiendo comportarse de tal manera que no cause perjuicio a los derechos del propietario o del que tenga el poder de disposición sobre los bienes utilizados por el deudor.
Art. 79.
Ejecución por un tercero
1. Si el contrato no prevé que una obligación debe ser ejecutada personalmente por el deudor, o si ello no es requerido por la naturaleza de la prestación, la ejecución puede ser efectuada por persona encargada por el deudor o por un tercero sin él saberlo; pero el acreedor puede rechazar tal ejecución si
ella entraña algún perjuicio a su xxxxx, o si el deudor ha manifestado una oposición al respecto.
2. El tercero que ha ejecutado la obligación, si la había garantizado o tenía un interés directo en que fuera cumplida, se subroga en los derechos del acreedor. Este último, en todo caso, tiene la facultad de subrogarle en sus propios derechos, de manera expresa, en el momento en que recibe el pago, salvo cuando el tercero ya ha ejecutado la obligación sin que el deudor haya tenido conocimiento de ello.
Art. 80.
Incapacidad del deudor y del acreedor
1. El pago efectuado por un deudor incapaz, no puede ser impugnado, salvo que se trate de una prestación distinta de la debida o que esté constituída por un acto de disposición de bienes de un valor considerable, respecto de la situación económica del deudor, y a condición de que el pago no exija la capacidad de obrar del deudor o la intervención del representante legal del incapaz. En todo caso, el acreedor se puede oponer a la declaración de anulación si suministra la prueba de que el pago no entraña ningún perjuicio para el deudor.
2. El deudor no queda liberado del pago efectuado a un acreedor incapaz de recibirle, si no es en los limites en que le ha aprovechado, correspondiendo al deudor la carga de la prueba.
Art. 81.
Destinatario del pago
1. El pago debe ser efectuado al acreedor o a su representante expresamente designado al efecto, o a la persona indicada por el acreedor mismo, aún si no es mencionada en el contrato, o a la persona autorizada por la ley o por el juez para recibirlo. El pago efectuado a un tercero que no está legitimado para recibirlo libera al deudor si el acreedor lo ratifica, o cuando del mismo haya obtenido provecho.
2. El pago efectuado a la persona que parece legitimada, al serlo en cuanto representante aparente, para recibirlo sobre la base de circunstancias unívocas, libera al deudor que prueba que ha obrado de buena fe. La persona que ha recibido el pago viene obligada a restituirlo al acreedor efectivo.
3. Queda sin efecto el pago efectuado a un acreedor que no puede recibirlo por estar sometido a un procedimiento de embargo, de expropiación u otras medidas semejantes.
Art. 82.
Lugar de la ejecución
1. Las obligaciones que derivan del contrato deben ser ejecutadas en el lugar, explícita o implícitamente, por él previsto y, en ausencia de una tal previsión, de acuerdo con los usos y las circunstancias, habida cuenta la naturaleza de la prestación debida. Si el lugar de la prestación no se halla previsto en el contrato y no puede ser inducido sobre la base de los criterios antes indicados, se observarán las disposiciones siguientes.
2. La obligación de entregar una cosa cierta y determinada deber ser cumplida en el lugar donde la cosa se encuentre cuando la obligación ha nacido. Cuando se trate de mercaderías producidos por el deudor, su entrega debe ser efectuada en el establecimiento profesional en que tenía su domicilio en el momento de su vencimiento.
3. La obligación que tiene por objeto una suma de dinero debe ser ejecutada, a riesgo y peligro del deudor, en el domicilio del acreedor, o, si éste es un empresario, en la sede de su establecimiento profesional, en el momento del vencimiento. Si el domicilio o el establecimiento profesional son diferentes de los que el acreedor tenía en el momento del nacimiento de la obligación y esto hace más onerosa la ejecución, el deudor tiene derecho, mediante comunicación anticipada al acreedor, a efectuar el pago en su propio domicilio.
4. En todos los demás casos, la obligación deber ser ejecutada en el domicilio que el deudor tenga en el momento del vencimiento.
Art. 83.
Tiempo de la ejecución
1. Las obligaciones que derivan del contrato tienen que ser ejecutadas en el tiempo previsto, expresa o implícitamente, en el contrato, o, en defecto de una previsión al respecto, teniendo en cuenta los usos y las circunstancias en relación con la naturaleza de la prestación y con el modo y el lugar en que debe ser ejecutada. Si el lapso de tiempo dentro del cual debe cumplirse la prestación no está determinado por el contrato y no es susceptible de serlo en virtud de los criterios citados, de manera que ni siquiera es razonable prever por el deudor un tiempo adecuado para predisponer y velar por la ejecución, la obligación debe ser cumplida inmediatamente.
2. Salvo pacto en contrario, la ejecución debe ser realizada a una hora razonable y, si el acreedor es un empresario, durante el horario habitual del establecimiento profesional.
3. Si en el contrato se ha fijado un término para la ejecución o es susceptible de ser determinado en virtud de los criterios mencionados más arriba, se presume establecido en favor del deudor, el cual puede entonces procurar la ejecución aún antes del término, salvo cuando venga establecido a favor del acreedor o de los dos. Si el plazo debe ser reputado a favor del acreedor, éste puede rechazar la ejecución anticipada, a menos que por su naturaleza no pueda comportar perjuicio a sus intereses.
4. Si el término no debe ser reputado a favor del acreedor, éste último no puede exigir la prestación antes de su vencimiento salvo cuando el deudor deviene insolvente, o cuando ha disminuido las garantías ya dadas efectivamente o no ha dado las que había prometido.
5. El deudor no puede repetir lo que haya pagado anticipadamente por ignorar la exitencia del término.
6. El término antes del cual la obligación deber ser ejecutada se calcula conforme a lo previsto en el artículo 58. Salvo pacto en contrario, si el término concluye en un día festivo se reputa prolongado a la jornada laborable siguiente, salvo que existan usos diferentes.
Art. 84.
Imputación de pago
1. El deudor de varias deudas en dinero o de la misma especie respecto de la misma persona puede indicar, cuando paga, que deuda entiende satisfacer. La imputación puede también referirse a obligaciones que derivan de contratos anulables y no coercibles; siendo obligatoria para el acreedor que no la rechaza en un plazo razonable.
2. Si el deudor no declara su intención, aún implícitamente, al acreedor, éste puede indicar, al emitir el recibo o ulteriormente, a que deuda entiende imputar el pago realizado, siempre que se trate de una obligación no anulable y accionable; el acreedor no puede después modificar una tal imputación. El deudor puede impugnar dicha imputación si el acreedor ha recurrido a subterfugios o si se ha aprovechado de manera desleal de las condiciones personales del deudor.
3.Cuando ni el deudor ni el acreedor se hayan pronunciado sobre la imputación, el pago debe ser reputado relativo a la deuda vencida, entre varias deudas vencidas a la que está menos garantizada, entre varias deudas igualmente garantizadas aquella que sea la más onerosas para el deudor; entre muchas deudas igualmente onerosas, la más antigua. Si tales criterios no sirven de ayuda, la imputación se hace proporcionalmente a cada una de las deudas.
Art. 85.
Emisión del recibo y liberación de garantías
1. El acreedor, a petición del deudor que ha pagado, debe de entregarle un recibo en la forma en que éste último tenga un interés legítimo al solicitarlo. Los gastos del recibo, salvo pacto en contrario, son de cargo del deudor.
2. El acreedor debe además indicar en el documento en que consta la existencia del crédito que este ha sido satisfecho, aún si lo restituye al deudor, que tiene el derecho de exigirlo. Si el acreedor afirma que no está en condiciones de restituir tal documento, el deudor tiene derecho a exigir de su parte una declaración relativa a este hecho en el documento de recibo.
3. El acreedor que ha recibido el pago debe restituir los bienes muebles entregados en prenda, permitir la liberación de otros bienes de las garantías reales establecidas para el cumplimiento de la deuda y de todo otro vínculo que, de alguna manera que sea, limite su disponibilidad.
Sección 2ª
Ejecución de ciertas obligaciones contractuales
Art. 86.
Ejecución de obligaciones pecuniarias
1. Las deudas pecuniarias se extinguen cuando el deudor pone a disposición del acreedor a través de los medios usuales en la práctica el montante que le es debido, en la moneda de curso legal y en el momento del pago.Las entregas efectuadas mediante domiciliación bancaria o bajo formas equivalentes
son liberatorias sin que sea necesaria la aceptación de parte del acreedor o, a falta de ésta, de su oferta conforme al artículo 105.
2. Cuando una moneda pierde su curso legal o si su empleo deja de ser admitido como posible en el momento del pago, éste se debe hacer en moneda legal por un montante equivalente al valor de la moneda en un principio empleada.
3. Si una deuda pecuniaria debe ser pagada en un período posterior al que ha nacido, el deudor, salvo pacto en contrario o diferente, está obligado a satisfacer al acreedor intereses compensatorios sobre dicha suma en la medida que haya sido convenido por escrito entre las partes, o, a falta de acuerdo, en la medida prevista en el artículo 169, párrafo tercero. Además, cuando la depreciación de la moneda al momento del vencimiento de la deuda entraña una pérdida de valor superior al cincuenta por ciento en relación al momento en que había nacido, el deudor viene obligado, salvo pacto en contrario o diferente, a pagar al acreedor, que no incurre en retraso en la ejecución de su obligación, una suma suplementaria, en relación a la que corresponde al valor nominal. Esta revaluación será calculada como se prevé en el artículo 169, párrafo cuarto.
4. El pago espontáneo de intereses en una medida superior a la indicada en el párrafo precedente, siempre que no sea usuraria, no da derecho a la repetición del excedente.
5. Salvo pacto en contrario o diferente, el deudor de una obligación pecuniaria, que se ha retrasado en su ejecución, responde en todo caso del perjuicio que ha causado al acreedor como consecuencia de la depreciación monetaria que haya tenido lugar, aún si ella es inferior al tope mencionado en el párrafo tercero del presente artículo y como prevé el artículo 169, párrafo cuarto.
Art. 87.
Ejecución de las obligaciones cumulativas y alternativas
1. Cuando deriva del contrato la obligación de efectuar dos o más prestaciones, si no resulta otra cosa de la voluntad de las partes, de las circunstancias o de los usos, el deudor está obligado a ejecutar todas las prestaciones.
2. Cuando deriva del contrato una obligación con dos o varias prestaciones alternativas, el deudor está obligado a ejecutar una de las dos o una de ellas, pero no tiene la facultad de ejecutar parte de una y parte de la otra o de las otras.
3. Salvo pacto diferente de las partes, la opción pertenece al deudor y tiene definitivamente efecto a partir de la declaración de opción o con el comienzo de la ejecución de una de las prestaciones.
4. Si la parte a la que pertenece la opción no la ejerce en el término previsto, la opción pasa a la otra parte contratante, salvo si ésta última pretende proceder a la resolución del contrato y a exigir la reparación del daño.
5. Si una de las prestaciones alternativas deviene imposible por una causa que no es imputable a ninguna de las partes, la obligación se reputa pura y simple. Si la imposibilidad deriva de una causa imputable a una de las partes, la otra puede considerar que aquélla no ejecuta la obligación.
Art. 88.
Ejecución de obligaciones solidarias e indivisibles
1. Salvo pacto o disposición legal en contrario y a reserva de que la ley no disponga otra cosa, cuando deriva del contrato la obligación a cargo de dos o más deudores de cumplir una misma prestación, el acreedor tiene el derecho de exigir, a su elección, la ejecución integral a cualquiera de ellos, y la ejecución efectuada por un codeudor extingue la obligación.
2. El codeudor que ha ejecutado total o parcialmente la obligación tiene derecho a exigir a los otros codeudores las cuotas partes de la deuda pagada o de la parte satisfecha de la misma que sea a cargo de cada uno de ellos y que, salvo pacto en contrario, se reputan iguales.
3. Si un deudor está obligado a efectuar una prestación a favor de varios acreedores, cada uno de ellos tiene el derecho de pedir la ejecución de toda la obligación unicamente cuando es indivisible o si esto ha sido expresamente convenido o si así ha sido dispuesto por la ley: en éste caso, la ejecución a favor de uno de los coacreedores libera igualmente al deudor frente a todos ellos. En las relaciones internas, la obligación solidaria se divide en partes iguales entre todos los acreedores, salvo pacto en contrario, a menos que ella no haya sido concertada en interés de uno o de alguno de ellos.
4. Para el caso indicado en el párrafo primero, salvo pacto diferente, la intimación a ejecutar la obligación, y toda otra comunicación o declaración concerniente a la suerte de la deuda, también la destinada a interrumpir la prescripción o a renunciar al crédito, deben ser dirigidas a todos los codeudores, bajo pena de ineficacia, salvo si no deben tener efecto más que frente a uno de los codeudores y con limitación a la cuota parte ideal a su cargo. Para el caso indicado en el párrfo tercero, cada comunicación dirigida al deudor por uno de los coacreedores no tiene efecto, salvo pacto en contrario, más que en relación con el que la lleva a cabo.
5. Las disposiciones del presente artículo son aplicables en caso de indivisibilidad legal, convencional o natural de la obligación.
TITULO VIII
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Sección 1ª
Disposiciones generales
Art. 89.
Noción de incumplimiento
A reserva de lo que prevén las disposiciones siguientes, una obligación contractual es considerada incumplida cuando uno de los contratantes o sus colaboradores o delegados adoptan un comportamiento diferente con relación a aquél al es previsto en el contrato, o cuando tiene lugar una situación de derecho o de hecho diferente de la que se puede tener por prometida.
Art. 90.
Xxxxxx que declara no querer cumplir
1. Cuando el deudor declara por escrito al acreedor que pretende no cumplir, este último tiene la facultad de comunicarle por escrito y desde luego, en todo caso dentro de los ocho días siguientes, que en virtud de ésta declaración considera la obligación como incumplida. En defecto de una tal comunicación, el acreedor no podrá rechazar el cumplimiento que tiene lugar después.
2. El deudor, en los ocho días siguientes a la recepción de la comunicación mencionada en el párrafo precedente, puede oponerse por escrito la declaración del acreedor según la cual la obligación es incumplida, y si éste último en los ocho días que siguen, no declara por escrito que revisa su posición, deberá dirigirse al juez competente en un nuevo plazo de treinta días. En caso de inercia del deudor, el incumplimiento será definitivamente tenida por cierto.
3. Salvo acuerdo diferente entre las partes, los plazos indicados en los párrafos anteriores y en los artículos siguientes, permanecen suspendidos mientras duren los períodos habituales de fiesta o de vacaciones, tal y según se halla previsto en el artículo 58.
Art. 91.
Deudor que no está en situación de cumplir
1. Si antes de expirar el término, parece razonable entender que el deudor no está en condiciones de cumplir una obligación contractual, o que no la puede cumplir sin defectos relevantes, cuando todo ello no es debido a un hecho positivo o a una abstención del acreedor, éste último puede pedirle por escrito que suministre, en un plazo razonable que no será inferior a quince días, una garantía apropiada a la naturaleza del futuro cumplimiento y declarar que, a falta de la misma, el incumplimiento será definitivamente tenido por cierto.
2. El deudor, si no suministra la garantía requerida, puede, en el plazo de ocho días, contestar por escrito a la petición del acreedor y debe, si éste último no revisa por escrito su posición en un plazo ulterior de ocho días, dirigirse al juez en un nuevo plazo de treinta días. En caso de inercia del deudor, el incumplimiento es definitivamente tenido por cierto.
Art. 92.
