PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMILICIO -SAD- DEL AYUNTAMIENTO DE GATIKA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADO CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMILICIO -SAD- DEL AYUNTAMIENTO DE GATIKA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA

PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

1. Régimen jurídico del contrato, recursos y jurisdicción competente

1.1 Naturaleza y régimen jurídico

1.2. Recursos

1.3. Jurisdicción competente

2. Partes del contrato

a) Administración contratante

2.1. Competencia para contratar

2.2. Responsable del contrato

2.3. Perfil de contratante

b) Contratista

2.4. Aptitud para contratar

3. Objeto del contrato, necesidades a satisfacer, plazo de ejecución y opción de prórroga

3.1. Objeto del contrato

3.2. Necesidades administrativas a satisfacer

3.3. Plazo de ejecución

3.4. Opción de prórroga

4. Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato, crédito presupuestario y anualidades

4.1. Presupuesto base de licitación

4.2. Valor estimado del contrato

4.3. Crédito presupuestario

4.4. Anualidades

5. Garantías exigibles

A) Garantía provisional

5.1. Exigencia y cuantía

5.2. Formas de prestar la garantía

5.3. Responsabilidades a que está afecta la garantía

5.4. Extinción y devolución

B) Garantía definitiva

5.5. Exigencia y cuantía

5.6. Plazo de acreditación de su constitución

5.7. Formas de prestar la garantía

5.8. Responsabilidades a que está afecta la garantía

5.9. Régimen de reposición y reajuste

5.10. Devolución y cancelación de la garantía definitiva

6. Tramitación del expediente

6.1. Tramitación

6.2. Tramitación urgente

6.3. Tramitación de emergencia

7. Licitación y selección del contratista

7.1. Principios: igualdad, transparencia, libre competencia y confidencialidad

7.2. Procedimiento de adjudicación

7.2.1. Criterios de adjudicación

7.2.2. Umbral mínimo de puntuación

7.2.3. Comité u organismo técnico especializado

7.3. Plazo y lugar de presentación de proposiciones

7.3.1. Plazo para presentación de proposiciones

7.3.2. Lugar de presentación

7. 4. Proposiciones de las empresas interesadas

7.4.1. Proposiciones

7.4.2. Variantes

7.4.3. Forma y contenido de las proposiciones

7.4.3.1. Forma

7.4.3.2. Contenido de las proposiciones

7.5. Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento

7.6. Mesa de contratación y apertura de proposiciones

7.7. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

7.8. Efectos de la propuesta de adjudicación

8. Clasificación de las ofertas, adjudicación, formalización y publicidad de la formalización del contrato

8.1. Clasificación de las ofertas

8.2. Requerimiento de documentación

8.3. Licitación desierta

8.4. Desistimiento del procedimiento de adjudicación o decisión de no adjudicar o celebrar el contrato

8.5. Adjudicación

8.6. Notificación y publicación de la resolución de adjudicación

8.7. Perfección y formalización del contrato

8.8. Publicidad de la formalización del contrato

8.9. Devolución de la documentación presentada por las empresas licitadoras

9. Ejecución del contrato

9.1. Ejecución del contrato

9.2. Prerrogativas de la administración

9.3. Cumplimiento del plazo

9.4. Ejecución defectuosa y demora

9.4.1. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

9.4.2. Demora

9.5. Responsabilidad del contratista por los daños causados a terceros durante la ejecución del contrato

9.6. Precio del contrato

9.6.1. Precio cierto

9.6.2. Abonos al contratista

9.6.3. Forma de pago

9.6.4. Factura electrónica

9.6.5. Revisión de precios

9.7. Obligaciones del contratista

9.7.1. Medios materiales y personales

9.7.2. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente

9.7.3. Seguros

9.7.4. Confidencialidad y protección de datos de carácter

personal

9.7.5. Condiciones especiales de ejecución del contrato en materia

lingüística

9.8. Modificaciones del contrato

9.9. Suspensión del contrato.

10. Extinción del contrato.

a) Cumplimiento del contrato de servicios.

10.1. Recepción de los contratos de servicios

10.2. Liquidación del contrato.

10.3. Vicios y defectos durante el plazo de garantía.

b) Resolución del contrato

10.4. Causas de resolución del contrato

11. Cesión y subcontratación

11.1. Cesión del contrato.

11.2. Subcontratación.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. Régimen jurídico del contrato, recursos y jurisdicción competente

1.1. Naturaleza y régimen jurídico

El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de servicios de carácter administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 17 y 25 xx Xxx 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se regirá por;

- Cláusulas contenidas en este pliego, conformadas con las especificaciones de su carátula, y pliego de prescripciones técnicas.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

- Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante RGLCAP), modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 xx xxxxxx.

- Ley 7/1985, de 2 xx xxxxx, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 xx xxxxx, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante LBRL).

- El título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de julio de 1995.

- Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, de ámbito comunitario, estatal, de la Comunidad Autónoma del País Xxxxx o local, que resulten aplicables al ámbito local.

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas prevalecerá lo dispuesto en este pliego, excepto en aquellas cuestiones y especificaciones de carácter técnico.

