INFORME 8/2009, DE 29 DE OCTUBRE 2009. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. OFERTAS ECONÓMICAS SIN COSTE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS. CARÁCTER VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO DE LA OFERTA. INFRACCIONES DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS....
INFORME 8/2009, DE 00 XX XXXXXXX 0000. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. OFERTAS ECONÓMICAS SIN COSTE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS. CARÁCTER VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO DE LA OFERTA. INFRACCIONES DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. DESISTIMIENTO DE LA LICITACIÓN.
Con fecha 24 xx xxxxx de 2009, ha tenido entrada en esta Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat, solicitud de informe por el Ayuntamiento de Vinaroz, con el siguiente tenor literal:
“De acuerdo con lo que dispone el Arte. 15 del Decreto 79/2000, de 30 xx xxxx, por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 3.767, de 8 xx xxxxx) se solicita informe en relación a los siguientes extremos:
Primero.- En fecha 0 xx xxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx aprobó el expediente y Pliegues de Cláusulas Administrativas Particulares que deben servir de base en la contratación de un servicio de control de accesos y limpieza de los aparcamientos públicos subterráneos de la Plaza San Xxxxxxx y Paseo Marítimo.
Segundo.- El contrato no se plantea por lotes, sino la que se busca es que una única empresa, de servicios, se encargue de llevar a cabo estas tareas en los aparcamientos subterráneos con que cuenta el Ayuntamiento.
Tercero.- De acuerdo con la cláusula 4 del contrato el tipo de licitación viene determinado por los siguientes aspectos:
− control de acceso: 11€/persona/hora (IVA incluido)
− limpieza: 16,50€/persona/hora (IVA incluido)
No se establece la posibilidad de licitar únicamente a uno de los dos apartados.
Cuarto.- La cláusula 8 contempla los criterios de adjudicación. Por lo que respecta a la valoración del precio se indica el siguiente:
Precio: hasta 50 puntos. Se valorará proporcionalmente, en base a la media de las ofertas formuladas. Con esta finalidad se otorgarán hasta 25 puntos por cada uno de los apartados (control accesos, limpieza).'
Quinto.- A la hora de presentar las ofertas una de las empresas, XXX CONTROL SL, ha propuesto un precio de control accesos de 7,80€ y un precio de limpieza de 0 euros. Esta es la empresa que presenta mejor valoración en la puntuación total.
Sexto.- Otra las empresas, GEBISA SERVICIOS AUXILIARES SL, presenta alegaciones al respeto con indicación que considera que la anterior oferta debería ser excluida de la licitación, dado que la misma constituye una oferta de mejora y no de precio. Alternadamente solicita el desistimiento del procedimiento de licitación por parte de la Administración, en los términos del Arte. 139 LCSP.
Séptimo.- En el informe 6/2008, de 21 de noviembre, sobre la posibilidad de ofertar un contrato sobre la base de la retribución por la explotación de un servicio que no es objeto de la licitación, ponéis de manifiesto que la necesaria inadmisión de ofertas sin coste para la Administración. Sin embargo, en el supuesto que os planteamos sí que consta, en todo caso, un precio a pagar por el Ayuntamiento, aunque este viene determinado únicamente por una parte de las prestaciones del contrato (el control de accesos), dado que a la otra (la limpieza) el licitador le atribuye un coste xx xxxx euros.
En atención al anterior, la consulta es la siguiente:
El precio del contrato debe ser cierto y expresarse en euros (Arte. 135.1 TRCLAP). En el supuesto que nos encontremos la adjudicación a la empresa que presenta mayor puntuación supondría, en todo caso, el establecimiento de un precio determinado. Este precio vendría cuantificado por una parte de las prestaciones del contrato, la relativa al control de accesos. La otra prestación, la limpieza, se debería realizar igualmente, pero sin coste económico directo para el Ayuntamiento. ¿Hay que considerar procedente la adjudicación del contrato a esta empresa?
(Os facilitamos copia xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares, de la oferta realizada por XXX CONTROL SL, del escrito de alegaciones presentado por GEBISA SERVICIOS AUXILIARES SL, así como de la contestación al respeto de la propia XXX CONTROL SL).”
Al escrito de consulta se acompaña la siguiente documentación:
- Pliego de cláusulas administrativas particulares
- Pliego de prescripciones técnicas
- Copia de la proposición económica técnica de la empresa X.X.X. CONTROL S.L.
- Copia de las Alegaciones de la empresa GEBISA SERVICIOS AUXILIARES S.L
- Copia de las Alegaciones de la empresa X.X.X. CONTROL S.L.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Se cuestiona en la solicitud de informe a esta Junta la posibilidad de admitir un proposición económica cuyo precio es 0€, tratándose de un contrato de servicios con dos prestación diferenciadas por las que los licitadores deberían ofertar precios unitarios, asimismo, diferenciados.