Incumplimiento de la obligación de entregar una cosa determinada
La obligación de entregar una cosa cierta y determinada es considerada incumplida si la cosa no ha sido entregada en el plazo y en la manera previstos, o si ha sido entregada con defectos manifiestos, o si ha sido entregada una cosa diferente o que se puede reputar por tal, a menos que en los distintos casos mencionados y a reserva de daños y perjuicios:
a) el deudor obtenga del acreedor una prórroga del plazo o que le sea concedida por el juez por motivos razonables;
b) que se trate de defectos que se puedan reparar y que el acreedor acepte que el deudor tome a su cargo efectuar las reparaciones dentro de un plazo razonable, o que el juez le autorice a efectuarlas;
c) cuando la cosa debida se haya perdido o se haya deteriorado sin que ello se deba a la responsabilidad del deudor o que el acreedor acepte la entrega de una cosa diferente o que el juez declare, por motivos razonables, que desde entonces debe considerarse ha tenido lugar el cumplimiento;
d) el acreedor ejerza la facultad de entregar una contrapartida reducida en proporción al menor valor de la cosa recibida, cuyo importe, en ausencia de un acuerdo, es fijado por el juez.
Art. 93.
Incumplimiento de la obligación de entregar una cantidad de cosas genéricas
La obligación de entregar una cantidad de cosas determinadas unicamente por su género es considerada como no cumplida si la misma no ha sido entregada en el tiempo y en la manera previstos, o si la entregada es de una cualidad inferior o superior a la debida, o de una especie diferente, a menos que, en los diferentes casos mencionados, y a reserva de daños y perjuicios:
a) el deudor obtenga del acreedor una prórroga del término para la entrega de todas las cosas o de aquellas que todavía no han sido entregadas o cuando esta prórroga le sea concedida por el juez por motivos razonables;
b) el acreedor restituya el excedente, o le conserve pagando el precio previsto en el contrato;
c) el acreedor acepte las cosas recibidas en una calidad o en una cantidad inferior, entregando una contrapartida proporcionalmente menor, en la medida que, a falta de acuerdo, será fijada por el juez;
d) la cantidad de cosas debidas, o una parte de entre ellas, se ha perdido o se ha deteriorado, sin que sea responsabilidad del deudor y el acreedor acepte la sustitución de algunas de ellas, o la reparación de las que presentan algún defecto o que el juez estime que, por motivos razonables, la obligación puede ser considerada como cumplida como consecuencia de la entrega de cosas diferentes o en parte reemplazadas o reparadas.
Art. 94.
Incumplimiento de una obligación de hacer
1. La obligación de hacer es considerada incumplida si la obra no ha sido acabada antes del término previsto en el contrato, o cuando ha sido ejecutada parcialmente,o de manera defectuosa, o con la ayuda de cosas o de materiales inapropiados, a menos que en los casos mencionados, y a reserva de daños y perjuicios, el acreedor o el juez concedan al deudor un plazo para la terminación de las obras o para la eliminación de los defectos, o la reparación de los daños ocasionados, o para la sustitución de las cosas o de los materiales inapropiados empleados, a condición de que tales reparaciones y sustituciones puedan ser consideradas como razonables de acuerdo con el contrato, con el uso y con la buena fe.
2. No hay incumplimiento si el deudor se encuentra, sin responsabilidad alguna por su parte, en la imposibilidad de efectuar una prestación personal de hacer, cuando el acreedor o el juez le concedan la facultad de que le sustituya otra persona competente, quedando en cualquier caso a cargo del deudor la responsabilidad relativa al cumplimiento de la prestación en cuestión.
3. Si se trata de una obligación del tipo de las mencionadas en el artículo 75, párrafo segundo, será consideradada como no cumplida si el resultado obtenido no es satisfactorio, a menos que el deudor pruebe que está en posesión de la habilitación profesional solicitada, si ha sido requerida, y además cuando haya acudido en tiempo útil a los técnicos necesarios, así como a los medios, a los instrumentos, a los lugares y a los colaboradores apropiados para el caso.
Art. 95.
Incumplimiento de una obligación de no hacer
La obligación de no hacer será considerada como incumplida cada vez que se cometa un acto en violación de la misma, a menos que sea debido a un auxiliar o a un encargado del obligado que no haya tenido conocimiento de la prohibición objeto de pacto y esta ha sido incluída en un contexto contractual más amplio, y cuando el acreedor o el juez concedan al deudor un plazo para la demolición o la reposición en el estado precdente, y dicho deudor provea a ello en tiempo oportuno, a reserva de los daños y perjuicios.
Art. 96.
Xxxx del deudor
1. El deudor no será considerado en xxxx:
a) si no ha sido fijado consensualmente ninguna fecha final, ni término o plazo, por un cierto período de días, meses o años, para el cumplimiento, y el acreedor no ha requerido previamente al deudor por escrito para ello, fijándole un plazo razonable;
b) si el acreedor o el juez le ha acordado previamente al deudor un plazo suplementario para el cumplimiento;
c) si en los contratos sinalagmáticos, el acreedor se halla en retraso en el cumplimiento de la prestación que debe y respecto de la cual se había previsto un término ya vencido;
d) si el deudor ha ofrecido en tiempo oportuno el cumplimiento total de la prestación debida al acreedor, requiriéndole a recibirla, a reserva de los efectos de la eventual puesta en xxxx.
2. Si los términos previstos en las letras a) y b) del presente artículo han expirado y salvas las situaciones previstas en las letras c) y d) de éste mismo artículo, el deudor es considerado en xxxx. Por consiguiente, no queda liberado y es además responsable - como prevén las disposiciones aplicables contenidas en los artículos 162 y siguientes - de los daños y perjuicios que de ello se deriven, aún si la pérdida de la cosa debida o la imposibilidad sobrevenida de la prestación en curso de ejecución no derivan de causas que le sean imputables, salvo que pruebe que la cosa o la prestación debida habría sufrido el mismo daño si ella hubiera estado a disposición del acreedor. En éste último caso,viene obligado, de todas formas, a entregar al acreedor la suma que perciba del responsable o de un asegurador, como consecuencia de la destrucción o de la sustración de la cosa po él debida o por la no ejecución de la prestación.
Art. 97.
Obligaciones que no pueden ser consideradas como incumplidas
1. Aunque el deudor se halle en retraso en el cumplimiento de la prestación debida o cuando no la haya realizado más que parcialmente, no se podrá considerar que ha habido incumplimiento cuando se hayan producido acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que han hecho que la prestación sea excesivamente onerosa y que, en consecuencia, dan al deudor, como lo prevé el art. 157, el derecho de obtener una nueva negociación del contrato. El deudor debe sin embargo haber comunicado al acreedor su intención de usar de este derecho antes de que expire el término previsto para el cumplimiento o antes de que el acreedor le haya dirigido el requerimiento previsto en el arículo 96, letra a). que precede.
2. Si después de la conclusión del contrato la prestación deviene objetivamente imposible, por motivos de los que el deudor no debe responder, no hay incumplimiento de la obligación; pero si en el contrato se contiene explícita o implícitamente una garantía de que el cumplimiento es posible, el deudor debe proceder a la indemnización del daño que el acreedor haya sufrido por haber contado con el cumplimiento de la prestación.
Art. 98.
Violación eficaz
Hay incumplimiento de la obligación si el deudor omite efectuar la prestación debida alegando que ha recibido de un tercero una oferta más ventajoso por la misma prestación, a menos que en el contrato no se haya reservado explícita o implícitamente tal posibilidad.
Art. 99.
Incumplimiento de los deberes de protección
En la ejecución de la prestación debida, el deudor debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar causar un perjuicio a la persona del acreedor, a sus auxiliares o a sus bienes; en caso de violación de éste deber, se considera que la prestación debida ha quedado incumplida si el daño se ha producido durante o a causa de su ejecución, y constituye una consecuencia inmediata y directa de la misma. En otro caso queda vinculado por culpa extracontractual o aquiliana.
Art. 100.
Incumplimiento debido a la no realización de las situaciones prometidas
1. Hay incumplimiento de la obligación contractual, si un cierto acontecimiento, o un estado de hecho o de derecho que uno de los contratantes ha prometido o asegurado que se producirían, no se ha producido o no se producen, incluso aunque no se haya establecido contrapartida alguna.
2. Si por una declaración, que no se halla contenida en un contrato y que no ha sido objeto de una promesa, o de una garantía, se hace la afirmación de que un acontecimiento se ha producido, o no se ha producido, o de que se producirá o no se producirá, el que la ha emitido puede responder desde el
momento en que la declaración no se corresponda con la verdad, respecto del que ha sufrido un perjuicio, por culpa extracontractual.
Art. 101.
Prestación anticipada o efectuada en cantidad superior a la debida
El acreedor tiene la facultad de recibir la prestación efectuada por el deudor antes del término fijado o en cantidad superior a la debida; en éste último caso, deberá satisfacer una contrapartida proporcionalmente superior, pero si la rechaza no se considerará que ha incurrido en xxxx.
Art. 102.
Prestación privada de interés para el acreedor
El acreedor no puede rechazar la prestación que le ha sido ofrecida bajo pretexto de que para él ha devenido inútil y privada de interés a causa de circunstancias sobrevenidas, a menos que tal derecho de rechazo por su parte, sea deducible, aún implícitamente, del contrato, y, siempre que, además, haya advertido en tiempo oportuno al deudor de la superveniencia de tales circunstancias y, en cualquier caso, antes de que éste último haya preparado o iniciado el cumplimiento.
Sección 2ª
Xxxx del acreedor
Art. 103.
Noción xx xxxx del acreedor
Hay xxxx del acreedor si éste último, sin motivo válido, no recibe, rechaza, impide o estorba el cumplimiento por parte del deudor, o no efectúa la opción prevista en el artículo 87, párrafo 2, en el caso de una obligación alternativa si la otra parte no quiere efectuarla, o no procura, cuando está obligado a ello, la presencia de un tercero o la autorización o la licencia de la autoridad pública prevista en el artículo 76, párrafo 2, o, en cualquier caso, adopta un comportamiento activo u omisivo que no permite al deudor cumplir la obligación.
Art. 104.
Xxxx del acreedor que se resuelve en un incumplimiento
1. En la situación descrita en el artículo precedente, el deudor puede requerir por escrito al acreedor para que abandone su comportamiento, especificando cuales son los hechos positivos u omisivos que, concretamente, han impedido o perturbado la ejecución, indicando las acciones y las omisiones que deben cesar o los comportamientos que se hace necesario que lleve a cabo el acreedor, fijándole un término adecuado y, en cualquier caso, no inferior a quince días, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación debida, los usos y la buena fe.
2. Cumplido el término, si el comportamiento descrito no ha cesado, se considerará que ha habido incumplimiento por parte del acreedor.
Art. 105.
Acciones exigidas al deudor para que quede liberado
1. Si ante una situación como la que se describe en el artículo 103, el deudor, en lugar de constatar el incumplimiento del acreedor, se propone cumplir la obligación a su cargo para liberarse de ella, tiene que hacer al acreedor, en el lugar en que ésta ha de ser ejecutada, una oferta real o por requerimiento de la totalidad de la prestación debida, comprendidos los accesorios, frutos e intereses, en las formas prescritas, a petición suya, por el juez de primera instancia competente en el lugar en que la oferta debe ser efectuada.
2. Si se encuentra en la imposibilidad de conocer el montante exacto de la suma o de la cantidad exacta de cosas debidas, el deudor, con la autorización del juez, puede ofrecer el montante o la cantidad que éste haya fijado en virtud de los elementos de que dispone, obligándose en todo caso a entregar lo que sea ulteriormente debido.
3. Si el acreedor acepta el ofreciemiento y recibe la prestación, el deudor queda liberado. En la situación descrita en el párrafo 2 de este artículo, la liberación queda subordinada a que el deudor entregue lo que todavía debe conforme al requerimiento fundado y motivado del acreedor.
4. Si el acreedor no acepta el ofrecimiento y se trata de una obligación de dar, el deudor, para quedar liberado de su obligación, está obligado a efectuar la consignación de lo que es debido en la formas prescritas por el juez indicado en el párrafo primero del presente artículo, y cuya determinación judicial puede ser requerida en la solicitud a que se refiere el propio párrafo 1. La regularidad de la consignación y la liberación del deudor son establecidas por el juez. En el caso de una obligación de hacer, el deudor debe cumplir como haya sido prescrito por el juez, que declarará seguidamente la regularidad del comportamiento del deudor y su liberación.
5. El ofrecimiento es suficiente - y en tal caso no ha lugar a proceder a la consignación, o al cumplimiento - si la prestación no puede ser efectuada al acreedor o a su representante a causa de su ausencia o de su incapacidad para recibirla, o si existe una incertidumbre, sin que sea debido a falta del deudor, sobre la persona a la que la prestación debe efectuarse o cuando varias personas afirmen tener derecho a obtenerla, o que haya sido perdido el título que determina quién es el titular del derecho a la prestación, siempre que estas circunstancias hayan sido específicadas en el requerimiento mencionado en el párrafo primero del presente artículo.
Sección 3
Efectos del incumplimiento
Art. 106.
Claúsulas de no responsabilidad y limitativas de responsabilidad
1. Toda convención excluyendo o limitando previamente la
responsabilidad del deudor por dolo o falta grave, es nula.
2. El acuerdo por el cual se conviene que una de las partes no puede oponer excepciones a fin de evitar o de retardar la prestación debida no tiene efecto respecto de las excepciones de nulidad, anulabilidad o rescisión del contrato. En todo caso, aún en el supuesto en que el acuerdo sea eficaz, el juez, si comprueba que concurren motivos graves, puede suspender la condena imponiendo, en su lugar, una caución.
3. Salvo lo que se halla previsto en el artículo 30 sobre las claúsulas abusivas, el acuerdo excluyendo o limitando la responsabilidad del deudor por culpa leve no tiene efecto si el acreedor lo ha concluído cuando estaba a su servicio o si la responsabilidad se manifiesta en el desarrollo de una actividad profesional o de una actividad empresarial ejercida bajo un régimen de monopolio en virtud de una autorización concedida por las autoridades.
4. Habida cuenta la calidad de las partes y la naturaleza de la prestación, las partes pueden válidamente concluir acuerdos por los cuales convengan márgenes de tolerancia en la ejecución o una franquicia en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, de acuerdo con los usos y la buena fe.
5. Las partes pueden válidamente concluir acuerdos estableciendo presunciones simples de caso fortuito para los acontecimientos que, en su especie, indican normalmente caso fortuito.
Art. 107.
Incumplimiento de importancia relevante
1. En el sentido en que se indica más abajo, un incumplimiento tiene importancia relevante si concierne a una de las prestaciones principales (y no secundarias) del contrato, y, además, cuando, habida cuenta de la calidad de las personas y de la naturaleza de la prestación, el incumplimiento comporta para el acreedor un perjuicio tal que le priva sustancialmente de lo que, en derecho, se puede esperar del contrato.
2. Se considera que el incumplimiento tiene una importancia relevante
cuando:
a) es total;
b) es parcial, pero ha desaparecido objetivamente el interés del acreedor
a obtener el resto.
3. Las obligaciones secundarias son aquellas cuyo cumplimiento tiene una importancia mínima respecto de la economía de la relación contractual y del intrés del acreedor.
Art. 108.
Derecho del acreedor de suspender el cumplimiento en los contratos bilaterales
1. En los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple o no ofrece cumplir su obligación, cualquiera que sea la gravedad del incumplimiento, el acreedor tiene la facultad de suspender la prestación por él debida simultánea o sucesivamente, a menos que el rechazo hecho por su parte sea contrario a la buena fe.
2. Se considera que es contrario a la buena fe el rechazo:
a) que entraña para la otra parte consecuencias excesivamente onerosas;
b) que, puesto que se ha comprobado que el incumplimiento es de escasa entidad, entraña la extinción de la obligación del acreedor;
c) que comporte perjuicio a un derecho fundamental de la persona.
Art. 109.