El pliego de cláusulas administrativas particulares, así como su carátula y anexos, el pliego de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se derive tienen carácter contractual.

1.2. Recursos

En el ámbito de los recursos administrativos caben dos supuestos:

a) Recurso de reposición: Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos no susceptibles de recurso especial podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

b) Recurso especial en materia de contratación: En los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, se podrá interponer recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso administrativo contra los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP. Dicho recurso no se dará en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el procedimiento de emergencia regulado en el artículo 120 de la LCSP.

Recurso especial en materia de contratación

Objeto. Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Legitimación activa.

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

Iniciación del procedimiento y plazo,

Plazo de interposición. El recurso administrativo especial tendrá carácter potestativo y se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación del acto realizada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

No obstante, el citado plazo se computará:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.

Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho.

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.

Forma y lugar de interposición. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares cuya adopción solicite, debiendo acompañar la documentación prevista en el artículo 51 de la LCSP.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.

Los escritos presentados en registros distintos de los anteriores deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

Tramitación. El procedimiento para la tramitación del recurso especial en materia de contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades que se recogen en el artículo 56 de la LCSP.

Órgano competente para la resolución del recurso. El órgano competente para la resolución del recurso es el órgano administrativo de recursos contractuales.

Contra la resolución del recurso especial sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

1.3. Jurisdicción competente. El orden jurisdiccional contencioso- administrativo será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.

2. Partes del contrato.

A) Administración contratante.

2.1. Competencia para contratar. El órgano competente para contratar es el señalado en el apartado C) de la carátula de este pliego.

2.2. Responsable del contrato. La persona señalada, en su caso, en la carátula de este pliego o que se designe por el órgano de contratación para la ejecución del contrato.

2.3. Perfil de contratante. El señalado en el apartado U de la carátula de este pliego.

Se accederá desde la web institucional e incluye datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación.

B) Contratista.

2.4. Aptitud para contratar. Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Personas jurídicas: sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios y deberán disponer de una organización de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

a) Empresas comunitarias: tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

b) Uniones temporales de empresas: podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

3. Objeto del contrato, necesidades administrativas a satisfacer, plazo de ejecución y opción de prórroga.

3.1. Objeto del contrato. El objeto del contrato es la prestación señalada en el apartado A de la carátula de este pliego, con la distribución correspondiente de lotes, en su caso.

La calificación del contrato se infiere de lo dispuesto en el artículo 17 de la LCSP.

La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego y en el de prescripciones técnicas, que forman parte del contrato.

En el caso que así se autorice en la carátula xxx xxxxxx, los licitadores podrán presentar las variantes que correspondan a los requisitos y condiciones señalados, y en el número máximo especificado en dicho punto.

En caso de que el objeto del contrato se fraccione en lotes, cada lote constituye una unidad funcional susceptible de realización independiente.

Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes el objeto del contrato, este podrá limitar:

a) el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.

b) el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

En este caso deberá indicarse expresamente en el anuncio de licitación y en la carátula xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares. Además, deberán incluirse los criterios o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el anuncio y en la carátula xxx xxxxxx. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios.

Asimismo, se podrá reservar alguno o algunos de los lotes a Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la disposición adicional cuadragésima octava, en las condiciones establecidas en la citada disposición.

Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 99.5 de la LCSP.

En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en la carátula xxx xxxxxx que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.

3.2. Necesidades administrativas a satisfacer. La finalidad del contrato y las necesidades a satisfacer son las recogidas en la resolución de inicio del expediente cuya fecha de aprobación se recoge en el apartado A de la carátula de este pliego.

3.3. Plazo de ejecución. El plazo de duración o de ejecución máximo del contrato será el señalado en el apartado N de la carátula de este pliego.

Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos serán los que se deduzcan del plan de trabajo de la oferta o se fijen en el programa de trabajo aprobado por la Administración.

3.4. Opción de prórroga. Se aplicará, en su caso, de conformidad con lo señalado en el apartado Ñ de la carátula de este pliego.

En el supuesto de que en la carátula así se prevea, el contrato podrá ser prorrogado con la finalidad de reiterar las prestaciones.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en la carátula se establezca un plazo superior, quedando exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista cuando concurra la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la LCSP por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

4. Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato, consignación presupuestaria y anualidades.

4.1. Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación constituye el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor añadido, para la realización de las prestaciones ofertadas.

El presupuesto base de licitación sobre el que versaran las ofertas y que determinará la exclusión de cualquier oferta por un importe superior, es el que figura en el apartado D de la carátula de este pliego, siendo la mejora a la baja, consignando una cantidad concreta y determinada.

En el caso de que la determinación del precio se realice en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, y las prestaciones estén subordinadas a las necesidades de la administración, el presupuesto base tendrá carácter estimativo. En este caso, la Administración se reserva la opción eventual de alteración, en menos, del 20% del presupuesto máximo de gasto anual del contrato, mediante la aprobación del correspondiente ajuste presupuestario en el gasto.

4.2. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas, IVA excluido, es el señalado en el apartado D de la carátula de este pliego.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, se haya previsto en la carátula xxx xxxxxx o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

4.3. Crédito presupuestario. Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato en la aplicación presupuestaria señalada en el apartado E de la carátula de este pliego.