Con carácter general debe manifestarse a pesar de que el contrato es un contrato de servicios el pliego de cláusulas administrativas como el de prescripciones técnicas utilizan indistintamente el término servicio, concesión y concesionario. Cuestión que puede o podría haber infundido a error a los licitadores.
Esta Junta analizada la documentación remitida y concretamente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas considera, antes que nada, realizar las siguientes observaciones:
1.- Objeto de la licitación.
La cláusula 1 xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares establece que el objeto del contrato es la contratación del SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE SANT XXXXXX Y PASSEIG MARÍTIM DE VINARÒS.
De dicho objeto y de lo que se desprende de la documentación remitida, esta Junta entiende que ambas prestaciones no guardan relación la una con la otra, ni podrían ser prestadas por una misma empresa en el caso de personas jurídicas cuyo objeto social no comprenda al menos ambas actividades, así como tampoco podría contratarse con una empresa que no reuniera los requisitos de solvencia para ambas actividades, a no ser que se permitiera la subcontratación íntegra de una de ellas. En este caso, el pliego de cláusulas administrativas debería haber recogido tal extremo debiendo, asimismo, fijar las condiciones a que hace referencia el Art. 210 de la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de contratos del Sector Público en relación con el subcontratista.
En segundo lugar llama poderosamente la atención que en el pliego de prescripciones técnicas, al establecer en su apartado 2. el desarrollo del servicio de control de accesos, enumera que éste llevará implícitas las siguientes funciones:
“...
c) Dur a terme la recaptació econòmica diària de les màquines expenedores de tiquets, així com, si escau, la gestió econòmica manual.
d) Realitzar el corresponent ingrés econòmic de les recaptacions (màquines i/o manual) en el compte corrent que designe l’Ajuntament.
e) Desenvolupar el servei amb subjecció a les directrius que xx xxxx indicar l’ajuntament de Vinaròs i, en particular, la Policia Local. En aquest sentit tindrà també l’obligació d’informar a la Policia Local, de manera immediata, de la possible comissió, o perill de comissió, d’infraccions administratives o de qualsevol altre tipus que pogueren produir-se en el recinte afectat.
…”.
El cumplimiento exigido de todas estas funciones excede sobremanera lo que es control de accesos, obligando a la empresa contratista a extralimitarse en el objeto descrito en el pliego de cláusulas administrativas y so pena de contravenir la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento de desarrollo. En este aspecto, nos crea desde luego una duda bastante razonable la indicada en el apartado e) con lo que en caso de existir y de seguir con el procedimiento de adjudicación se estaría prestando un servicio por empresas no habilitadas para ello, pues ninguna de las empresas licitadoras es una empresa de seguridad, y contrario sensu, si lo fueran –que no es el caso- no podrán prestar servicios de limpieza.
Así conforme a la Disposición Adicional 1ª de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada , quedan fuera del ámbito de aplicación de la dicha Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada, que no ha de estar integrado en empresas de seguridad privada, y puede ser directamente contratado por los titulares de los mismos, como las labores de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones,
comprobación y control del estado de las calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, tareas de recepción, etc.
En el mismo sentido, ha de advertirse que las funciones de los apartados c) y d) obligan a la empresa adjudicataria a hacerse cargo de llevar a cabo la gestión de los cobros por la utilización del aparcamiento y el ingreso material de la recaudación diaria en una entidad bancaria designada por el Ayuntamiento, lo que necesariamente implica también el transporte de fondos, resultando todas ellas actividades distintas que exceden el servicio de control de accesos, tal como puede comprobarse en el Anexo II del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2.- Xxxxxx y Valor estimado del contrato. Indeterminación.
Habiendo fijado el Ayuntamiento consultante un precio unitario por prestación, no queda sin embargo fijado el presupuesto o sobre la base de los precios unitarios para los dos años (presupuesto base de licitación), ni el valor estimado incluyendo las eventuales prórrogas, tal como exige el Art. 76 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Nada impide la determinación del precio del contrato a partir de un sistema de precios unitarios en un contrato de servicios. Dicha posibilidad se encuentra prevista en la legislación aplicable y el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 22 xx xxxxx de 2005, dictaba lo siguiente: “Sienta el Art. 203 de la LCAP (actualmente Art. 202 TRLCAP) relativo a los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios que «En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecerá el sistema de determinación del precio de estos contratos que podrá consistir en precios referidos a componentes de la prestación, unidades de obra, unidades de tiempo o en aplicación de honorarios por tarifas, en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición o en una combinación de varias de estas modalidades».