Cumplimiento anticipado, o en cantidad superior o después de la expiración del término esencial
1. Salvo lo que se halla previsto en el art.101, el acreedor tiene el derecho de rechazar el cumplimiento que le ha sido ofrecido o que ha sido ejecutado antes de expirar el término convenido, o en cantidad superior a la debida, siempre que su rechazo no sea contrario a la buena fe en el sentido previsto en el artículo precedente, en la medida en que sea aplicable.
2. El acreedor tiene en todo caso el derecho a rechazar el cumplimiento ofrecido o efectuado después de haber expirado el término cuya naturaleza esencial ha xxxx objeto de pacto.
Art. 110.
Plazo suplementario y beneficio de pago mediante sucesivos plazos parciales
1. Si un plazo suplementario ha sido concedido por el acreedor o por el juez al deudor que todavía no ha iniciado el cumplimiento, o que no lo ha efectuado sino parcialmente, el acreedor no puede hasta la expiración del término, prevalerse de los remedios indicados en los artículos siguientes, a reserva de la facultad de adoptar las medidas conservativas o de solicitar del juez una resolución de inhibición, sin perjuicio de eventuales daños y perjuicios.
2. Si el acreedor o el juez han acordado al deudor la facultad de fraccionar mediante plazos sucesivos el pago de la deuda, el deudor pierde tal beneficio si no efectúa también un pago que supere la octava parte de la deuda.
Art. 111.
Ejecución en forma específica
1. Frente al deudor que todavía no ha cumplido la obligación, cualquiera que sea la importancia del incumplimiento, el acreedor tiene el derecho de obtener su ejecución o de su complemento en forma específica, si es objetivamente posible y cualquiera que ella sea el caso, sin perjuicio de los daños y perjuicios.
2. En particular el acreedor puede obtener judicialmente:
a) la entrega de la cosa cierta y determinada o de la cantidad de cosas solamente indicadas por su género y que le son debidas, de las que el deudor tiene a disposición, o que éste ha transmitido a un tercero de mala fe o por acto simulado;
b) la autorización para procurarse, en la medida de lo posible, y corriendo con los gastos el deudor, la cosa cierta y determinada o la cantidad de cosas solamente indicadas por su género que le son debidas y que tienen a su disposición los terceros;
c) que el deudor sea condenado a cumplir su obligación, en la medida de lo posible, o a completar la prestación debida; puede también obtener
autorización del juez para ejecutar o completar el mismo la obligación o hacerla ejecutar por terceros x xxxxx del deudor;
d) que el deudor sea condenado a destruir lo que ha llevado a cabo violando una obligación de no hacer, pudiendo obtener autorización del juez para destruir personalmente o para hacer destruir por terceros, por cuenta del deudor, lo que este haya realizado violando una obligación de no hacer;
e) una sentencia que tenga el efecto jurídico del contrato que el deudor se había obligado a concluir por un contrato preliminar que ha dejado de cumplir.
3. Para incitar al deudor que no cumple la obligación a obedecer a la condena encaminada a aegurar en forma específica la ejecución de la prestación que sea objetivamente posible; el juez puede además condenar al deudor, si no se somete o se somete con retraso, al pago de una multa cuyo importe no excederá del triplo del valor de la prestación debida, que corresponderá en un setenta por ciento a favor del acreedor y de un treinta por ciento a favor del Estado. La citada multa puede estar constituída por una suma fija, que produzca intereses en la medida determinada por el juez, o por un montante debido por cada día de retraso, que se repartirá según las modalidades indicadas.
Art. 112.
Substituciones en forma específica y reparación
1. Si el deudor, en todo o en parte, se ha abstenido de cumplir la obligación, el acreedor tiene el derecho, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios, de obtener en la medida que sea objetiva y subjetivamente posible, que el deudor:
a) le entregue una cosa diferente que tenga a su entera disposición, o efectúe una prestación diferente -y que por ella misma realice el interés del acreedor de manera satisfactoria- contra el pago de una suma ulterior o la eventual restitución de una parte de la suma entregada, que, en caso de desacuerdo, serán fijadas por el juez en la hipótesis en que la cosa o la prestación diferentes tengan un valor mayor o menor;
b) proveer a las reparaciones que sean necesarias para eliminar los defectos o las imperfecciones de las cosas entregadas o de la obra efectuada;
c) proveer, si los problemas surgen de la puesta en marcha o de la utilización de la cosa entregada, a causa de una imperfección de ésta última, de su instalación, o de su funcionamiento, al envío de técnicos que expliquen su utilización y, eventualmente, que se encarguen durante un cierto período de tiempo del mantenimiento necesario a su buen uso.
2. El acreedor puede además obtener la autorización del juez para efectuar por sí mismo o por terceros, por cuenta del deudor, las reparaciones necesarias.
3. El acreedor que entiende ejercitar los derechos consignados más arriba debe notificar al deudor inmediatamente que descubre los defectos.
4. Antes que el acreedor haya enviado la notificación de la que trata el párrafo anterior al deudor, este último tiene el derecho, mediante notificación al acreedor, de proveer a la sustitución o a la eliminación de los defectos o a completar la entrega, a sus expensas.
Art. 113.
Reducción del precio
1. El acreedor que se propone aceptar la entrega de una cosa diferente teniendo un valor inferior, o con imperfecciones, o una cantidad de cosas de calidad inferior a la que es debida, o una prestación de hacer diferente de la que ha sido convenida o con imperfecciones, tiene el derecho, mediante notificación en tiempo oportuno al deudor, de pagar un precio inferior al que ha sido convenido. Podrá eventualmente hacerse restituir una parte de la suma entregada, en la proporción fijada, en defecto de un acuerdo, por el juez.
2. Si la prestación ofrecida o efectuada tiene un valor superior a la debida, se aplicarán las reglas del art.101.
Art. 114.
Derecho a la resolución del contrato
l. Si se produce un incumplimiento de importancia notable en el sentido del art.107, el acreedor tiene el derecho de proceder a la resolución del contrato, requiriendo al deudor para que le ejecute en un plazo razonable que, en cualquier caso, no puede ser inferior a quince días y notificándole que si el plazo transcurre inútilmente, el contrato será considerado como resuelto de derecho.
2. Si el contrato contiene una claúsula en cuya virtud el incumplimiento de una determinada prestación por una de las partes confiere a la otra el derecho de resolver el contrato, el incumplimiento será considerado en cualquier caso, como teniendo una importancia relevante, en el sentido del art.107, y el contrato se considerará resuelto desde que la parte interesada notifique al deudor que ella se prevale de la claúsula en cuestión.
3. Una vez que el plazo indicado en el primer párrafo del presente articulo ha transcurrido, o si el deudor ha recibido la notificación mencionada en su párrafo primero, el acreedor no puede ya pretender la ejecución del contrato y puede rechazarla y el deudor no está obligado ya a cumplirlo. El acreedor puede además ejercer los derechos indicados en los artículos 115 y 116.
4. La resolución del contrato puede asimismo ser parcial, aunque el deudor no haya cumplido la totalidad de la obligación, si el acreedor da por bueno aceptar lo que ha recibido, prevaliéndose del derecho de pagar un precio proporcionalmente inferior, como está previsto en los artículos 92 y 93.
5. Si el incumplimiento se produce en el curso del desarrollo de un contrato de ejecución continúa o periódica, el efecto de la resolución no concierne a las prestaciones ejecutadas precedentemente.
6. El acreedor no tiene derecho a proceder a la resolución del contrato si el incumplimiento depende exclusivamente de una acción o de una omisión que a él le sea imputable, sin perjuicio de que utilice la facultad de los artículos 103 y
104. Por lo demás, no tiene éste derecho si ha inducido a creer a la otra parte que no procederá a la resolución, aún si se trata de un incumplimiento de importancia notable.
Art. 115.
Restitución
A reserva de lo que se halla previsto más arriba en el artículo 114, párrafo 5, como consecuencia de la resolución del contrato, el acreedor tiene el derecho de obtener del deudor, que no ha cumplido la obligación, la restitución, como está previsto en el artículo 160, de lo que el haya entregado por la prestación debida o, en todo casao,a causa del contrato, abstración hecha del derecho a obtener la indemnización de daños y perjuicios.
Art. 116.
Daños y perjuicios
1. Sin perjuicio de lo prevenido en los artículos precedentes, en caso de incumplimiento, cualquiera que sea su gravedad, el acreedor tiene el derecho de obtener del deudor indemnización de los perjuicios sufridos, tal y como lo preven los artículos 162 y siguientes.
2. El ejercicio de éste derecho puede ser acumulado con los que se hallan previstos en las reglas precedentes y como se establece en las contenidas en el artículo 171.
Art. 117.
Derechos de los terceros de buena fe
El ejercicio por parte del acreedor de los derechos previstos por las reglas que preceden no compromete los derechos que hayan adquirido los terceros de buena fe sobre los bienes del acreedor o sobre los que son debidas por el deudor, antes que el mismo, teniendo serios motivos de temer el incumplimiento, no les haya notificado o advertido por escrito, o antes que, si se trate de bienes inmuebles o de muebles registrados, no haya efectuado la anotación preventiva correspondiente de sus demandas judiciales en los registros inmobiliarios, según las reglas en vigor en el Estado que las haya previsto. Sin perjuicio de lo dispueto en el artículo 161.
TITULO IX
CESION DE CONTRATO Y DE LAS RELACIONES QUE NACEN DEL CONTRATO
Sección 1ª
Cesión de contrato
Art. 118.
Noción
1. Cada una de las partes, si la relación lo permite concretamente, puede ceder a título gratuito u oneroso, total o parcialmente a un tercero o a varios, su
propia posición contractual con relación a un contrato que todavía no ha agotado sus efectos.
2. Con tal motivo, las partes pueden modificar el contenido del contrato en el que tiene lugar la cesión y pueden también acordar y transigir sobre los derechos y obligaciones ya derivados y que pueden derivar del mismo o de su cumplimiento o incumplimiento.
3. Salvo pacto en contrario, se entiende también transferida la claúsula compromisoria contenida en el contrato que se ha cedido.
4. Si la transmisión de la posición contractual no deriva de la voluntad de las partes sino en virtud de la ley, en los contratos entre vivos, o tiene lugar por sucesión a causa de muerte, las reglas de la presente sección no se aplican, en el marco de cada uno de los Estados de la Unión europea, sino en la medida en que lo permitan las reglas que en ellos se encuentran en vigor, salvo que se acuda a los principios del Derecho internacional privado si se considera necesario.
Art. 119.
Modalidades según las cuales se puede efectuar la cesión
1. La cesión de contrato se puede efectuar mediante un acuerdo entre cedente y cesionario, que produce sus efectos a partir del momento en que es notificado al cedido, si éste último ha dado su consentimiento previamente, o bien, desde el momento en que éste ha comunicado al cedente y al cesionario su aceptación.
2. La cesión puede también tener lugar por intermedio de un acuerdo trilateral entre cedente, cedido y cesionario, debiendo efectuarse en todo caso, de ésta manera, en el supuesto previsto en el precedente artículo 118, párrafo segundo. En éste acuerdo deben ser definidos todas las posiciones de las partes y precisados los derechos y obligaciones respectivos así como su duración temporal.
3. Cuando para la cesión de un contrato fuera necesaria la autorización de un órgano judicial o administrativo o de un tercero, la cesión tiene efecto desde que aquella fuera concedida.
4. Si todos los elementos de un contrato resultan de un documento el que se halla escrita la claúsula "a la orden" o una claúsula equivalente, el endoso del documento comporta la sustitución del endosatario en la posición contractual del endosante.
5. La cesión debe tener lugar bajo pena de nulidad en la forma requerida para la conclusión del contrato cedido y será oponible a terceros si la notificación al cedido o su aceptación o el contrato trilateral han tenido lugar mediante documentos que tengan fecha cierta, a menos que sea probado que los terceros tenían de ello pleno conocimiento.
6. Todo ello, a salvo de las reglas en vigor en los Estados miembros de la Unión europea cuando prescriban formas determinadas para el contrato respecto del que se efectúa la cesión y lo mismo en cuanto a la intervención, para llevarla a cabo, de sujetos u órganos colegiales determinados.
Art. 120.
Derechos y deberes de los sujetos
1.Cuando la cesión deviene eficaz, el cedente queda liberado frente al cedido de sus obligaciones, que son asumidas desde ese mismo instante por el cesionario. El cedido puede, en todo caso, con ocasión de su adhesión preventiva, contextual o sucesiva, declarar que no quiere liberar al cedente; en éste caso, puede actuar contra él si el cesionario no cumple con sus obligaciones, a condición de que haya dado el mismo conocimiento del incumplimiento al cedente, dentro de los quince días siguientes, a contar desde que tal incumplimiento ha sido constatado, bajo pena, en su defecto, de reparación del perjuicio.
2. El cedente viene obligado a suministrar al cesionario todas aquellas informaciones que le permitan hacer valer sus derechos y cumplir las obligaciones que deriven del contrato y asimismo a entegarle todos los documentos pertinentes. La innoservancia de éstas obligaciones, llevará consigo la aplicación de la disposición prevista en el artículo 7, párrafo 2, del presente Código.
3. Si existen dudas fundadas en cuanto a la validez o eficacia del acuerdo de cesión existente, cada deudor tiene la facultad de solicitar del juez la consignación de la prestación debida, cómo lo prevé el artículo 105.
4. El cedido puede oponer al cesionario todas las excepciones que deriven del contrato, pero no las que se hallen fundadas sobre otras relaciones existentes con el cedente, a menos que haya hecho reserva expresa de las mismas en el momento de su adhesión preventiva, contextual o sucesiva.
5. La responsabilidad del cedente tanto en cuanto a la válidez del contrato cedido, como en cuanto a su cumplimiento, depende de la naturaleza del contrato a través del cual ha sido efectuada la cesión, y, en todo caso, de la voluntad de las partes.
6. Si, a pesar de ello, las partes en la conclusión de la cesión no han hecho referencia a ninguna figura contractual, ni esta puede ser deducida del contenido del acuerdo por vía de interpretación, se observarán, salvo convención en contrario, las reglas siguientes. Si la cesión es a título oneroso, el cedente de buena fe responde de la invalidez y de la ineficacia del contrato cedido, respondiendo igualmente y en calidad de fiador, en los límites de la suma recibida, por las obligaciones del cedido ya existentes, a menos que su ejecución dependan de hecho del cesionario. Si la cesión ha tenido lugar a título gratuito, el cedente garantiza solamente la válidez del contrato cedido y responde del cumplimiento del mismo unicamente si lo ha prometido y si es de buena fe.
Sección 2ª
Cesión de crédito
Art. 121.
Cesibilidad de los créditos
1. Un crédito nacido de un contrato o de su cumplimiento o incumplimiento puede ser transferido a un tercero (o a otros muchos sujetos), total o parcialmente, incluso si no es todavía exigible y aunque sea futuro, a
condición de que no tenga carácter personal y que la cesión no sea excluída por la ley, por acuerdo de las partes o por la propia naturaleza del contrato.
2. Si el crédito es cedido parcialmente, el juez puede disponer, llegado el caso, que frente al deudor cedido, el cedente y el cesionario, actúen en litisconsorcio.
3. Un crédito futuro puede ser cedido si es determinado o determinable conforme al artículo 31 del presente Código. En éste caso, el efecto de la cesión se produce desde que el crédito existe para el cedente.
4. Una prohibición convencional es oponible frente al cesionario si el cedido prueba que la había conocido en el momento de la cesión; en este caso, la prohibición impide que el cesionario adquiera el derecho frente al cedido, pero no respecto del cedente.
5. Se considera como no cesible, conforme a la naturaleza del contrato, un crédito cuya cesión determinaría una alteración sustancial del contenido de la obligación que pesa sobre el cedido.
6. Con independencia de lo que previene el precedente artículo 118, el cedente puede ponerse de acuerdo con el cesionario en modo que éste último asuma la obligación de cumplir obligaciones determinadas.
Art. 122.