En los expedientes de contratación de tramitación anticipada la ejecución queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente.

4.4. Anualidades. Serán las previstas en el apartado F de la carátula de este pliego.

5.1. Garantías exigibles

A) Garantía provisional

5.1. Exigencia y cuantía. El órgano de contratación podrá exigir de forma excepcional y justificada una garantía provisional con el importe establecido en el apartado J de la carátula de este pliego, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

5.2. Formas de prestar la garantía. La garantía provisional podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el apartado 1 del artículo 108 de la LCSP, detalladas en el epígrafe correspondiente a la garantía definitiva.

5.3. Responsabilidades a que está afecta la garantía.

En caso de exigirse, la garantía provisional responderá del mantenimiento de la oferta hasta la perfección del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 150 del LCSP.

5.4. Extinción y devolución.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional será devuelta al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

B) Garantía definitiva

5.5. Exigencia y cuantía. Su exigencia y cuantía se establecen en el apartado K de la carátula de este pliego.

5.6. Plazo de acreditación de su constitución. El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva.

De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la documentación necesaria al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

5.7. Formas de prestar la garantía.

Las garantías exigidas en el contrato podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en el RGLCAP.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

El régimen de garantías prestadas por terceros será el establecido en el artículo 112 de la LCSP.

5.8. Responsabilidades a que está afecta la garantía.

La garantía responderá de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso conforme al artículo 192 de la LCSP.

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

d) De la inexistencia de vicios o defectos en los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

5.9. Régimen de reposición y reajuste.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato resultante de la modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios de conformidad con los artículos 103 y siguientes de la LCSP.

5.10. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía establecido en la carátula de este pliego, o, en su caso, el que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista y se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RCLAP.

En el supuesto de recepción parcial el contratista sólo podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en la carátula de este pliego.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

6. Tramitación del expediente

6.1. Tramitación. El expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria, urgente o de emergencia de conformidad con el apartado G de la carátula de este pliego.

6.2. Tramitación urgente. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en la LCSP para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo el plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153 como período de espera antes de la formalización del contrato.

c) El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156 de la LCSP.

d) El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto.

6.3. Tramitación de emergencia.

Los expedientes calificados con tramitación de emergencia tendrán el siguiente régimen excepcional:

El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito.

El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo anterior. Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.

Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

7. Licitación y selección del contratista

7.1. Principios: igualdad, transparencia, libre competencia y confidencialidad.

El órgano de contratación dará a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustará su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.

En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.

La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios. El órgano de contratación velará en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia y notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las autoridades autonómicas de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y en las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que la carátula xxx xxxxxx o el contrato establezcan un plazo mayor.

7.2. Procedimiento de adjudicación. La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto adjudicándose a la mejor oferta en base a los criterios de valoración establecidos en el apartado H de la carátula de este pliego.

En el procedimiento abierto toda empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con las empresas licitadoras.

7.2.1. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las ofertas se podrá utilizar un único criterio de adjudicación o una pluralidad de criterios.

Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye se recogen en el apartado I de la carátula de este pliego.

7.2.2. Umbral mínimo de puntuación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.3 de la LCSP, en el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se aplicarán los criterios y un umbral mínimo del 50 por cien de la puntuación en el conjunto de criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo recogidos en el apartado I de la carátula de este pliego.

7.2.3. Comité u organismo técnico especializado. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor una ponderación mayor que a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, deberá constituirse un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado. El comité u organismo técnico especializado será el que, en su caso se señale en el apartado I de la carátula de este pliego.

En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y

157.5 de la LCSP.

En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.

La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas.

7.3. Plazo y lugar de presentación de proposiciones

7.3.1. Plazo para presentación de proposiciones. El plazo será el señalado en el apartado Q de la carátula de este pliego.

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la semana; la fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrónico del Ayuntamiento y coincidirá con el momento en el que finaliza la recepción de la oferta.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse o bien de forma completa en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que los licitadores opten por el envío de la oferta en dos fases, por ejemplo porque se prevean dificultades en la transmisión de la oferta derivadas del tamaño de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. deberán enviar en todo caso antes del final del plazo de presentación de ofertas la huella electrónica “hash”, de su oferta. En este caso, dispondrán de un plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará desde el momento de envío de la huella electrónica “hash” al correo electrónico, en todo caso antes del final del plazo de presentación de ofertas.

Los licitadores deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al correo electrónico con indicación del número de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la empresa licitadora con el fin de que la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta presentada una vez se produzca el envío de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del órgano de contratación.

7.4. Proposiciones de las empresas interesadas.

7.4.1. Proposiciones. Las proposiciones de las interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la empresa del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación y al órgano de contratación para consultar los extremos siguientes:

a) NIF de la empresa y DNI de la representante o de la persona empresaria individual.

b) Datos que obren en los distintos Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y,

c) Acreditación de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha autorización incluirá la posibilidad de obtener los certificados correspondientes para su incorporación al expediente de contratación.

2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de su apertura.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

7.4.2 Forma de presentación de las proposiciones

Obligatoriedad de presentar una oferta de forma electrónica

Las proposiciones se presentarán por medios electrónicos a través de la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento.