Queda claro, por tanto, que el sistema de determinación del precio en los contratos de la citada naturaleza consiste, con carácter general, en establecer precios referidos a componentes de la prestación, es decir, la modalidad de pago en base a precios unitarios por las prestaciones efectivamente realizadas. Ahora bien, dicho sistema no exime de establecer un presupuesto que determina el gasto total máximo por el cual la Administración se puede obligar, lo que no es óbice a que luego resulte inferior, ya que de ningún modo significa una suma alzada que deba ejecutarse necesariamente o pagarse independientemente de las prestaciones efectuadas.
Es decir, como afirma el Alto Tribunal en la Sentencia citada “No cabe confundir el precio total del contrato que sirvió para la adjudicación de éste con los precios ciertos que se conforman a partir de los precios unitarios y descompuestos de las cuatro modalidades del servicio a considerar: horario diurno, horario nocturno, vigilante con armas, vigilante sin armas. Tampoco debe equipararse el precio pactado en la adjudicación con el que debe satisfacerse a partir del servicio prestado con arreglo a los precios convenidos es decir, el derecho a cobrar lo efectivamente trabajado. Podrán coincidir ambos pero también discrepar ya que el abono depende del servicio realmente prestado para lo cual constituye exigencia ineludible la comprobación de los servicios facturados con arreglo a lo pactado.”
En cuanto al valor estimado, dado que la contratación sometida a informe prevé posibles prórrogas, debe contemplar el pliego de cláusulas administrativas el valor estimado del contrato. El Art. 76 de
la Ley de Contratos del Sector Público establece: A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
Este requisito es imprescindible puesto que “a los efectos previstos en esta Ley”, determinará la competencia del órgano de contratación, y en su caso, la consideración de regulación armonizada y los recursos pertinentes. Asimismo, es información indispensable para que los licitadores puedan preparar sus ofertas.
En el caso de precios unitarios, el Art. 76. 6 d) establece la fórmula para determinar el valor estimado en los contratos en los que su precio total no se especifica, como es el caso:
d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un periodo de tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48.
3.- Criterios de solvencia: Indefinición de los criterios de selección basados en los medios que establece la Ley. Imposibilidad de valorar la solvencia.
La cláusula 6, apartado 3, xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares enumera de forma genérica los documentos que deberán presentar las empresas para acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Lejos de incluir criterios de selección subjetivos de las empresas, tal y como describe el At. 51.2 de la Ley y el Art. 11 del Reglamento general, el Pliego se limita a reproducir dos de los medios que con carácter general define la Ley sin establecer ningún requisito concreto, con lo cual es imposible determinar la solvencia que específicamente se precisa para este contrato. La acreditación de la solvencia económica y financiera y la técnica o profesional así reflejadas consiste en una mera presentación de documentos, que en el caso de la técnica o profesional omite además la exigencia de que la experiencia declarada por un licitador venga acreditada con certificados expedidos por los destinatarios de los servicios, tal como establece el artículo 67 de la Ley. En definitiva, sin posibilidad de poder determinar por parte de la Mesa de contratación si la empresa o empresas licitadoras son solventes para ese determinado contrato, al no haber exigido unos mínimos requeridos para el contrato. El Art. 51 de la Ley de Contratos del Sector Público establece lo siguiente:
1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.
4.- Criterios de valoración. Imposibilidad de establecer como criterios de valoración o adjudicación criterios de solvencia. Indeterminación de las mejoras y los elementos de la prestación sobre los que se admite su presentación.
Establecidos en la Cláusula 8 xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares, esta Junta entiende que no son conformes a Derecho por los siguientes motivos:
a) La valoración de los medios personales y materiales. Tanto esta Junta ( Informe 11/2004, de 29 de noviembre), como la Junta Consultiva del Estado, como la jurisprudencia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, han significado que los criterios de solvencia como el que recoge el pliego objeto de consulta, no pueden utilizarse como criterios de valoración de las ofertas o proposiciones presentadas.
b) Únicamente en el caso concreto de los medios personales y materiales, una vez establecidos los mínimos exigidos como criterios de solvencia, puede en la adjudicación valorarse unos mayores o mejores medios que los mínimos exigidos, siempre y cuando estén directamente relacionados con el objeto del contrato y supongan una ventaja económica. Por tanto consideramos que este criterio, tal y como aparece reflejado en el pliego de cláusulas administrativas del Ayuntamiento consultante, es un criterio de solvencia técnica y profesional que no puede utilizarse como criterio de adjudicación.