Modalidades y efectos de la cesión
1. La cesión del crédito no requiere para su validez el consentimiento del deudor, - salvo que se trate de un crédito cuya cesión queda excluída por el contrato mismo o por su naturaleza - y puede efectuarse de las maneras previstas en el presente artículo.
2. El cedente puede obligarse respecto del cesionario, mediante un contrato oneroso o gratuito, de carácter obligatorio, a cederle su crédito. En éste caso, la cesión tiene lugar por intermedio de un segundo contrato de cesión entre las dos partes teniendo naturaleza abstracta; el cedido puede, en este caso, alegar luego la invalidez o la ineficacia de éste último, pero no del precedente contrato causal.
3. El cedente y el cesionario pueden igualmente convenir, por un contrato a título oneroso o gratuito, que un crédito debido al primero sea cedido al segundo, de manera que la cesión se produzca por efecto del simple consentimiento. En caso de duda, concerniente a la modalidad escogida para la cesión, es la modalidad indicada en el presente párrafo 3 la que se toma en consideración.
4. En las dos hipotésis previstas en los párrafos 2 y 3 del presente artículo, la cesión adquiere efecto frente al deudor cedido, cuando le es notificada o cuando la acepta. Antes de la notificación y de la aceptación, el deudor cedido no queda liberado si paga al cedente, en el caso en que el cesionario pruebe que el propio deudor estaba al corriente de la cesión. La comunicación al deudor puede ser concomitante a la demanda de cumplimiento.
5. Respecto de los contratos, las declaraciones y los actos de comunicación y de aceptación, previstos en los párrafos precedentes, se aplica lo dispuesto en el artículo 36, párrafo segundo, del presente Código, en relación con el valor del crédito cedido.
6. En las dos hipotésis previstas por los párrafos 2 y 3 del presente artículo, la cesión es oponible a los terceros sobre la base del hecho que, los contratos, la comunicación o la aceptación sucesiva, resulten de documentos que tengan fecha cierta, a menos que se pruebe que los terceros tenían conocimiento de la cesión misma. Si el mismo crédito ha sido objeto de muchas cesiones a personas diferentes, prevalece la cesión que primero ha sido comunicada al deudor o que haya sido aceptada en documento fehaciente.
7. La cesión de crédito determina, salvo pacto en contrario, la transmisión de todos sus accesorios, a excepción de los que posean un estricto carácter personal.
8. En las cesiones de créditos efectuadas a bancos o a empresas que ejerzan el factoring no se aplican las normas que preceden, sino las disposiciones en vigor por ley o las reglas uniformes de los respectivos sectores económicos y, en su defecto, los usos.
Art. 123.
Deberes de las partes
1. El cedente queda obligado a entregar al cesionario los documentos probatorios del crédito que están en su posesión o bien una copia auténtica de los mismos si cede solamente una parte del mismo, y debe también suministrarle todas las informaciones necesarias y útiles para hacer valer el crédito.
2. Si la cesión es a título oneroso, el cedente de buena fe garantiza, en los límites de lo que él ha recibido, la existencia del crédito en el momento de la cesión, así como la solvencia actual, - y futura solamente si ha sido expresamente prometida - , del cedido, a menos que el incumplimiento por parte de éste último dependa de negligencia del cesionario. En el caso de que la susodicha garantía haya sido excluída de común acuerdo, el cedente está obligado si por su hecho propio el crédito viene a fallar.
3. Si la cesión es a título gratuito, el cedente de buena fe responde de la existencia del crédito y de la solvencia del deudor, unicamente, en los limites, en los que, así lo haya prometido.
4. Si el cedente es de mala fe, responde en todo caso de los daños que sufra el cesionario, a condición de que el incumplimiento no dependa de una negligencia de éste último.
5. El deudor cedido tiene las mismas obligaciones que tendría respecto del cedente.
Art.124.
Derechos de las partes
1. El cesionario adquiere los mismos derechos que tenía el cedente.
2. El cedido puede oponer al cesionario, todas las excepciones que hubiera podido oponer al cedente hasta el momento de la cesión; pero, si ha dado sin reserva su adhesión a esta, no puede alegar la compensación. Puede además oponer, sin perjuicio de lo que se halla previsto en el artículo 122, párrafo 2, las excepciones relativas a la invalidez de la cesión, y si no ha dado a ella su consentimiento, también, las relativas a su inadmisibilidad convencional, en los límites previstos en el precedente artículo 121, párrafo 4.
3. Si subsisten razones fundadas en cuanto a saber si la prestación es debida al cesionario o al cedente, el cedido puede obtener autorización del juez para efectuar la consignación o para actuar conforme a la manera prescrita en el articulo 105.
4. En el supuesto de que la cesión del crédito tenga lugar en virtud de la ley, se aplican, en defecto de disposiciones específicas, las reglas del presente título. En cualquier caso, el que ha cumplido sucede en los derechos del acreedor, en los límites de lo que haya pagado, si se trata de una deuda de la que debe responder; si por el contrario ha pagado una deuda de la que no estaba obligado a responder, puede reclamar hasta el momento en que el cumplimiento haya sido sustituído, y sucede en los derechos del acreedor en los límites de lo que haya pagado, mediante una declaración unilateral simultánea al pago, a la cual se aplica la disposición del precedente artículo 36, párrafo segundo.
Sección 3ª
Cesión de deuda
Art. 125.
Cesión por sucesión o por novación
1. La transmisión de una deuda puede hacerse mediante dos vías:
a) por sucesión en la relación obligatoria, - en cuyo caso se transfiere objetivamente intacta - de otro deudor, que le sucede o se agrega al deudor originario, como se precisa en el artículo siguiente;
b) por extinción convencional de la obligación originaria y constitución simultánea de una nueva obligación teniendo un sujeto pasivo diferente.
2. En el primero de los supuestos previsto en el párrafo anterior el nuevo deudor responde solidariamente con el deudor originario si el acreedor no declara expresamente que este último queda liberado.
3. La cesión tiene lugar por novación unicamente si así es declarado de manera expresa y no equívoca por las partes en su acuerdo trilateral. En la duda, se presumirá que la cesión ha sido efectuada por sucesión.
4. Excepción hecha de lo que está previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo, las partes pueden efectuar la cesión de deuda de la manera que consideren más conforme a sus intereses y, además, entre otras, como se indica, a título de ejemplo, en el artículo siguiente.
5. La transmisión de deuda puede ser efectuada respecto de uno o de varios nuevos deudores.
6. Cuando la cesión de deuda tiene lugar en virtud de la ley o como elemento accesorio en la transmisión de un bien o de un conjunto de bienes, se rige por las disposiciones de la presente sección, en tanto que sean aplicables, en defecto de diferentes reglas específicas.
Art. 126.
Modalidades por las que se puede efectuar la cesión
1. Mediante pacto entre el deudor y un tercero, éste último puede obligarse, frente al primero, a extinguir su obligación y puede cumplirla dentro de
los límites previstos en el artículo 79, párrafo l. Un tal acuerdo, tiene unicamente efectos internos entre el deudor y el tercero.
2. Mediante pacto entre el deudor y un tercero, éste último puede obligarse frente al acreedor a extinguir la obligación, viniendo a estar, en tal modo, solidariamente obligado con el deudor originario, a menos que el acreedor declare expresamente que libera a éste último.
3. Mediante pacto entre el acreedor y un tercero, éste último puede por su propia iniciativa obligarse frente al primero a cumplir la obligación, viniendo a estar en tal modo obligado solidariamente con el deudor originario, si el acreedor no declara expresamente que libera a éste último. El deudor originario puede, manifestando su oposición cuando llega a conocer la obligación, hacer que sea ineficaz el susodicho pacto.
4. La transmisión de la deuda puede tener lugar también por medio de un acuerdo preliminar de carácter obligatorio, seguido por acto de transmisión, - y por tanto de disposición - del crédito. El pacto previo y el acto sucesivo son efectuados o por el acreedor (que se pone de acuerdo con el tercero), o bien por el deudor originario (que se pone de acuerdo también con el tercero) a pesar de que el propio deudor no haya sido legitimado para ello; la operación, no obstante, llegará a ser eficaz, si el acreedor da su consentimiento. En éste caso, el nuevo deudor no puede hacer valer frente al acreedor la menor excepción basada sobre el acuerdo preliminar que ha servido de base para el acto sucesivo de transmisión, a menos que el motivo que invalide la primera fase sea también obstáculo a la validez de la segunda. El tercero que ha cumplido puede sin embargo ser indemnizado por el deudor originario en los límites de la ventaja que él haya obtenido. En caso de duda, relativa a la modalidad a escoger para la cesión, se adoptará la que figura en el párrafo 3 del presente artículo.
5. En las hipótesis previstas por los párrafos precedentes, el tercero puede ser o no deudor del deudor principal; y, si no lo es, tiene el derecho de hacerse reembolsar o indemnizar por éste último, salvo pacto en contrario, en relación con lo que él ha efectivamente desembolsado, con el sólo límite de la oponibilidad, de parte del deudor originario, de las excepciones que éste habría podido oponer al acreedor.
6. En el acuerdo trilateral, gracias al cual las partes pueden efectuar la novación subjetiva de la deuda, se puede convenir que el acreedor, para reclamar el cumplimiento, debe haber efectuado o, al menos, ofrecido una contraprestación.
7. Respecto de los pactos y las declaraciones previstas en el presente artículo se aplica lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 2, del presente Código, en relación con el valor de la deuda transferida.
Art. 127.
Derechos y deberes de las partes
1. Excepción hecha de lo que prevé el precedente art. 126, párrafo 4, si la cesión no ha tenido lugar por medio de un acuerdo novatorio, el nuevo deudor puede oponer al acreedor las excepciones que tenía el deudor originario; por otra parte, si éste último ha sido liberado por el deudor originario, las garantías agregadas al crédito se extinguen, a menos que los que las han prestado consientan expresamente en mantenerlas.
2. En el supuesto previsto en el párrafo 1, de este artículo, el acreedor que ha aceptado la obligación de un tercero no puede dirigirse al deudor originario si no ha demandado previamente al tercero de cumplimiento, y, si ha liberado al deudor originario, no puede entablar acción contra él, si el tercero que le sucede deviene insolvente, a menos que haya sido hecha reserva expresa.
3. Si la cesión deriva de un acuerdo novatorio, el acreedor y el nuevo deudor pueden respectivamente ejercer unicamente los derechos y oponer asimismo las excepciones que derivan del acuerdo, excepción hecha de lo que se prevé en el párrafo siguiente.
4. Si la obligación asumida por el nuevo deudor sobre la base de lo dispuesto en el precedente artículo 125, párrafo 1, letra a), es nula o viene anulada, el acreedor que ha liberado al deudor originario puede exigir de éste último el cumplimiento, pero no puede prevalerse de las garantías prestadas por los terceros. Si la cesión ha tenido lugar sobre la base de un acuerdo novatorio, como lo prevé el propio art.125, párrafo l, letra b), se aplica la disposición contenida en el art.130, párrafo 5.
5. Se aplica, si hay lugar a ello, la regla que figura en el artículo 79, párrafo 2.
TITULO X
EXTINCION DEL CONTRATO Y DE LAS RELACIONES QUE NACEN DEL MISMO
Sección 1ª
Hechos extintivos y que entrañan prescripción y caducidad
Art. 128.
Hechos extintivos y que entrañan ineficacia
1.El contrato se extingue o queda privado de efecto:
a) por cumplimiento, - o por oferta real o requerimiento - de todas las obligaciones que del mismo derivan, en las modalidades previstas en los títulos VII y VIII del presente libro, y además por la realización, para ambas partes, del fin por ellas perseguido;
b) por cumplimiento de la condición resolutoria
c) por expiración del término final;
d) por muerte o incapacidad sobrevenida, en el caso previsto por la ley;
e) por xxxxxxxx;
f) por desistimiento por consentimiento mutuo;
g) por retracto;
h) por resolución total;
i) por nulidad;
j) por anulación;
k) por rescisión;
l) por toda otra causa indicada por la ley.
2. La extinción del contrato, si es definitiva, o su falta de efecto, excluye el que las partes puedan deducir pretensión alguna sobre la base del propio
contrato, exceptuadas las derogaciones previstas en los contratos plurilaterales a favor de las otras partes contratantes y para la tutela de los terceros; exceptuados además los efectos de la conversión, de la convalidación y de la ratificación, abstracción hecha de las pretensiones que se pueden hacer valer para las restituciones debidas y para la percepción de daños y perjuicios por hechos ilícitos contractuales o extracontractuales sobrevenidos durante su formación, cumplimiento o incumplimiento del mismo.
3. La obligaciones que derivan del contrato se extinguen:
a) por su ejecución, - o por oferta real o requerimiento - según las modalidades previstas en los títulos VII y VIII del presente Código, así como por el cumplimiento forzado a cargo del deudor;
b) por xxxxxxxx;
c) por remisión de deuda;
d) por renuncia tácita;
e) por compensación;
f) por confusión;
g) por pérdida o deterioro grave de la cosa debida, o por imposibilidad de la prestación debida que no sea imputable al deudor;
h) por cualquiera otra causa indicada por la ley.
4. La extinción de la obligación, - si es definitiva - impide al acreedor deducir pretensiones en relación con ella; salvo las que tengan por fin obtener las restituciones debidas, así como percibir indemnizaciones de daños y perjuicios por hechos sobrevenidos con ocasión del cumplimiento o del incumplimiento de la misma.
5. El presente título concierne a las hipótesis que no han sido reglamentadas por otras reglas de este Código, reglas a las que se hace reenvío para los casos que no se hallan aquí previstos.
Art. 129.
Hechos que entrañan prescripción y caducidad
l. La prescripción entraña exclusión del ejercicio de todo derecho que pueda derivar de un contrato.
2. La caducidad entraña exclusión para la emisión de una declaración o para el cumplimiento de un acto.
Sección 2ª
Modos de extinción diferentes del cumplimiento
Art. 130.
Novación
1. La novación es objetiva, cuando las partes concuerdan en la sustitución por otro contrato que sea sustancialmente diferente del contrato preexistente que no ha sido enteramente cumplido y que, de éste modo, se extingue. La novación comporta, además, la extinción tanto de las garantías que sostenían el contrato originario, como de las condiciones accesorias, y, entre ellas,
las facilidades de pago, si no han sido expresamente confirmadas en el acuerdo novatorio.
2. La voluntad de efectuar una novación debe ser manifestada por ambas partes de manera no equívoca, y que puede resultar igualmente del hecho de la incompatibilidad objetiva del primer contrato respecto del segundo.
3. Si los dos dichos contratos no son objetivamente incompatibles, su coexistencia debe resultar de la voluntad inequívoca de cada una de las partes.
4. En caso de duda, se estimará que sólo el contrato originario subsiste modificado.
5. La invalidez del contrato originario no influye sobre la validez del nuevo contrato, tampoco la invalidez del contrato novatorio o del segundo contrato, puede determinar un retorno de la validez del contrato originario; pero la parte que actúa de mala fe responde de los daños que sufra la otra.
6. La reproducción o la repetición del contrato o su redacción por escrito no comportan novación si no se cumplen las condiciones previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. En caso de discordancia entre la expresión originaria y la sucesiva, prevalece, en caso de duda, ésta última.
7. La novación puede referirse, con efectos análogos, a una claúsula particular del contrato o a una obligación que de ella derive.
8. A los acuerdos previstos en los párrafos 1 y 7 del presente artículo se aplica el artículo 36, párrafo 2, del presente Código, en relación con el montante del nuevo contrato o de la nueva obligación.
Art. 131.
Remisión de deuda
1.Una obligación nacida o que puede nacer de un contrato se extingue si el acreedor renuncia a ella de alguna de las maneras siguientes.