Envío de ofertas electrónicas

Para poder licitar electrónicamente la interesada deberá descargarse previamente la aplicación de presentación de ofertas en la página web del Ayuntamiento.

Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la licitadora disponga de un certificado electrónico reconocido o cualificado emitido por una de las entidades de certificación reconocidas por la plataforma.

El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta electrónica está establecido en 30 MB.

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Restricciones en las extensiones de archivo en las ofertas

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de una oferta son los siguientes:

• .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.

• .xls | .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel.

• .ppt |.pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint.

• .rtf : Formatos de texto estándar.

• .sxw : Formato de texto nativo Star Office.

• .abw : Formato de texto nativo de Abiword.

• .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

• .jpg : Formato gráfico.

• .bmp : Formato gráfico nativo de Microsoft Windows.

• .tiff | .tif : Formato gráfico.

• .odt : Formato OpentDocument texto.

• .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo.

• .odp : Formato OpentDocument presentación.

• .odi : Formato OpentDocument imagen.

• .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.

• .dwg : Formato de dibujo AutoCAD.

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de virus. No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre que se pueda acceder a su contenido. Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de Contratación la que decida al respecto.

7.4.3. Variantes. La admisión de variantes y condiciones se ajustará a lo dispuesto en el apartado M de la carátula de este pliego.

7.4.4. Forma y contenido de las proposiciones.

7.4.4.1. Forma

1. Sobres cerrados. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y la documentación podrá presentarse en original o copia que tenga carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. Las declaraciones responsables, la oferta económica y la documentación acreditativa de la constitución de garantía provisional deberán ser originales.

El servicio de contratación, a solicitud de la empresa interesada, cotejará los documentos originales de los que se pretenda valer para la presentación de los sobres.

2. Número de sobres.

a) Se presentarán dos sobres si se establece un único criterio de adjudicación (el precio) o todos los criterios de adjudicación son cuantificables automáticamente:

SOBRE A. Documentación administrativa.

SOBRE B. Documentación relativa a criterio/s cuantificable/s automáticamente.

b) Se presentarán tres sobres si se establecen criterios de adjudicación no cuantificables automáticamente y criterios de adjudicación cuantificables automáticamente.

SOBRE A. Documentación administrativa -requisitos previos-.

SOBRE C. Documentación relativa a criterio/s no cuantificable/s automáticamente -evaluación previa-.

SOBRE B. Documentación relativa a criterio/s cuantificable/s automáticamente -evaluación posterior-.

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, una relación numérica de los documentos que contienen.

3. Rotulación de los sobres. Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo indicar en el exterior de cada uno de ellos

a) Indicación del sobre de que se trate (SOBRE A, SOBRE B o SOBRE C) en la parte superior del sobre.

b) Objeto del contrato indicado en el apartado A de la carátula de este pliego, con indicación, en su caso, de los lotes a los que se presenta.

c) El nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI.

d) Dirección de correo electrónico (e-mail) para que la administración efectúe las comunicaciones, notificaciones y requerimientos que precise durante la tramitación del expediente.

e) Firma del licitador o persona que lo represente.

4. Idioma. Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o euskera.

7.4.3.2. Contenido de las proposiciones.

Los sobres deberán contener la siguiente documentación:

SOBRE A. DECLARACIÓN RESPONSABLE. Este sobre contendrá la siguiente documentación:

1. Datos identificativos de la empresa licitadora. Se hará constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de representante o certificado personal respectivamente.

La empresa licitadora señalará una dirección de correo electrónico para que la administración efectúe las comunicaciones que no hayan de ser tramitadas a través del sistema de comparecencia en sede electrónica del Ayuntamiento, tales como aviso de la publicación en el perfil del contratante de requerimiento de subsanación de la documentación general o de la apertura pública de proposiciones.

2. Declaración responsable de conformidad con el formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, firmado por el licitador o su representante.

En el caso de uniones temporales de empresas cada una aportará su

DEUC.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de

otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una aportará su DEUC.

En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional, deberán presentarse tantas declaraciones como lotes en los que se participa, debidamente firmadas

A la declaración responsable se adjuntará cuando proceda:

3. Documento de compromiso de constitución de UTE en el supuesto de constituir una unión temporal de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración será necesario que, los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan; el porcentaje de participación de cada uno y persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

4. Documento acreditativo de constitución de garantía provisional cuando sea exigible de conformidad con el apartado J de la carátula de este pliego.

En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión temporal.

5. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, en el supuesto de empresas pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, las empresas licitadoras deberán presentar relación de sociedades pertenecientes al grupo.

6. Especialidades en la documentación que deben presentar las empresas extranjeras. Además, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

SOBRE C: CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

En este sobre se incluirá toda la documentación necesaria para la valoración y ponderación de sus ofertas en relación con los criterios de adjudicación no cuantificables de forma automática o de apreciación subjetiva que se detallan en el apartado I.2 de la carátula de este pliego.

En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica o documentación relativa a los criterios cuantificables de forma automática o por fórmulas. Su inclusión será causa de exclusión de la licitación.

SOBRE B: CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Dentro del sobre B se incluirá la oferta económica de conformidad con el Anexo I y la documentación relativa a otros criterios cuantificables de forma automática -si los hubiere-.

La proposición económica se presentará escrita a máquina y firmada por el licitador o persona que le represente conforme al modelo fijado en el Anexo X xxx xxxxxx, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A todos los efectos se entenderán incluidos en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto el IVA que será repercutido como partida independiente.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo no será causa bastante para el rechazo, si ello no altera su sentido. Los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su corrección

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números (con la excepción de que la cantidad exceda del tipo de licitación) prevalecerá la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero en el caso de que se autorice en la carátula de este pliego, podrá contener cuantas soluciones variantes se autoricen, y, en consecuencia, ofertas económicas variantes.

Referencias técnicas. Asimismo, el licitador deberá presentar cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el pliego de prescripciones técnicas que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Se incluirán en el Sobre C en el caso de que sea obligatoria la presentación de este sobre y en caso contrario en el Sobre B.

7.5. Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

7.6. Mesa de contratación y apertura de proposiciones

El órgano competente para la calificación de la documentación administrativa y valoración de las ofertas es la Mesa de Contratación, constituida de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

La composición de la Mesa se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación con el anuncio de licitación. En todo caso se publicará el cargo de sus miembros, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración en la que prestan servicios.

El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación es el regulado en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Constitución. Para la válida constitución de la Mesa de Contratación deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el/la Presidente, el/la Secretario/a y el vocal que tiene atribuidas las funciones de asesoramiento jurídico y control económico presupuestario.

Adopción de acuerdos. Los acuerdos de la Mesa de Contratación se adoptarán por mayoría simple y para su válida adopción se requerirá la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros en cada momento.

Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, salvo el/la secretario/a que solo tendrá voz. En el caso de que asistan a las reuniones de la Mesa funcionarios/as o asesores/as especializados que resulten necesarios según la naturaleza del asunto a tratar, actuarán con voz, pero sin voto.

Apertura de proposiciones. La apertura de los SOBRES “C” y “B” se realizará en acto público que se celebrará:

Lugar	Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gatika. Xxxxx Auzoa núm. 1
Fecha y hora	Previa convocatoria

1. Acto de apertura del sobre A) Documentación administrativa

Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación celebrará un primer acto, de carácter no público, para la apertura del sobre A) Documentación administrativa y calificación de los documentos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, requerirá su subsanación y, a tal fin, lo publicará en el perfil del contratante, sin perjuicio de la utilización de otros medios que estime pertinentes a tal efecto. La Mesa concederá un plazo de tres días hábiles contados a partir de la publicación del anuncio en el perfil para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La Mesa, una vez examinada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones observados, procederá a determinar los licitadores que deben ser admitidos con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

2. Acto público de apertura del sobre C) de criterios no cuantificables automáticamente

La Mesa, en acto público, comunicará el resultado de la calificación de los documentos presentados por los licitadores con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Seguidamente, procederá a la apertura del sobre C) de criterios no cuantificables automáticamente de los licitadores admitidos, y acordará la remisión de la documentación contenida en el mismo a informe del departamento promotor, para el estudio de las proposiciones en relación con los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmulas.

Asimismo, para la valoración de las proposiciones presentadas podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere oportunos. Igualmente podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones xxx xxxxxx.

Todo ello, sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado a los que hace referencia el artículo 146 de la LCSP en los casos en que se atribuya a los criterios cuantificables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. La evaluación del citado comité de expertos vinculará a la Mesa de Contratación a efectos de formular la propuesta de adjudicación del contrato.

3. Acto público de apertura del sobre B) de criterios cuantificables de forma automática y lectura de las ofertas económicas

La Mesa de Contratación, en acto público, dará a conocer el resultado de la evaluación de los criterios no cuantificables de forma automática o dependientes de un juicio de valor.

Si se hubiera establecido un umbral mínimo de puntuación para ser admitidos en la valoración global de conformidad con lo dispuesto en el artículo

146.3 del LCSP, no serán tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación las proposiciones de los licitadores que no alcancen la puntuación mínima.

A continuación procederá a la apertura del sobre B) de criterios evaluables de forma automática de las proposiciones admitidas y a la lectura de las ofertas económicas.

En todo caso, la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

La Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión de los sobres B) a informe del departamento promotor, para el estudio de las proposiciones en relación con los criterios de adjudicación cuantificables por fórmulas.

La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación una vez realizada la evaluación global de las ofertas.

Finalmente la Mesa de Contratación elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación que haya de efectuar la misma.

7.7. Ofertas con valores anormalmente bajos.

La mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, en aplicación de los parámetros objetivos establecidos en el apartado I de la carátula de este pliego.