2. El acreedor puede declarar en términos no equívocos que renuncia a su derecho, comunicándoselo al deudor, que tiene la facultad, en un plazo apreciable, de declarar que no se quiere beneficiar de ella. La restitución voluntaria del título original del crédito que el acreedor hace al deudor, aún acto seguido del pago parcial de la suma indicada, posee el mismo valor que la susodicha declaración de renuncia del crédito. La remisión acordada al deudor principal libera también a los fiadores. La renuncia por parte del acreedor de las garantías que sostienen el crédito no hace presumir, por el contrario, la remisión de la deuda.
3. El acreedor puede renunciar a su crédito por medio de un contrato concluído con el deudor.
4. El acreedor se puede también obligar respecto del deudor a renunciar a su crédito por medio de un contrato de carácter obligatorio, al que hace seguir un acto abstracto de renuncia a tal crédito. En ese caso, la nulidad del primer contrato no se trasmite al acto sucesivo.
5. Las partes pueden extinguir un contrato unilateral o bilateral mediante un contrato sucesivo por el que ellas renuncien recíprocamente a todos los derechos nacidos o que puedan nacer del primero.
6. A los actos previstos en los párrafos precedentes, y aún si la remisión de deuda no posee contenido transacional, se aplica el artículo 36, párrafo 2, del presente Código, en relación con el montante de la deuda remitida. Si la remisión
tiene lugar a título gratuito, como liberalidad, no es requerida la forma necesaria para la donación.
Art. 132.
Compensación
1.Un crédito derivado de un contrato se extingue por compensación si el acreedor esta obligado, a su vez, a cumplir por cualquier título que sea, una obligación frente a la otra parte. La compensación que puede ser igualmente opuesta por un fiador, se hace en las condiciones previstas en los párrafos siguientes.
2. Los dos créditos recíprocos deben coexistir en la misma fecha, siendo igualmente líquidos y exigibles; deben además tener ambos por objeto una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles de la misma especie y calidad. Extinguiéndose por las cantidades concurrentes.
3. La compensación se produce cuando un acreedor la reclama por una declaración incondicional y sin plazos temporales, que debe ser comunicada a la otra parte o formulada en justicia antes del trámite de contestación. Una tal declaración tiene efecto desde el momento en que es comunicada a la otra parte o desde que se le da traslado si ha sido formulada ante el juez. La contraparte puede en un plazo apreciable manifestar por una declaración su oposición en relación con lo que se prevé en los párrafos siguientes.
4. La compensación no tiene lugar, y contra quién la invoca se concede la facultad de oponerse a ella, si una de las dos deudas deriva de un acto ilícito extracontractual, o si una parte la ha objetado preventivamente con motivaciones idóneas, o si tiene por objeto la restitución de cosas depositadas o donadas en comodato, o cuando que haya habido una renuncia preventiva a la compensación, así como en los demás supuestos previstos por la ley. Para las cuentas corrientes a que se recurre en el cuadro de las relaciones comerciales se aplican los usos. Todo ello, con independencia de las disposiciones sobre los consumidores, que están en vigor en la Unión europea o en sus Estados miembros.
5. Si las dos obligaciones recíprocas deben ser cumplidas por contrato en dos lugares diferentes, se deben calcular los gastos de transporte al lugar del pago, a menos que el acreedor se oponga a la compensación, teniendo un interés plausible a que el cumplimiento tenga lugar en el lugar prevenido.
6. Si las condiciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo no se cumplen, el acreedor tiene solamente un derecho de retención frente a la contraparte, como lo prevé el precedente artículo 108; y, si una de las deudas no es líquida, ni puede ser fácilmente y en poco tiempo liquidada, el juez, a petición del acreedor, puede suspender la condena a éste último, respecto de la obligación que está a su cargo, hasta la verificación de la entidad del crédito que él ha opuesto en compensación. La compensación puede tener lugar por la voluntad de las partes, aún cuando no se cumplan las condiciones previstas en los párrafos precedentes.
7. A las declaraciones previstas por el presente artículo se aplica también lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 2, en relación a la entidad del crédito oponible en compensación.
Art. 133.
Confusión
1. El crédito que deriva de un contrato no es exigible cuando, y por todo el tiempo en que, en relación a éste, las cualidades de acreedor y deudor, se reúnen en la misma persona.
2. Si también se reúnen en la misma persona las cualidades de acreedor y de deudor solidario, el efecto previsto en el párrafo anterior, se produce para la parte del susodicho deudor solidario en favor de los otros deudores. Si en la misma persona se reúnen las cualidades de acreedor solidario y de deudor, el efecto previsto en el párrafo anterior que precede se realiza para la parte del primero. Las mismas reglas se aplican a las obligaciones indivisibles.
3. La confusión no es oponible frente a los terceros que pudieran por ella tener algún perjuicio, y, en todo caso, cuando en las reglas en vigor en la Unión europea y en los Estados miembros, queda excluída en interés de los terceros.
Sección 3ª
Prescripción y caducidad
Art. 134.
Prescripción
1. Si no existen prohibiciones legales, la expiración del tiempo comporta para el acreedor inerte una exclusión del ejercicio de un derecho disponible derivado de un contrato, como lo preven las reglas siguientes.
2. El tiempo calculable para la prescripción comienza a correr a partir del momento en que el acreedor puede hacer valer su crédito siempre que la entidad de éste sea cierta.
3. La prescripción se produce si el deudor, o uno de sus acreedores, o cualquiera que posea un interés legítimo, declara expresamente, judicial o extrajudicialmente, frente al titular del derecho, quererse prevaler de ella. A esta declaración cuando se hace extrajudicialmnte se le aplica el artículo 36, párrafo 2, del presente Código.
4. El plazo de prescripción para todo crédito que nace de un contrato es xx xxxx años, a menos que para los diferentes tipos de contratos o para instituciones determinadas sea previsto un plazo específico. Si interviene una sentencia declarando la prescripción, el plazo de prescripción es en todo caso xx xxxx años, aún si para el derecho reconocido está previsto en el Código un plazo diferente.
5. Las partes pueden convencionalmente reducir el plazo de prescripción xx xxxx años indicado en el apartado 4, pero no los plazos previstos para los diferentes tipos de contrato, exceptuándose las relaciones en las que toma parte un consumidor y solamente en favor de éste.Todo otro acuerdo que tiene por fin modificar la reglamentación legal de la prescripción es nulo. Quedando a salvo,en todo caso, las reglas comunitarias.
6. El curso de la prescripción se interrumpe si el acreedor enprende una acción judicial para hacer valer su derecho, o si formula en el mismo sentido un
requerimiento extrajudicial, o si el deudor reconoce en cualquier manera su propia deuda. A partir de ésta interrupción, comienza de nuevo el transcurso del tiempo.
7. El curso de la prescripción se suspende: entre esposos; entre los que se hallan sometidos a la autoridad parental; a tutela o a curatela o a otra forma de protección o de asistencia análogas, como las previstas en los diferentes sistemas, y los que las ejercen; entre aquéllos cuyos bienes son administrados y los que los administran, hasta que sean rendidas cuentas y éstas sean aprobadas; en cualquier otro caso previsto por la ley. Una suspensión se puede producir, sobre la base de un acuerdo entre el acreedor y el deudor cuando han decidido emprender tratos con vistas a una amigable composición, y en este caso por toda su duración. Desde que la suspensión cesa, el curso del tiempo se reanuda, al que hay que añadir el transcurrido antes del acontecimiento suspensivo.
8. El plazo de prescripción es xx xxxx años para todo otro derecho o acción previstos en el presente Código, a menos que sea indicado un plazo diferente para las diversas situaciones.
Art. 135.
Caducidad
1. A la caducidad no se aplican ni las reglas relativas a la interrupción, ni las relativas a su suspensión, a menos que no sea dispuesto de otros modo por las reglas relativas a los diferentes tipos de contratos.
2. Los plazos de caducidad para la emisión de una declaración o para el cumplimiento de un acto, fijados para cada uno de los diferentes tipos de contrato, pueden ser modificados por acuerdo de las partes, pero en una medida tal que no rinda excesívamente difícil el ejercicio de la carga en cuestión.
Art. 136.
Cálculo de los plazos
Los plazos de prescripción y de caducidad se calculan de la manera prevista en el artículo 58 del presente Código.
TITULO XI
OTRAS ANOMALIAS DEL CONTRATO Y SUS POSIBLES REMEDIOS
Sección 1ª
Anomalías
Art. 137.
Inexistencia
1. No existe contrato alguno en ausencia de un hecho, o de un acto, o de una declaración, o de una situación que pueda ser exteriormente reconocida y referida a la noción social de contrato.
2. En particular, no existe ningún contrato:
a) si la oferta, o, en su caso, la declaración destinada a valer como acto de autonomía privada, no tiene destinatario, o éste está privado de capacidad jurídica cuando se trate de una oferta o aún en el caso de una declaración destinada a valer como de acto de autonomía privada, a menos que exista un substrato de lo que podrá ser el sujeto mismo - como un concebido o una sociedad anónima antes de su inscripción - y en la esperanza de que venga a existencia en su plenitud;
b) si la oferta, o la declaración destinada a valer como acto de autonomía privada, carecen de objeto;
c) si la aceptación - abstracción hecha de la que prevé el artículo 16, en los párrafos 6 y 7 - no corresponde a la oferta a causa del contenido equívoco de ésta última;
d) si el hecho, el acto, la declaración, o la situación, aún existentes, son incompletos, al punto de no poder valer en el plano jurídico ni siquiera como esquema contractual diferente y más reducido, ni en función de la superveniencia de otros elementos que se le pudieran añadir.
3. En caso de duda, se estimárá que hay nulidad y no inexistencia.
Art. 138.
Situación consecuente con la inexistencia
1. La inexistencia determina la ausencia total de cualquier efecto que pudiera derivar en el plano contractual, abstracción hecha de las obligaciones de restitución contenidas en el artículo 160 y de la responsabilidad aquiliana de conformidad con el artículo 161, ambos del presente Código.
2. La situación que se contempla en el artículo 137, párrafos 1 y 2, se produce por el sólo hecho de las condiciones en que se presentan. No es susceptible de ninguna regularización o correctivo, y todo interesado puede tenerla en cuenta sin que a tal efecto corra ningún plazo de prescripción, y para prevalerse de ella puede también hacerla relevante por medio de una declaración de notoriedad, que lleve las indicaciones necesarias, dirigida al que debe levantar acta de ella, y puede también demandar una constatación judicial. Pero ninguna acción puede ser interpuesta antes que hayan pasado seis (tres) meses de la recepción de la susodicha declaración, a fin de dar la posibilidad a las partes de definir la cuestión en el plano extrajudicial. Sin perjuicio de que, en caso de urgencia, se puedan pedir las medidas contenidas en el artículo 172.
Art.139.
Tachaduras
Las disposiciones que figuran en el artículo 138, párrafos 1 y 2, se aplican igualmente cuando una regla dispone que una claúsula o una expresión del contrato son reputadas como no escritas.
Art. 140.
Nulidad
1. A menos que la ley disponga otra cosa, el contrato es nulo:
a) cuando resulte contrario al orden público, a las buenes costumbres, a una regla imperativa establecida para la protección del interés general o para la salvaguarda de situaciones de importancia social primaria;
b) cuando es contrario a cualquiera otra norma imperativa que sea aplicable;
c) cuando le falte uno de los elementos esenciales indicados en el artículo 5, párrafos 3 y 4;
d) en los otros casos indicados en el presente Código, en las leyes pertinentes de la Unión europea y en las de sus Estados miembros, que le sean asimismo aplicables;
e) en todas las hipotésis en que, en este Código o en una ley aplicable, se disponga que un elemento es requerido bajo pena de nulidad o para que el acto sea válido, o que existan expresiones equivalentes.
2. El párrafo l del presente artículo se aplica también a la claúsula de un contrato que puede ser tenido por válido en su parte restante, conforme al artículo 144.
3. En el supuesto de un conflicto entre las reglas de la Unión europea y las de los Estados miembros, serán éstas últimas las que prevalezcan cuando sean de utilidad social nacional y, en particular, sean conformes a los preceptos constitucionales fundamentales en vigor en cada uno de los Estados y en relación con los principios de igualdad, solidariedad social y tutela de la persona humana.
4. En presencia de una prohibición de orden penal hay nulidad si la prohibición concierne al contrato en cuanto tal, es decir si penaliza, en el lugar de su comisión, el comportamiento de las dos partes. El contrato cuya celebración está prohibida, si para concluirle, precisa una autorización específica de parte de un órgano público, cuando no ha sido previamente concedida, es por tanto nulo.
5. Si el cumplimiento de un contrato válido viene insertado en una actividad ilícita, el contrato no es considerado nulo para el contratante que no participa en el ilícito. El tiene, por tanto, la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación que le es debida y puede poner en marcha los remedios previstos en caso de incumplimiento, de incumplimiento inexacto o de retraso.
6. Salvo lo que prevé el artículo 137, párrafo 2, letra d), el contrato al que falta uno u otro de los elementos requeridos no es nulo para el caso en que la ley permita el mecanismo de la formación sucesiva del acto y cuando los elementos ya existentes son jurídicamente idóneos en función de la sobreveniencia de otros que determinan su carácter suficiente.
Art. 141.
Efectos de la nulidad
1. Excepción hecha de lo que está previsto en los artículos sucesivos, la nulidad determina la ausencia, desde su origen, de cualquier efecto que sea en el plano contractual. abstracción hecha de las obligaciones de restitución contenidas en el artículo 160 y de la eventual responsabilidad aquiliana también en virtud del artículo 161.
2. La nulidad se produce por el simple hecho de que concurran las condiciones requeridas para ello, pero la parte que pretenda hacerla valer debe, antes de que transcurra el plazo de prescripción xx xxxx años, a partir de la conclusión del contrato, ponerla de relieve mediante una declaración dirigida a la
contraparte, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2. Puede también, antes de que transcurra el citado plazo de prescripción instar una declaración judicial a este propósito; pero la acción no puede ser interpuesta antes de que hayan transcurido seis (tres) meses desde la recepción de la susodicha declaración, a fin de permitir a las partes definir la cuestión en el plano extrajudicial. Si el contrato no ha sido todavía cumplido, la excepción de nulidad prescribe en el momento en que prescriba la acción encaminada a demandar el cumplimiento del contrato mismo.
3.Queda a salvo la facultad de demandandar al juez, en caso de urgencia, las medidas contenidas en el artículo 172.
Art. 142.
Caducidad
1.Cuando llega a faltar un elemento esencial para la validez del contrato por la superveniencia de un acontecimiento posterior a su formación e independientemente de la voluntad de las partes, la nulidad que se produce no tiene efecto retroactivo.
2. Salvo lo que esta previsto en el párrafo anterior, las disposiciones concernientes a la nulidad se aplican a la caducidad.
Art. 143.
Confirmación del contrato nulo
1. Los contratos que sean nulos por los motivos indicados en el artículo 140, párrafo l, letra a), no son susceptibles de confirmación, ni de que les sea aplicable la nulidad parcial y la conversión así como cualquier otro remedio.
2. Los contratos que sean nulos por un motivo diferente de aquéllos que hace referencia el párrafo anterior, son susceptibles de confirmación. Esta, tiene lugar, mediante un acto llevado a cabo por las propias partes, por el que, reproducen el contrato nulo, eliminando el motivo de la nulidad, obligándose a proveer a las restituciones que sean debidas y, además, a efectuar recíprocamente las prestaciones correspondientes, tal y como estas habrían debido ser, si el contrato hubiera sido válido desde el comienzo. A susodicho acto se aplica el artículo 36, párrafo 2.
3. Para llevar a cabo en tal modo la confirmación las partes pueden proceder como lo disponen los artículos 12 y siguientes del presente Código.
4. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables también, en el caso de la simple claúsula de un contrato que puede ser considerado válido en el resto, sobre la base de lo que dispone el artículo siguiente.
Art. 144.