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieran presentado concediéndoles plazo suficiente para justificar la viabilidad de la oferta mediante la presentación de la información y documentos que resulten pertinentes y tramitar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y elevará de forma motivada propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

7.8. Efectos de la propuesta de adjudicación

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano

de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

8. Clasificación de las ofertas, adjudicación, formalización y publicidad de la formalización del contrato.

8.1. Clasificación de las ofertas.

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, las proposiciones presentadas y admitidas y elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación del contrato en favor del licitador que hubiera presentado la mejor oferta. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

8.2. Requerimiento de documentación

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que en el plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación, en original o copia compulsada, para su valoración y calificación por la Mesa de contratación:

1. Documentación administrativa justificativa de los requisitos para contratar. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

1.1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar:

a) Personas físicas. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o el documento que lo sustituya legalmente.

b) Personas jurídicas. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución, y de modificación en su caso, los estatutos o acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

En todo caso será necesario que las prestaciones objeto del contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios.

Las personas jurídicas presentarán copia del CIF.

c) Uniones temporales de empresarios.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad, personalidad, representación y solvencia conforme a lo

dispuesto en la LCSP. A efectos de la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en la LCSP y el RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato.

En todo caso, la duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

d) Empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

La capacidad de obrar de estos empresarios se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

e) Otras empresas extranjeras.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la Administración y con el sector público.

Las empresas deberán acreditar la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

1.2. Representación de los licitadores

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica deberán acompañar poder bastante al efecto. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación.

1.3. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

El empresario deberá acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia que se indican el apartado T del presente pliego.

Para acreditar la solvencia necesaria, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. En este caso, deberá aportarse certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

1.4. Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

2. Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En el caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresas se aportará la relativa a cada empresa participante en la misma.

3. Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, o, en su caso, el alta en la Mutua correspondiente. En el caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresas se aportará la relativa a cada empresa participante en la misma.

4. Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y señalará el supuesto de la exención. En el caso de que la empresa licitadora sea una unión temporal de empresas se aportará la relativa a cada empresa participante en la misma.

5. En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.

6. Documentación acreditativa de la constitución de garantía definitiva En el caso de uniones temporales de empresas deberán especificarse las razones sociales y CIF de las empresas participantes. Asimismo las garantías podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que

en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión temporal.

7. En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, deberá aportarse dentro del mismo plazo, escritura pública de constitución y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante. Asimismo, cada una de las empresas participantes en la unión deberá presentar certificaciones positivas de Hacienda y la Seguridad Social y la documentación relativa al impuesto de actividades económicas.

8. En su caso, copia de la póliza de responsabilidad civil y justificante de pago de la prima o certificado de entidad aseguradora.

9. Declaración responsable sobre el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Acreditación mediante certificados de Registros Oficiales de Licitadores.

La documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, representación, clasificación y certificaciones positivas de Hacienda y de la Seguridad Social podrá ser sustituida por el CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros siguientes:

a) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

b) Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o

c) mediante certificado comunitario de clasificación.

Las circunstancias no recogidas en el certificado deberán acreditarse con la documentación exigida.

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia compulsada), deberá aportarse declaración responsable del licitador de la vigencia de los datos contenidos en el mismo.

Si se hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente.

La declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro de Licitadores deberá reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el que se formalice el contrato.

Subsanación. Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará al interesado mediante correo electrónico y se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que subsane el error.

Incumplimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de

licitación, XXX excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de la declaración de la prohibición de contratar de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En este caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

8.3. Licitación desierta

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

8.4. Desistimiento del procedimiento de adjudicación o decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

8.5. Adjudicación.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

8.6. Notificación y publicación de la resolución de adjudicación.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación y la publicidad de la adjudicación deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

- Los motivos por los que no se haya admitido la oferta de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8 de la LCSP, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- El nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

- Información sobre el convenio colectivo que la empresa declara aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 155.3 de la LCSP.

8.7. Perfección y formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará con la formalización.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Plazo de formalización del contrato

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se reciba el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiere levantado la suspensión.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores por medios electrónicos.

Efectos de la no formalización. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiere formalizado el contrato en el plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de la declaración de la prohibición de contratar conforme a lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

Si las causas de no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa, excepto cuando la tramitación del expediente sea con carácter de emergencia.

8.8. Publicidad de la formalización del contrato. La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar 10 días después de la formalización del contrato. En este caso, el anuncio de formalización en el perfil deberá indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y no

podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No obstante, en todo caso podrá publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia xxxx entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP.

En este caso el órgano de contratación deberá solicitar la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo xxxxxx xx xxxx días.

Confidencialidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta de conformidad con el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.

8.9. Devolución de la documentación presentada por las empresas licitadoras. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados que no hayan resultado adjudicatarios. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por los licitadores cuando no hayan procedido a su retirada.

9. Ejecución del contrato

9.1. Ejecución del contrato

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en el presente pliego y su carátula, en el pliego de condiciones técnicas, y, en todo caso, de acuerdo con las instrucciones, que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado, o los servicios dependientes del órgano de contratación.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o personas de él dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estima necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista se compromete a facilitar la información complementaria y asistencia técnica necesaria para la perfecta utilización del resultado del contrato (documentos y todo tipo de información).

9.2. Prerrogativas de la administración

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

El procedimiento para el ejercicio de las citadas prerrogativas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP. Los acuerdos que adopte el órgano de

contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

9.3. Cumplimiento del plazo

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en xxxx no precisa intimación previa por parte de la Administración.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

9.4. Ejecución defectuosa y demora

9.4.1. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o en el supuesto de incumplimiento de los compromisos de dedicación o adscripción de medios personales o materiales o de las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden que se hubiesen establecido conforme a lo dispuesto en los artículos 76.2 y 202.1 de la LCSP respectivamente, o de incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, la Administración podrá imponer penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

9.4.2. Demora. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

El órgano de contratación podrá acordar unas penalidades distintas, atendiendo a las especiales características del contrato, cuando se considere necesario para su correcta ejecución y se hubiera previsto en la carátula de este pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por

100 del precio del contrato, XXX excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Si la Administración optase por la resolución deberá acordarse por el órgano de contratación, previa audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

Imposición de penalidades y daños y perjuicios

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato en su caso, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por daños y perjuicios ocasionados.

9.5. Responsabilidad del contratista por los daños causados a terceros durante la ejecución del contrato. El contratista está obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cuando tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

9.6. Precio del contrato.

9.6.1. Precio cierto. El precio del contrato será cierto y expresado en euros y podrá formularse en precios unitarios y a tanto alzado. En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del IVA.

Se prohíbe el pago aplazado del precio, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arredramiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que el LCSP u otra Ley lo autorice expresamente.

9.6.2. Abonos al contratista.

a) El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato.

b) El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones establecidas en la carátula del presente pliego, hasta un 20% del importe total del contrato, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 201.2 del

RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

c) El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato.

Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

d) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.

La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.

9.6.3. Forma de pago. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.

El importe de los trabajos realizados se acreditará mediante el visto bueno del responsable del contrato y conforme a lo previsto en el artículo 198 de la LCSP.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar los trabajos en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Si embargo, la Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas para adecuarlas al ritmo de ejecución del contrato.

9.6.4. Factura electrónica. El contratista está obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y remisión de facturas.

Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la facturación electrónica Facturae, versión 3.2. y estarán firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.

El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas en la dirección de la web del Ayuntamiento.

CIF ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NOMBRE OFICINA GESTORA	NOMBRE UNIDAD TRAMITADORA	NOMBRE OFICINA CONTABLE
P4804800C	AYTO GATIKA	AYTO GATIKA L01480405	AYTO GATIKA L01480405	AYTO GATIKA L01480405

En la factura electrónica deberán indicarse los órganos administrativos a los que se dirige indicados en el apartado V Otras especificaciones de la carátula de este pliego.

9.6.5. Revisión de precios. La revisión de precios se realizará, en su caso, de conformidad con lo establecido en el apartado L de la carátula de este pliego, y en el artículo 103 de la LCSP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 xx xxxxx, de desindexación de la economía española.

9.7. Obligaciones del contratista

9.7.1. Medios materiales y personales.

El contratista queda obligado a aportar y mantener, para la realización del servicio o prestación, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución en los plazos convenidos en el contrato y, en particular, los que hayan sido incluidos en la relación de personas responsables de la ejecución del contrato.

El personal de la empresa dependerá exclusivamente de la empresa contratista, y únicamente ésta tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleadora.

Asimismo, la empresa contratista no podrá sustituir al personal establecido en su oferta sin autorización expresa de la Administración.

La Administración podrá rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo xx xxxx días naturales, contados a partir de la notificación que le haga por escrito la Administración.

9.7.2. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente

El contratista está obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración de personas con discapacidad, de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación.

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de ésta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

Los licitadores o licitadoras deberán presentar declaración responsable sobre el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, y facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución del contrato

La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación.

El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones de la seguridad social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso.

Subrogación en contratos de trabajo.

En el caso de que la carátula de este pliego señale que la contratación se encuentra sometida a la obligación de subrogar los contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que vienen realizando la actividad objeto del contrato por encontrarse en alguno de los supuestos que dan derecho a tal subrogación en el convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general de aplicación, el contratista quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales de Seguridad Social de la empresa que viniese realizando la prestación objeto del contrato adjudicado y deberá respetar la antigüedad mínima de los trabajadores y trabajadoras contemplada en la norma de la que surge la obligación de subrogación.

Con carácter previo a la finalización del contrato, el contratista, en su condición de empleador, tendrá la obligación de proporcionar la información que resulte necesaria sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores y trabajadoras adscritos a la ejecución del contrato que permita una exacta evaluación de los costes laborales que implica la subrogación laboral. El contratista debe hacer constar que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 3/2016, de 7 xx xxxxx, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública.

9.7.3. Seguros

La empresa adjudicataria deberá contratar y formalizar póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de su actividad durante la ejecución del presente contrato y plazo de garantía, en sus vertientes general de explotación y riesgos profesionales y patronal, y en su caso, de trabajos terminados, incluyendo como asegurado al contratista y, en su caso, al subcontratista, sin perjuicio de lo previsto específicamente en la carátula de este pliego.

El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 300.000 euros, sin perjuicio de lo previsto específicamente en la carátula de este pliego.

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

9.7.4. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. El contratista y el personal asignado a la ejecución del contrato no pueden utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos o información confidencial de los trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución, sin autorización escrita de la Administración, estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado tanto de la información como de los resultados obtenidos del trabajo realizado. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos establezcan un plazo mayor.