Nulidad parcial
1. Salvo lo dispuesto en el art.143, párrafo primero, si la nulidad alcanza unicamente a una claúsula o a una parte del contrato, este permanece válido en la parte restante, siempre que ésta última, posea por sí misma, consistencia y validez autónomas y realice de manera razonable el fin perseguido por las partes.
2. En los contratos complejos o con más de dos partes, si la nulidad alcanza a un solo contrato o a una sóla de las partes implicadas, el principio contenido en el párrafo anterior es aplicable si, el contrato nulo, o, respectivamente, la vinculación de una sóla de las partes, no revisten un alcance esencial en relación con el contenido del negocio en su conjunto.
3. La regla contenida en el párrafo primero del presente artículo, no se aplica si, del acto o de sus circunstancias, resulta una voluntad diferente de las partes.
4. La nulidad parcial se produce por el sólo hecho de que concurran las condiciones para ello requeridas; pero la parte que desee hacerla valer, debe, antes de que termine el plazo de prescripción de tres años, que empieza a correr desde la fecha de conclusión del contrato, dirigir a la contraparte una declaración a tal efecto, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican los artículos 21 y 36, párrafo 2. Puede, además, antes de que transcurra el mismo plazo de prescripción, instar una declaración judicial; pero no podrá ser emprendida acción alguna antes de que hayan pasado seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, a fin de dar la posibilidad a las partes de solventar la cuestión de manera extrajudicial, dejando a salvo, la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el art. 172.
5. La nulidad parcial no se produce si la claúsula o parte nula viene sustituída por una claúsula o una parte diferente, por efecto de una regla imperativa o en virtud de la regla de la conversión contenida en el artículo 145.
Art. 145.
Conversión del contrato nulo
1. Con independencia de lo que dispone el artículo 40, xxxxxxx 0, x xx xxxxxxxx 000, xxxxxxx l, el contrato nulo produce los efectos de un contrato diferente y válido, si contiene sus elementos de fondo y de forma, de modo que permita realizar de manera razonable el fin perseguido por las partes.
2. La regla contenida en el párrafo anterior se aplica igualmente a una simple claúsula de un contrato.
3. La conversión no tiene lugar cuando del contrato o de sus circunstancias resulta una voluntad diferente de las partes,
4. La conversión se produce por el simple hecho de que concurran las condiciones para ello requeridas; pero la parte que intente hacerla valer, dentro del plazo de prescripción de tres años, que empieza a contarse desde la fecha de conclusión del contrato, debe dirigir a la contraparte una declaración a éste efecto, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican los artículos 21 y 36, párrafo 2. Puede, además, antes de que transcurra el mismo plazo de prescripción, instar una constatación judicial; pero no podrá ser interpuesta acción alguna antes de que transcurran seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, a fin de de que las partes puedan tener la posibilidad de solventar la cuestión de manera extrajudicial, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
5. Las reglas del presente artículo se aplican también al contrato anulado. Por lo que concierne al contrato ineficaz se reenvía a lo que dispone el artículo 153, párrafo 3.
Art. 146.
Anulabilidad
1. La anulabilidad tiene lugar en los casos indicados en el párrafo siguiente y puede hacerse valer unicamente por la parte a la que la ley otorga una tal facultad.
2. El contrato es anulable:
a) en el caso de incapacidad de una de las partes, como lo prevé el artículo 150;
b) cuando media un vicio del consentimiento, como lo preveen los artículos 151 y 152.
c) en los supuestos contenidos en los artículos 67 y 68;
d) en cualquier otro caso expresamente previsto por la ley.
3. El presente artículo es aplicable también a la simple claúsula de un contrato o a la vinculación de una de las partes a un contrato plurilateral, cuando la una y la otra posean, por sí mismas, una consistencia y una relevancia jurídica autónomas con relación al negocio en su conjunto.
Art. 147.
Efectos de la anulación
1. La anulación invalida el contrato con efecto retroactivo, es decir a partir de su conclusión, y las dos partes vienen obligadas a proceder a las restituciones recíprocas correspondientes como lo prevé el artículo 160.
2. La disposición establecida en el párrafo precedente no será aplicable si la restitución llega a ser imposible o excesivamente onerosa para la parte que debe efectuarla. En este caso, la anulación invalida el contrato a partir del momento en que tiene lugar la declaración prevista en el artículo 148, aplicándose la regla contenida en el artículo 160, párrafo 4.
3. La anulación del contrato determina, - a cargo del que por su comportamiento lo haya provocado, en el sentido del artículo 162 - la obligación de reparación del perjuicio sufrido por la otra parte, en la medida indicada en el artículo 6, párrafo 4.
Art. 148.
Modalidades y plazos de anulación
1. Para proceder a la anulación del contrato la parte para ello legitimada, o si es incapaz, su representante legal, deben dirigir a la contraparte una declaración, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2.
2. Ninguna acción puede ser interpuesta antes de que transcurran seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, a fin de que las partes tengan la posibilidad de solventar la cuestión de manera extrajudicial, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
3. La parte que no está en condiciones de efectuar la restitución como lo prevé el artículo 147, párrafos 1 y 2, no puede proceder a la anulación, dejando a salvo los límites previstos por el artículo 150, párrafo 4, a favor de los incapaces.
4. La contraparte, o todo interesado, puede intimar al legitimado - o si éste último es incapaz, a su representante legal - a declarar en un plazo no inferior a sesenta días, si cuentan proceder o no a la anulación del contrato. Una vez que ha transcurrido en vano éste plazo, se entiende a todos los efectos que el legitimado o su representante legal, han renunciado a hacerlo. A la susodicha interpelación se aplican las disposiciones precedentes, contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2.
5. La anulación del contrato está sometida al plazo de prescripción de tres años. Este período corre a partir del día en que ha cesado la incapacidad o la violencia, o bien a partir del día en que se ha descubierto el error y, en los otros casos, a contar del día de la conclusión del contrato. Pero la declaración de anulación, conforme al párrafo l del presente artículo, puede ser emitida y opuesta como excepción de cumplimiento del contrato por quién resulte demandado, aún después de transcurrido el plazo de tres años.
Art. 149.
Mantenimiento y confirmación del contrato anulable
1. La anulación no tiene lugar si, en el plazo indicado para ello en la declaración de la parte que proceda a instarla (o, si no ha sido precisado plazo, en un término razonable), la contraparte se compromete al cumplimiento del contrato conforme al contenido y a las modalidades, respecto de las que dicha parte entendía haber concluído el contrato, o a efectuar las prestaciones acordadas por las partes, aptas para asegurar un resultado sustancialmente análogo, o que sea aceptable por la parte interesada.
2. El contrato anulable puede ser confirmado, permaneciendo entonces en vigor a todos los efectos, si el contratante cualificado para instar la anulación o su representante legal, declaran, observando la disposición contenida en el artículo 36, párrafo 2, renunciar a la anulación o cumplen voluntariamente el contrato mismo. La confirmación supone que el susodicho contratante, o, si es incapaz, su representante legal estén en condición de concluir un contrato válido y además sean plenamente conscientes del motivo de la anulabilidad.
Art. 150.
Contrato concluído por un incapaz
1. En los supuestos previstos en el artículo 5, párrafo 2, el contrato concluído por:
a) un menor no emancipado;
b) una persona declarada legalmente incapaz sin que en la estipulación intervenga la persona que deba representarle o asistirle legalmente;
c) una persona que, aún a título transitorio, no se halla en condiciones de entender o de querer:
d) una persona cuyas facultades físicas son alteradas hasta el punto de no poderle permitir expresar su voluntad, como el sordo mudo que no sabe leer y escribir;
es anulable como lo preveen los artículos 146 y siguientes, a menos que del contrato en cuestión no deriven más que ventajas para el incapaz.
2. El contrato no es anulable si el menor ha ocultado por engaño su edad o si la contraparte era de buena fe, porque las condiciones de enfermedad mental del incapaz no eran descubribles, o su estado declarado de incapacidad no era fàcilmente identificable.
3. El contrato concluído por un incapaz no es además anulable, en la hipótesis prevista por el artículo 5, párrafo 1, si ha obtenido las autorizacines requeridas por su ley nacional, y si se trata de uno de los actos usuales en su vida cotidiana que comportan un gasto modesto y son efectuados con empleo de dinero o de medios provenientes de actividades de trabajo permitidas al incapaz, o bien por haber sido puestos legalmente a su disposición a fin de que pueda disponer líbremente.
4. Una vez anulado el contrato, el incapaz viene obligado a la restitución de lo que haya recibido, conforme al artículo 160, párrafo 8, en los límites en que haya obtenido una ventaja efectiva.
5. Los terceros que han garantizado el contrato estipulado por un incapaz responden del contrato en cuestión frente a la contraparte, aún si el contrato ha sido anulado, estando preservado su derecho de reintegro, si ha lugar, sobre el incapaz o sobre su representante legal.
Art. 151.
Contrato viciado por error
1. El error unilateral hace anulable el contrato si intervienen las condiciones siguientes:
a) si es relativo a un elemento o a un aspecto, económico o jurídico, fundamental del contrato y cuya presencia reviste tanta importancia que es determinante del consentimiento;
b) si es además provocado por una declaración engañosa o por una actitud reticente, injustificada, de la contraparte, o aún cuando ésta última se da cuenta del error y de su importancia determinante o habría debido darse cuenta utilizando una normal diligencia.
2. Si la declaración engañosa proviene de un tercero, el contrato es anulable cuando el engaño era conocido por la contraparte que de él ha obtenido ventaja.
3. Si las condiciones contenidas en el párrafo 1, no intervienen, el error que no depende de una negligencia grave de la parte que es víctima de ella, permite a ésta proceder a la anulación del contrato, unicamente, cuando se ponga de manifiesto que para ella queda totalmente privado de interés e indemnice, a la contraparte, del perjuicio que ella ha sufrido por haber creído en la validez y en el cumplimiento puntual del contrato.
4. Si existen las condiciones contenidas en el párrafo 1, letra b), del presente artículo, el error no hace anulable el contrato sino que permite a la parte que ha sido víctima del mismo pretender una rectificación de la entidad de la prestación que le es debida o la reparación del perjuicio, cuando:
a) se trata de un error de cálculo, a menos que éste sea de una entidad tal que deba considerarse como determinante del consentimiento;
b) el error recae sobre un elemento secundario o no ha tenido un efecto determinante del consentimiento, es decir, cuando el contrato en cuestión hubiera sido en todo caso concluído, pero con condiciones diferentes.
5. La parte que hace valer el error no puede proceder a la anulación del contrato si ello se revela contrario a la buena fe; y cuando, a pesar de ello, persiste en su pretensión después de la réplica motivada de la contraparte, puede ser condenada, una vez evaluadas las circunstancias, a entregar a la contraparte una indemnización equitativa.
6. Las disposiciones contenidas en los párrafos precedentes se aplican, aún si el error tiene lugar sobre la declaración o cuando ella es transmitida de manera inexacta a la contraparte, por la propia persona o por la oficina que se encargue de ello.
7. El error común, concerniente a las circunstancias determinantes, aún cuando no sean expresamente mencionadas, que en la convicción de las partes han acompañado la conclusión del contrato o relativo a la imposibilidad objetiva de su cumplimiento, o la previsión errónea concierniente a la realización de un acontecimiento, aún no expresamente declarado pero que en la economía del contrato reviste una importancia determinante, rinden anulable el contrato en cuestión por iniciativa de cualquiera de ellas.
Art. 152.
Contrato viciado por violencia moral
1. Con independencia de lo que se halla previsto en el artículo 30, párrafo 1, el contrato es anulable si ha sido concluído bajo el efecto determinante de intimidaciones o de amenanzas graves, en la medida de impresionar con ellas a toda persona normal, cuando hayan sido dirigidas a la parte, o a sus próximos, por la contraparte o aún por un tercero, pero, en éste últmo caso, unicamente cuando la contraparte ha sido consciente de la actuación xxx xxxxxxx y obtenido por ello una ventaja.
2. La amenaza de hacer valer un derecho, podrá ser causa de anulación del contrato, unicamente, cuando ella sirve para conceder ventajas injustas.
3. Salvo lo que se prevé en el artículo 156, el miedo reverencial hace anulable el contrato, unicamente, cuando resulta de la circunstancia, según la cual, el que lo ha causado, era consciente de la influencia determinante que podía tener sobre la otra parte, y que, además, obtenga de ello ventajas injustas.
Art. 153.
Ineficacia
1. Un contrato válidamente concluído será ineficaz - es decir no producirá temporal o definitivamente los efectos jurídicos para los cuales ha sido concertado - o por voluntad de las partes, o por decisión de la ley, como lo prevén los párrafos siguientes.
2. Es ineficaz por voluntad de las partes:
a) el contrato simulado, conforme al artículo 155, salvo lo que está allí
previsto;
b) el contrato sometido a condición suspensiva o resolutoria, o a plazo
inicial o final, como lo prevén los artículos 49 y siguientes;
c) el contrato en el que, para su eficacia, las partes han convenido como necesaria la autorización de un órgano público, la aprobación o la cooperación de un tercero o una condición preliminar parecida, antes de que ellas intervengan.
3. El contrato ineficaz por voluntad de las partes, adquiere una eficacia inmediata mediante revocación consensual del acuerdo de simulación o del relativo a la condición, al plazo, o a las condiciones preliminares que figuran en la letra c) del párrafo precedente.
4. Es ineficaz por disposición de la ley, con independencia de lo que disponen los párrafos 1, 4 y 6 del xxxxxxxx 000:
a) el contrato que ha sido concluído o la declaración que ha sido emitida de buena fe sin que haya conciencia de llevar a cabo un acto destinado a tener efectos jurídicos;
b) el contrato por el cual la ley prevé como condición de eficacia, y por tanto no bajo pena de nulidad, la entrega de la autorización de un órgano público o la aprobación de un particular, o una semejante condición preliminar, antes de que intervengan las citadas autorizaciones, aprobaciones o condición preliminar;
c) el contrato en los casos en que, en el presente Código o en las leyes comunitarias o en las de los Estados miembros de la Unión europea, se precise que queda sin efecto o que no tiene efecto o que así resulte de expresiones que posean una significación análoga.
5. El contrato que se revela definitivamente ineficaz en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo cuarto de éste artículo es susceptible de confirmación, de eficacia parcial, y de conversión como lo prevén respectivamente los artículos 143, 144 y 145.
6. La ineficacia se produce por el sólo hecho de que se hallen presentes las condiciones que dan lugar a ella; pero en los casos que figuran en las letras a) y
c) del párrafo 4 del presente artículo, todo interesado que la quiera hacer valer debe dirigir, a quién corresponda recibir el requerimiento, una declaración conteniendo las indicaciones necesarias, antes que transcurra el plazo de prescripción de tres años; y puede igualmente, dentro del mismo tiempo, demandar una constatación judicial al respecto. Pero antes de que hayan pasado seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, no puede interponer acción alguna, a fin de que las partes tengan la posibilidad de solventar la cuestión de manera extrajudicial, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
Art. 154.
Inoponibilidad
1. Son inoponibles a los terceros o unicamente a ciertos terceros:
a) el contrato disimulado que figura en el artículo 155 en relación con lo que aquí se dispone;
b) dejando aparte lo que prevé el artículo 140, párrafo 1, letra a), el contrato concertado en violación de una disposición dirigida a proteger personas determinadas o sin la observación de las prescripciones de forma o de publicidad dispuestas a favor de terceros;
c) el contrato concluído conscientemente entre las dos partes en fraude del acreedor de una de ellas; en éste caso el acreedor puede con efecto retroactivo hacerle inoponible por medio de una declaración, enviada a las dos partes, antes del plazo de prescripción de tres años;
d) las situaciones y las relaciones de hecho que encubren contratos nulos o llevadas a cabo para darles curso;
e) el contrato y el acto en relación con los que en el presente Código - o en las reglas comunitarias o de los Estados miembros de la Unión europea que sean aplicables - se precise que son inoponibles a los terceros o a personas determinadas o que así resulten serlo de expresiones análogas.