En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal acceder a datos personales, y tienen obligación xx xxxxxxx respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio.

Si como consecuencia de la ejecución del trabajo se utilizaran datos de carácter personal, el contratista deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, respecto de los datos pertenecientes a las personas usuarias que sean puestos a su disposición por el Ayuntamiento para la correcta prestación del servicio.

El contratista deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber xx xxxxxxx, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

Además deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada Ley:

1.- La empresa no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos a la prestación del servicio que constituye el objeto del presente contrato.

2.- La empresa no comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos por la legislación vigente.

3.- La empresa se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

4.- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos pertenecientes a las personas usuarias deberán ser devueltos por la empresa al Ayuntamiento, así como cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo aquellos que la empresa deba conservar en su poder según lo dispuesto en la legislación vigente.

9.7.5. Condiciones especiales de ejecución del contrato en materia lingüística

Cuando la prestación del servicio objeto del contrato comporte una relación directa con la ciudadanía deberá observarse el régimen xx xxxxx oficialidad establecido por el Estatuto de Autonomía del País Xxxxx en su artículo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición especial de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.

9.8. Modificaciones del contrato

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las especialidades recogidas en el artículo 207.

A) Modificaciones previstas:

El contrato podrá ser modificado por casusas previstas hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con el alcance, límites y condiciones establecidos en la carátula de este pliego.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen

superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

Las modificaciones previstas serán obligatorias para el contratista, previa audiencia del contratista y deberán formalizarse en documento administrativo, previo reajuste de la garantía definitiva, en su caso.

B) Modificaciones no previstas:

Una vez perfeccionado el contrato, podrá ser modificado cuando concurran las circunstancias y con los límites previstos en el art. 205 de la LCSP.

Las modificaciones por causas imprevistas acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Si la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP. En todo caso, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Publicidad de las modificaciones

La modificación de un contrato sujeto a regulación armonizada por las causas establecidas en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el anexo IV, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En todo caso, la modificación del contrato, con independencia de si está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá publicarse en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde su aprobación, y deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

9.9. Suspensión del contrato.

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la demora en el pago superior a cuatro meses en aplicación de lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, por los conceptos establecidos en el artículo 208.2 de la LCSP.

10. Extinción del contrato.

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

a) Cumplimiento del contrato de servicios.

El contrato se entenderá cumplido cuando por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

10.1. Recepción de los contratos de servicios En todo caso, su constatación, exigirá un acto formal y positivo de recepción que se efectuará en el plazo de un mes desde la finalización de la prestación objeto del contrato.

La administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento del a prestación contratada.

La entrega de los trabajos y la realización de los servicios se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 204 del RGLCAP.

10.2. Liquidación del contrato. En el plazo de treinta días, a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

10.3. Vicios y defectos durante el plazo de garantía. El plazo de garantía establecido en su caso, se contará desde la fecha de recepción o conformidad.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

b) Resolución del contrato

10.4. Causas de resolución del contrato

Constituyen causas de resolución del contrato de servicios las establecidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP y en el apartado V de la carátula xxx xxxxxx con los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.

11. Cesión y subcontratación

11.1. Cesión del contrato. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión de los derechos y obligaciones del contrato a terceros deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

11.2. Subcontratación. Las reglas específicas en materia de subcontratación que regirán el contrato se señalarán en el apartado V de la carátula de este pliego.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o la carátula de este pliego dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y su carátula y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

XXXXX X.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Dº/Xx , con DNI nº , con domicilio en , actuando en nombre y representación de

, con CIF nº y con domicilio fiscal en

.

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del presente contrato, se compromete:

A tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad total estimada de

.

El licitador hace constar que la oferta global estimada presentada se desglosa del modo que sigue:

- Importe Base: .

- Importe IVA: .

- Importe Total: .

El licitador igualmente hace constar que, la oferta global presentada se desglosa según precio unitario de hora de servicio prestado del modo que sigue:

- Importe base por hora prestada: .

- Importe del IVA por hora prestada: .

- Importe total de hora prestada: .

Nota importante.- Ante una prestación de demanda incierta como es el servicio del SAD, será el importe de euros/hora de servicio prestada la unidad utilizada a los efectos de valorar la oferta económica y obtener la puntuación correspondiente.

En , a de de 2019.

Fdo.

ANEXO II.- MODELO DE COMPROMISO CONSTITUCIÓN DE UTE

D/Dña. , con

D.N.I. número y domicilio en , en nombre propio o como

(señalar las facultades de representación: administrador único, apoderado...), en representación de la empresa , con CIF número y domicilio social en D/Dña. , con DNI número y domicilio en ,

en nombre propio o como (señalar las facultades de

representación: administrador único, apoderado...) en representación de la empresa , con CIF número y domicilio social en

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) en caso de resultar adjudicatarias del contrato objeto de licitación, comprometiéndose a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.

2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):

%

%

3. Que nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a:

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido/a en el procedimiento tramitado al efecto, emite la presente declaración en

En a de de 20

(Firmado por las personas representantes legales de todas las empresas integrantes de la UTE)