2. La inoponibilidad se produce por el sólo hecho de que concurran las condiciones para ello requeridas; pero todo interesado en sacar provecho de ella debe enviar una declaración, que contenga las indicaciones necesarias, a quién deba ser requerido, antes de que transcurra el plazo de prescripción de tres años; pudiendo también antes de su expiración demandar una constatación judicial a tal efecto. Pero antes de que hayan transcurrido seis (tres) meses a contar de la recepción de susodicha declaración, no puede ser interpuesta acción alguna, a fin de dar a las partes la posibilidad de solventar la cuestión de modo extrajudicial, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
Art. 155.
Simulación y reserva mental
1. Dejando a salvo toda disposición comunitaria o en vigor en los Estados miembros de la Unión europea que sea aplicable, cuando las partes llevan a cabo un contrato simulado, es decir solamente en apariencia, este es ineficaz; y si ellas mismas entienden además concluir un contrato diferente, disimulado, éste último es el que tiene efecto, siempre que venga dotado de los elementos necesarios de fondo y de forma y que la simulación no se haya efectuado en fraude de un acreedor o de la ley; en éste caso, serán nulos los dos, tanto el contrato simulado como el disimulado.
2. El tercero, aparte de su facultad de alegar la inoponibilidad del contrato disimulado, puede igualmente declarar que quiere hacerlo valer en su provecho, conforme a sus intereses lícitos; no poniéndose ningún límite a la prueba que sea formulable para los citados fines.
3. Las partes contratantes, para hacer valer el contrato disimulado, después de haber emitido a tal efecto una declaración apropiada, conteniendo las indicaciones necesarias y a la que se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2, no pueden recíprocamente prevalerse de la prueba testifical, sino unicamente de la prueba documental. La prueba testifical no es admisible más que para llegar a establecer que el contrato documentado es ilícito o de toda manera nulo.
4. Cuando una parte emite una declaración no conforme a su voluntad dirigiéndose a otro, la declaración en cuestión vincula, a pesar de todo, en el sentido que el destinatario la pueda interpretar de buena fe, a menos que éste último sea consciente de la reserva mental; en éste caso, la declaración produce para el destinatario y los terceros los mismos efectos que los de un acto simulado, conforme a los párrafos precedentes.
Sección 2ª
Remedios
Art. 156.
Rescisión por lesión
1. Aparte de lo que se halla previsto para la usura por las reglas comunitarias o en vigor en los Estados miembros de la Unión europea que sean aplicables, en la hipótesis prevista en el artículo 30, párrafo 3, la parte que desee proceder a la rescisión del contrato debe dirigir a la contraparte una declaración, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2.
2. Pero no podrá ser emprendida ninguna acción hasta que transcurran seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, a fin de que las partes tengan la posibilidad solventar la cuestión de manera extrajudicial, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
3. La contraparte o todo interesado pueden intimar a la persona legitimada - o cuando éste último es incapaz, a su representante legal - para que declare en un plazo no inferior a sesenta días si ellos cuentan o no con hacer valer la rescisión del contrato. Una vez que ha transcurrido en vano este plazo, se entiende a todos los efectos que el sujeto cualicado o su representante legal han renunciado a ello. A la citada intimación se aplican las reglas contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2.
4. La rescisión del contrato se sujeta al plazo de prescripción de un año a contar de la fecha de la conclusión del mismo. Dicho plazo se aplica también a la excepción de rescindibilidad.
5. La intención o en todo caso la conciencia en una de las partes de abusar de la situación de inferioridad o de inexperiencia de la contraparte pueden resultar de las circunstancias; pero deben ser excluídas en los contratos aleatorios y cuando la propia contraparte ha manifestado la voluntad de entregar una suma elevada en razón de una afección particular respecto del objeto del contrato, o bien cuando, de las relaciones entre las partes, pueda deducirse que han querido concluir un contrato mixto, a título tanto oneroso como lucrativo.
6. El contrato rescindible no es objeto de confirmación, pero la rescisión no tiene lugar si su contenido es conforme a la equidad sobre la base del acuerdo de las partes o, a instancia de una de ellas, por decisión judicial.
Art. 157.
Nueva negociación del contrato
1. Cuando se producen acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, como los indicados en el artículo 97, párrafo primero, la parte que pretende hacer valer la facultad, prevista por dicha regla, debe dirigir a la contraparte una declaración conteniendo las indicaciones necesarias y precisar, además - bajo pena de nulidad de la petición - las diferentes condiciones que propone para mantener en vida el contrato en cuestión. A ésta declaración se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, letra 2.
2. Pero no se podrá interponer acción alguna, antes de que transcurran seis (tres) meses, a contar de la recepción de la susodicha declaración, a fin de dar a las partes la posibilidad de solventar la cuestión por medios extrajudiciales, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
3. Cuando tiene lugar el caso previsto en el párrafo primero, la contraparte puede dirigirse a la parte cualificada para ejercer la facultad que aquí se prevé, para que declare, en un plazo no inferior a sesenta días, si pretende o no demandar la renegociación del contrato. Si este plazo transcurre inútilmente, se considera a todos los efectos que la persona en cuestión ha renunciado a ello. A la citada intimación se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, párrafo 2.
4. Si antes del plazo a que se refiere el párrafo segundo del presente artículo, las partes no llegan a un acuerdo, la persona legitimada tiene el deber, en los sesenta días siguientes, bajo pena de caducidad, de plantear su petición ante el juez, según las reglas de procedimiento aplicables en el lugar donde el contrato deba ser cumplido.
5. El juez, después de haber valorado las circunstancias y habida cuenta los intereses y las peticiones de las partes, puede, disponiendo eventualmente la práctica de un dictámen pericial, modificar o dejar sin efecto el contrato en su conjunto o en la parte incumplida, y, si ha lugar, y cuando ello le ha sido solicitado, ordenar las restituciones y condenar a la reparación del daño.
Art. 158.
Confirmación o negación judicial de la resolución
1. Las declaraciones a que se refiere el artículo 114, párrafos 1 y 2, pueden ser dirigidas a la contraparte también por intermedio de una demanda judicial, en la que pueden ser reclamadas asimismo las restituciones y los daños y perjuicios.
2. Aparte del supuesto a que se refiere el párrafo anterior, ninguna acción podrá ser interpuesta antes de que hayan transcurrido seis (tres) meses a contar de la recepción de las declaraciones indicadas en el artículo 114, párrafos 1 y 2, a fin de que las partes puedan disponer de un medio para componer de manera extrajudicial la controversia. Queda a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172.
3. Cuando el derecho de proceder a la resolución del contrato es sometido a exámen del juez, éste puede ejercer los poderes de apreciación y de decisión que están previstos en los artículo 93 y siguientes. En particular el juez:
a) puede confirmar, sin más, la resolución advenida, conforme a la declaración del acreedor, y además condenar a las restituciones y a los daños y perjuicios, como lo preveen los artículos 162 y siguientes;
b) puede negar la resolución del contrato, si no se presentan en el mismo las condiciones requeridas para ello, sobre la base de lo dispuesto en el título VIII, declarando, si tal es el caso, que el deudor puede proceder a su cumplimiento y que el acreedor debe aceptarlo;
c) puede conceder al deudor, conforme a las reglas indicadas más arriba, una prórroga del plazo de cumplimiento, o un fraccionamiento del mismo, o la posibilidad de eliminar en un plazo razonable los defectos de la cosa entregada, o
de demoler y de volver a poner, en el estado en que estaba, lo que ha hecho y que no había debido hacer, o de entregar una cosa o de efectuar una prestación diferente, o de reemplazar las cosas o los materiales empleados, o de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, o de enviar técnicos que aseguren el funcionamiento de la cosa entregada, o de acordar al deudor otros beneficios, así como efectuar las valoraciones previstas por las reglas más arriba indicadas; declarar que el contrato es considerado como sin efecto, si el deudor no se prevale, antes del término que le ha sido fijado, de los citados beneficios o se prevale de ellos de una manera inadecuada, quedando a salvo, en todos los supuestos aludidos, la condena a la reparación del perjuicio;
d) además, según la evaluación de todas las circunstancias, habida cuenta las causas de incumplimiento y los intereses de las partes, haciendo aplicación del principio de la buena fe, puede declarar la resolución unicamente de manera parcial o precisando que el deudor no viene obligado a ninguna indemnización, o condenar al deudor a la reparación de daños sin declarar que el contrato queda sin efecto en interés del acreedor.
Art. 159.
Desistimiento efectuado por un consumidor
1. En el caso previsto por el artículo 9, el consumidor insatisfecho o que ha cambiado de idea tiene el derecho de desistir del contrato o de su oferta contractual, enviando a la contraparte, o con el mismo efecto a la persona que ha concluído la negociación, una declaración escrita en la que se puede limitar a expresar su intención de desistir del contrato o de su oferta.
2. La citada declaración, a la que se aplica el artículo 21, debe ser enviada según las modalidades y, además, en los plazos previstos por las disposiciones comunitarias, en relación con el hecho de que el consumidor haya sido o no haya sido plenamente informado de su derecho a desistir. Estos plazos corren a partir de las fechas indicadas por las disposiciones en cuestión.
3. En el momento en que la declaración que figura en el párrafo primero de éste artículo es conocida o es reputada conocida por su destinatario, las partes quedan liberadas de sus obligaciones respectivas, con excepción de lo que se prevé en el párrafo 4 del presente artículo, quedando a salvo el derecho del consumidor a ser indemnizado del perjuicio que la cosa entregada le ha procurado sobre la base de lo que dispone el artículo 162. Esta disposición no impide ninguna otra, de las disposiciones comunitarias, ni de las que se hallen en vigor, en los Estados miembros de la Unión europea, que inflingen sanciones específicas a cargo del comerciante que no haya, plena y exáctamente, informado al consumidor de su derecho de desistimiento.
4. El consumidor debe restituir a la contraparte las cosas que le hayan sido entregadas, en cumplimiento del contrato del que ha desistido, como lo disponen las citadas disposiciones comunitarias. Asimismo, la contraparte, en los plazos y en las modalidades previstas, por aquéllas últimas, debe restituir al consumidor las sumas que hayan sido pagadas por éste.
5. El consumidor no puede renunciar a su derecho a desistir del contrato o de su oferta contractual, y todo pacto contrario a las disposiciones que figuran en el presente artículo y en el artículo 9 es nulo, conforme al art.140, párrafo 1, letra a).
Art. 160.
Restitución
1. Salvo lo previsto en el párrafo 9, las partes a cuyo favor han sido efectuadas las prestaciones en relación con un contrato inexistente, nulo, anulado, ineficaz, rescindido, resuelto,o del que se haya desistido, quedan obligadas a restituirse recíprocamente lo que ellas hayan recibido, como lo prevé el presente artículo; y cada una de ellas puede rechazar el hacerlo en tanto que la contraparte no se halle dispuesta a ello o no se ofrezca a hacerlo.
2. La demanda de restitución debe ser efectuada por envío, a la contraparte cualificada para ello o legitimada, de una declaración, conteniendo las indicaciones necesarias, a la que se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, xxxxxxx 0; pero antes de que transcurran seis (tres) meses a contar de la recepción de la susodicha declaración, no puede ser interpuesta acción alguna, con el fin de que las partes tengan la posibilidad de solventar la cuestión por medios extrajudiciales, dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el art. 172.
3. La restitución se debe efectuar en principio en forma específica, a menos que sea material o juridícamente imposible o excesivamente onerosa para el que deba proceder a ello, habida cuenta el interés de la contraparte, o si no es ventajosa para ella visto el estado de conservación de la cosa a restituir. Cuando se produzcan semejantes situaciones, la restitución debe ser efectuada por entrega a la contraparte de una suma de dinero razonablemente equivalente; suma de dinero que, a falta de acuerdo entre las partes, es determinada en su cuantía por el juez como deuda de valor, haciéndose valer la posibilidad de proceder a un cálculo equitativo, compensatorio de las restituciones recíprocamente debidas por las dos partes.
4. En cualquier caso, aún si la restitución en forma específica es posible, la posibilidad de elegir entre ella y una suma de dinero, determinada conforme a lo que dispone el párrafo anterior, pertenece a quién tiene el derecho de obtenerla a menos que ésta opción sea contraria a la buena fe.
5. Cuando se trata de restituir una suma de dinero, se deberán agregar los intereses, y, si ha lugar, una suma suplementaria por revalorización: y ésta, a contar desde día en que la prestación en dinero fué en su tiempo efectuada, si el que la ha recibido era de mala fe, y, al contrario, a partir del que la restitución ha sido reclamada, si era de buena fe, Si se trata de restituir una cosa, una suma de dinero también será debida por su empleo o por su depreciación - a cuyo importe hay que agregar los intereses y, si ha lugar, la revalorización - suma que, en ausencia de acuerdo por las partes, es determinada por el juez.
6. Los intereses son debidos según lo dispone el artículo 169, párrafo 3. El cálculo de revalorización debe ser efectuado como lo prevé el artículo 169, párrafo 4.
7. Si la prestación efectuada en tiempo consistía en una actividad lícita, efectuada en ventaja de la contraparte, la que la ha realizado tiene derecho a una remuneración equitativa que, a falta de acuerdo entre las partes, es determinada por el juez, quedando a salvo la posibilidad de proceder a un cálculo compensatorio, como lo prevé el párrafo tercero in fine de este artículo.
8. El incapaz está obligado a restituir lo que le ha sido prestado en los límites prevenidos en el artículo 150, párrafo 4.
9. No tienen derecho a obtener las restituciones que figuran en este artículo, los sujetos que han efectuado prestaciones en cumplimiento de contratos que constituyan delitos, comportando consecuencias penales o que estén en contraste con las buenas costumbres o con el orden público, y no así, al contrario, con el orden público económico, y además la parte que ha efectuado una prestación para un fin que, aún solamente para ella, presenta los citados caracteres. Esta regla no se aplica a las prestaciones efectuadas por un incapaz, por el que ha ignorado cometer un acto inmoral o que presente los citados caracteres o cuando haya actuado por coacción. Quedando a salvo las disposiciones comunitarias, o de los Estados miembros de la Unión europea, que disponen para casos semejantes la confiscación de las citadas prestaciones.
Art. 161.
Protección de los terceros
1. En todas los supuestos de inexistencia, nulidad, anulación, ineficacia, inoponibilidad, rescisión, resolución y desistimiento, cada parte es responsable de los daños que, a causa de su comportamiento, sufran los terceros por haber de buena fe contado con la apariencia del contrato así creado, si el acto en cuestión es nulo o ha tenido un efecto diferente de la nulidad.
2. La reparación del daño viene regulada por las disposiciones que figuran en los artículos 162 y siguientes, en la medida que ellas sean compatibles.
Art. 162.
Condiciones de la responsabilidad contractual
1. En caso de incumplimiento, de incumplimiento inexacto o de retraso, el deudor está obligado a reparar los daños que, razonablemente, deben ser considerados que constituyen su consecuencia. Quedando a salvo lo que prevé el párrafo 3 de éste artículo, el deudor queda liberado de la responsabilidad si demuestra que el incumplimiento, el cumplimiento inexacto o el retraso, no son atribuibles a su conducta, sino producidos como consecuencia de una causa (extraña) imprevisible e irresistible.
2. El principio anterior, que figura en el párrafo 1 que precede, se aplica a cualquier otro hecho o situación considerados fuente de responsabilidad por daños en las reglas del presente Código.
3. En los casos previstos por el artículo 75, párrafo 3, el deudor queda liberado de la responsabilidad por daños si demuestra haber adoptado la diligencia requerida en la situación específica, como se indica en la citada disposición, y si suministra las pruebas exigidas en el artículo 94, párrafo 3. Si el deudor de una prestación profesional ha obrado al cumplirla, con el consentimiento del que ha sufrido el perjuicio, o de los que se son próximos, o del que está encargado de su representación o asistencia legal, estando debidamente informados, en un terreno en el que la experiencia científica no ha alcanzado todavía resultados consolidados, responde solamente si se comporta con culpa grave.
4. La reparación que debe el deudor, a menos que haya obrado con dolo o culpa, queda limitada al daño que - sobre la base del texto del contrato, de las circunstancias, de la buena fe y de los usos - se deba razonablemente considerar
que él ha implícitamente asumido, en tanto que persona normalmente avisada, al momento de la estipulación del contrato, la obligación de responder.
5. A falta de un acuerdo diferente, el deudor es responsable conforme al párrafo 1 de este artículo, aún cuando ha recurrido, para el cumplimiento del contrato, a auxiliares o a terceros, quedando a salvo su derecho de repetir, si ha lugar, sobre estos últimos.
6. Salvo pacto en contrario, en caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto o de retraso, relativos a un contrato en el que existan muchos deudores, se aplica para la reparación del daño alcanzado la regulación prevista en el artículo 88.
7. La existencia del daño debe ser probada y la entidad del mismo verificada, o bien debe ser cuantificable como lo prevé el artículo 168, párrafo 1.
Art. 163.
Daño patrimonial reparable
1. El daño patrimonial reparable comprende:
a) tanto la perdida xxxxxxx,
b) como la ganancia dejada de obtener, o que el acreedor podía razonablemente esperar, según el curso ordinario de las cosas, habida cuenta las circunstancias particulares y las medidas que ha adoptado. Forma parte de la ganancia dejada de obtener, la pérdida de una probabilidad de ganancia que se pueda considerar, con certeza razonable, que se hubiera producido y que debe ser evaluada con referencia al momento del incumplimiento o del retraso.
2. El daño patrimonial reflejo, sufrido por el que posee un derecho de crédito frente a la víctima del daño, no es reparable más que en caso de fallecimiento o de lesiones graves cuando hayan alcanzado a éste último.
Art. 164.
Daño moral reparable
1. El daño moral es reparable:
a) en caso de grave perturbación psíquica de los sentimientos de afección, provocada por lesiones físicas o por atentados al patrimonio moral, incluso en el caso de una persona jurídica, o a la memoria del familiar difunto;
b) en caso xx xxxxxxx físicos como condición de sufrimiento corporal, aún si no va acompañado de alteraciones patológicas, orgánicas o funcionales;
c) en los atentados contra la salud y en los demás casos indicados por las disposiciones aplicables.
2. El daño moral reflejo no es reparable más que si ha sido sufrido por los más próximos parientes o el cónyuge del difunto.
Art. 165.
Daño futuro y eventual
1. El daño futuro es reparable y calculable como lo prevé el artículo 168, párrafo l, si existe la certeza razonable de que el incumplimiento o el retraso no han agotado su eficacia causal, a menos que la parte víctima del daño se reserve exigir su reparación, también de manera separada, después que se haya producido.
2. El daño eventual, que se teme pueda verosímilmente producirse en el futuro, no da lugar a reparación antes de que se haya producido, pero el juez puede adoptar medidas conservatorias como lo prevé el artículo 172.
Art. 166.
Función y modalidades de la reparación
1. Salvo las flexibilizaciones aportadas por las disposiciones sucesivas, la reparación debe cumplir en general su función específica tratando de eliminar las consecuencias dañosas del incumplimiento, del incumplimiento inexacto, del retraso, o de otras situaciones, en relación con las que, según las reglas del presente Código, la reparación es debida; y debiendo producirse, en general, creando ese estado de hecho que existiría si las citadas situaciones no se hubieran producido.
2. De éste modo, cuando es posible, la reparación debe efectuarse por intermedio de un cumplimiento o de una restitución bajo forma específica, completadas, si es necesario, por una indemnización en dinero. Sin embargo, cuando esto no es posible, en todo o en parte, o es excesivamente oneroso para el deudor, habida cuenta el interés del acreedor, y, en todo caso, cuando éste último lo reclama, la reparación debe ser efectuada por entrega de la suma de dinero que corresponda.
3. En particular, cuando no se halla dispuesto diversamente en otra regla de este Código o cuando la situación concreta no exige necesariamente una solución diferente, el resultado de la reparación debe estar en la medida de procurar al acreedor o, en los casos previstos, a los terceros:
a) la satisfación de su interés (positivo) a que el contrato sea puntualmente cumplido, teniendo igualmente en cuenta los desembolsos y los gastos que ha debido realizar y que habrían sido compensados por su cumplimiento, cuando el daño proviene de incumplimiento, o de cumplimiento inexacto o de retraso.
b) la satisfación de su interés (negativo) a que el contrato no haya sido concluído o a que la negociación no haya tenido efecto, en los otros casos, y, en particular, cuando el daño proviene de la inexistencia, de la nulidad, de la anulación, de la ineficacia, de la rescisión, de la falta de conclusión del contrato o de otros supuestos similares.
4. La entidad de los daños y perjuicios debe sin embargo ser calculada teniendo en cuenta las ventajas que el deurdor, en relación con el contrato, ya le ha procurado, sin recibir ninguna retribución, al acreedor, y a los que, éste último, ni puede ni quiere renunciar.
5. Quedan a salvo las reglas de este Código que, en casos determinados, prevén modalidadeas particulares para la reparación del daño.
Art. 167.
Hecho del acreedor
1. Ninguna reparación es debida por el daño que no se habría producido si el acreedor hubiera adoptado las medidas necesarias por su cuenta, antes de que aquél se produzca.
2. El agravamiento del daño que el acreedor hubiera podido impedir, después de que se haya producido, adoptando las medidas necesarias, no es reparable.
3. Si una acción o una omisión del acreedor ha concurrido a causar el daño, la reparación es disminuída en relación con las consecuencias que de ella han derivado.
4. El hecho del que el deudor no haya sido advertido por el acreedor de riesgos particulares, conocidos por él o que él hubiera debido conocer, y que habrían comportado el cumplimiento, es apreciable conforme al párrafo precedente.
Art. 168.
Evaluación equitativa del daño
1. Si la existencia del daño queda probada, o no es en modo alguno discutida, pero la determinación de su montante preciso se revela imposible o excepcionalmente difícil, aún recurriendo a dictámenes periciales, se admite una evaluación equitativa del mismo, evaluación que deberá ser efectuada sobre la base de pruebas parciales y de elementos dignos de fe suministrados por las partes, y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en cuestión, según el método de la presunción, aplicada con un criterio particularmente prudente de probabilidad y de verosimilitud.
2. Habida cuenta el comportamiento, el interés y las condiciones económicas del acreedor, el juez puede equitativamente limitar la entidad de los daños y perjuicios:
a) si la reparación integral se revela desproporcionada y crea para el deudor consecuencias manifiestamente insostenibles, teniendo en cuenta su situación económica, y cuando el incumplimiento, el cumplimiento inexacto o el retraso no dependen de su mala fe;
b) en el caso de falta leve del deudor, sobre todo en aquéllos contratos en los que no está previsto, en su favor, ninguna retribución por la prestación que el debe.
Art. 169.
Reparación en las obligaciones pecuniarias
1. Salvo las reglas particulares en el comercio y en la fianza, el deudor, para las obligaciones pecuniarias en caso de incumplimiento o de cumplimiento inexacto o de retraso, está en todo caso obligado a la reparación a favor del acreedor, sin que éste deba probar la existencia de un perjuicio, y sin que el propio deudor pueda invocar la circunstancia liberatoria que figura en el artículo 162, párrafo 1.
2. Esta reparación viene constituída por el pago de los intereses, que son debidos en la medida que se expresa en el párrafo siguiente, incrementados, si ha lugar, por una suma a título de revalorización conforme al artículo 86, párrafo 5.
3. Salvo acuerdo en contrario, los intereses son debidos conforme a las tasas oficiales publicadas periódicamente por el Banco Central Europeo, que debe hacer referencia a los intereses debidos a los particulares y a los debidos a
los empresarios, respectivamente, al rendimiento medio y al costo medio del dinero.
4. Salvo pacto en contrario, el cálculo de la revalorización debe ser efectuado sobre la base del cuadro más reciente del "indice de los precios al consumo armonizado" publicado periódicamente por el Eurostat.
5. Todas las sumas de dinero que figuran en los párrafos precedentes son a su vez productoras de intereses suplementarios y susceptibles de revalorización según los mismos criterios.
6. Queda a salvo todo pacto en contrario.
Art. 170.
Clúsula penal
1. Salvo lo que prevé el párrafo 5, cuando las partes, con motivo de la estipulación del contrato, han convenido en una claúsula penal que, en caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto, o de retraso, sea debida por el deudor una prestación determinada, ésta constituye la reparación que es debida por el deudor, cuando se producen las susodichas situaciones, siempre, salvo que, la reparabilidad del daño ulterior no haya sido convenida.
2. La prestación contenida en el párrafo precedente es debida sin que el acreedor tenga que probar la existencia del daño y su entidad.
3. El acreedor podrá demandar, al mismo tiempo, el cumplimiento y la pena, unicamente, cuando ésta ha sido estipulada para el simple retraso.
4. La pena puede ser disminuida equitativamente por el juez, cuando el deudor ha efectuado, y si el acreedor no lo ha rechazado, un cumplimiento parcial, o si el montante de la pena es manifiestamente excesivo, habida cuenta, en todo caso, el interés que tenía el acreedor en el cumplimiento.
5. En los contratos en que toma parte un consumidor las claúsulas penales a cargo de éste, contenidas en las condiciones generales del contrato, son, en todo caso, ineficaces.
Art. 171.
Modo de proceder y acumulación xx xxxxxxxx
1. El acreedor que es víctima de un daño, después de haber enviado al deudor su petición de indemnización, conteniendo las indicaciones necesarias, y después que ha transcurrido el plazo de seis (tres) meses, previsto también en el artículo 160, párrafo 2, y a contar de la recepción de la citada declaración - dejando a salvo la facultad, en caso de urgencia, de demandar al juez las medidas contenidas en el artículo 172 - podrá hacer constatar, mediante sentencia o laudo arbitral, la existencia y la entidad del daño reparable que ha sufrido, para obtener, si ha lugar, la condena del deudor. El acreedor tiene también el derecho de demandar una tal constatación, abstracción hecha de la posibilidad o de la oportunidad de obtener la reparación, a condición de que ésta advenga para fines lícitos. Son parte de éstos, la perspectiva de poder hacer valer una tal verificación, conforme al artículo 132, y de obtener un elemento para la evaluación de su propia consistencia patrimonial, no solamente a efectos fiscales.
2. No es unicamente, en el caso previsto en el artículo 165, párrafo 1, que el acreedor que es víctima de un daño, pueda demandar la constatación de la
sola existencia del daño, reservando su cualificación a una evaluación ulterior por sentencia o mediante laudo arbitral.
3. Además del caso de la integración prevista para la reparación bajo forma específica del artículo 162, párrafo 2, los diferentes remedios son acumulables con la finalidad de permitir a la reparación colmar plenamente su función, a condición de que, de la acumulación, no derive para la víctima del daño una ventaja que sobrepase el perjuicio que ella ha sufrido o para el deudor una situación que le sea insostenible.
Art. 172.
Medidas conservativas y negocios sumarios
1. En los supuestos expresamente previstos por las reglas de éste Código y en todos los casos, en que el derecho o las expectativas razonablemente fundadas de una parte, sin que ella sea responsable, están a punto o son ya amenazados, o comprometidos o resultan impedidos en su ejercicio, por acciones u omisiones o hechos que le reportan daños que ya se han producido o que es razonablemente previsible pensar que se producirán, el juez, podrá, a petición de ésta misma parte, pronunciar las resoluciones siguientes, merecedoras de ejecución forzosa, sobre la base de las reglas procesales del lugar donde ellas sean emitidas:
a) una decisión de inhibición, por la que ordena a la contraparte cesar en la acción o que se abstenga de las omisiones ya emprendidas o temidas; y llegado el caso, impone a ésta última la obligación de prestar una garantía adaptada a los daños que ya se han producido; fijando además un plazo para que sea cumplida su decisión, pudiendo todavía subordinar, si es necesario, la ejecución de su decisión, a la prestación de una garantía por parte del requirente.
b) una decisión conminatoria, por la cual ordena a la contraparte el cumplimiento in natura de una prestación de dar o de hacer; y llegado el caso impone a ésta última prestar también una garantía adaptada a los daños que ya se han producido o que son temidos; fijando además un plazo adecuado a su decisión; pudiendo todavía subordinar, si es necesario, la ejecución de su decisión a la prestación de una garantía por parte del requirente.
2. Quedando a salvo las disposiciones comunitarias y nacionales aplicables, la petición debe ser dirigida al juez competente para adoptar las medidas de urgencia del lugar, donde la decisión inhibitoria o conminatoria debe ser ejecutada.
Art. 173.
Arbitraje
1. Aparte de lo que prevé el párrafo 4 de éste artículo, en los casos en que las reglas del presente Código establezcan la intervención del juez, se reconoce a cada una de las partes la posibilidad de recurrir al procedimiento arbitral, confiado a tres árbitros, como está previsto en el presente artículo, y para cuyos gastos se aplican las reglas en vigor en el lugar donde el procedimiento en cuestión se desenvuelva.
2. Con independencia de lo que prevean las disposiciones comunitarias o nacionales que sean aplicables, y a falta de un acuerdo diferente de las partes, el
procedimiento arbitral se desarrollará en el lugar, en el que tiene la sede el juez ,al que, en otro caso, se habría sometido la controversia, y para instarlo la parte que toma la iniciativa debe enviar a la contraparte una declaración, conteniendo las indicaciones necesarias, en las que precise lo que entiende someter a la controversia, - antes promovida como lo prevén las reglas respectivas - al procedimiento en cuestión, nombrando además su árbitro e invitando a la contraparte a nombrar su propio árbitro, con la declaración a enviar a la primera en un plazo que no puede ser inferior a los treinta días. Si ésta última, no prové a tal nombramiento en éste plazo, la primera puede demandar al juez competente para que provea al nombramiento del árbitro de la contraparte, de acuerdo con la ley del Estado miembro de la Unión europea en el que el procedimiento se debe desarrollar. En defecto de disposiciones específicas aplicables, ésta solicitud podrá también ser dirigida al Presidente del Tribunal de Apelación del lugar donde el procedimiento arbitral se debe desarrollar. El tercer árbitro, es designado por acuerdo entre los dos árbitros ya nombrados, o, en defecto de acuerdo, por el juez indicado más arriba, y al que la instancia podrá ser dirigida. A las declaraciones indicadas en el presente párrafo se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, regla 2.
3. Si la tentativa de conciliación de las partes no da resultado, la controversia debe ser resuelta, salvo acuerdo diferente de las partes, sobre la base de las reglas del presente Código y de otras reglas aplicables, por un laudo deliberado y por mayoría de los árbitros, debiendo ser emitido por escrito en el plazo de los seis meses siguientes al nombramiento del ultimo árbitro. El laudo produce los efectos indicados en el artículo 42 y permite, además, obtener del juez, desde su emisión, una de las resoluciones previstas en el artículo 172.
4. El presente artículo no se aplica:
a) cuando sobre la base de las disposiciones imperativas la controversia no puede ser resuelta por arbitraje;
b) cuando se trata, en vez de la resolución de una controversia, de promover una resolución de inhibición o una resolución conminatoria, de fijar o de prorrogar un plazo, de autorizar un depósito, y de adoptar parecidas decisiones, caso para el que son aplicables las reglas contenidas en el artículo 172.
c) cuando el procedimiento arbitral está excluído por el contrato; o se halla previsto un procedimiento arbitral diferente;
d) cuando la controversia está ya sometida al juez.