El establecimiento de mejoras: Las mejoras deben venir referidas a la prestación o ejecución del contrato, es decir, recaen sobre el pliego de prescripciones técnicas, y deben establecerse en el pliego de cláusulas administrativas y en el anuncio de licitación, precisando en el citado pliego sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la valoración de su presentación. Disponer en los pliegos de cláusulas administrativas, como en el presente, que “cualquier mejora en relación al servicio a prestar” podrá ser valorada como tal, confiere al órgano de contratación un poder ilimitado de decisión y, por tanto, constituye o sustenta una arbitrariedad. Las mejoras han de definirse y es en igualdad de condiciones de trato para todos los licitadores interesados cuando el órgano de contratación podrá discrecionalmente valorarlas. Asimismo, hay que indicar que las mejoras no pueden alterar el objeto del contrato introduciendo prestaciones nuevas o no contempladas en el pliego de cláusulas administrativas.
En definitiva, las mejoras responden a la calidad de los bienes o prestaciones objeto del contrato y, por tanto, es absolutamente incorrecto valorar mejoras bajo la creencia o la pretensión de que son sin coste para la administración y se encuentran desligadas del objeto del contrato. Pues en la adjudicación mediante una pluralidad de criterios, el precio, cuando es uno de dichos criterios, debe estar en franca relación con los otros criterios (en general criterios de calidad o de rendimiento), ya que se trata de adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa, no la de precio más bajo, y precisamente la más ventajosa económicamente se determinará en función de la relación precio- calidad.
5.- Valoración del criterio precio por la media de las ofertas.
La cláusula 8 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares establece los criterios de valoración siendo el primero de ellos el precio. Para su valoración establece lo siguiente: Se valorará proporcionalmente, en base a la media de las ofertas formuladas. Con esta finalidad se otorgarán
hasta 25 puntos por cada uno de los apartados (Control de accesos y limpieza). No se acierta a comprender muy bien los términos “media de las ofertas formuladas”. Ahora bien sobre la valoración del criterios precio en caso distinto de la adjudicación con único criterio el de precio más bajo y su valoración sobre la media de las ofertas, esta Junta ya tuvo ocasión de pronunciarse en el dictamen 1/2001, de 00 xx xxxx xx 0000 xxxxxxxxxxx que esta valoración sobre la media de las ofertas no es un criterio económico, pues da lugar a que ofertas más económicas alcancen peor puntuación que ofertas mas caras a medida que se alejan de la media.
No obstante insistir en que los términos xxx xxxxxx son oscuros y no ofrecen al licitador información suficiente para saber la forma de valoración.
6. Plazo de duración del contrato y sus eventuales prórrogas. Prórroga que supera el plazo inicial de ejecución.
La Cláusula 5 xxx xxxxxx de cláusulas administrativas establece una duración de dos años, pudiéndose prorrogar por 2 años más en períodos anuales. Ahora bien, su párrafo 2 determina: “Se establece la posibilidad de prorrogar el contrato, por mutuo acuerdo de las partes, por un período de hasta un año adicional, con lo que la prórroga podría superar el plazo inicial de ejecución. La citada cláusula contraviene el Art. 23.2 de la Ley de contratos del Sector público.
7.- Garantía definitiva sobre presupuesto de licitación y sobre el de adjudicación.
Si el importe o precio del contrato tiene como base los precios unitarios, de conformidad con el Art.
83.3 de la citada Ley, esta garantía ha de ser del 5% del importe del presupuesto de licitación y no del de adjudicación como establece la cláusula 13 xxx xxxxxx de cláusulas administrativas particulares.
8.- Admisibilidad de la oferta que lícita “sin costo” a la administración el servicio de limpieza. Oferta desproporcionada.
En relación con la referencia al Informe 6/2008, de 21 de noviembre, de esta Junta, y que se acompaña al expediente, hay que indicar que atiende a un caso concreto y distinto al que se plantea en este caso.
En el supuesto que se plantea ahora, hay que destacar en primer lugar que el licitador debe ofertar un precio y no “un costo”, como se indica en la oferta en cuestión, pues el costo o coste es el gasto que en conjunto se soporta para conseguir un producto o resultado, mientras que el precio es la contraprestación que ha de pagarse por los bienes o prestaciones adquiridos a título oneroso. Se debe ofertar un precio, es decir, la contraprestación económica -dineraria o, en su caso, en especie-, por la prestación de un contrato público de servicios, que tiene precisamente ese carácter oneroso y no gratuito por definición.
Independientemente de considerar o no en el pliego de cláusulas administrativas las bajas desproporcionadas estableciendo los limites de su apreciación, el Ayuntamiento debe tener presente que si ha solicitado dos prestaciones independientes, y ha establecido un precio unitario por cada una de ellas, es porque estas prestaciones suponen para el empresario unos costes unitarios, directos e
indirectos, diferentes en cada una de las prestaciones y, en consecuencia, establece dos tipos de licitación distintos y exige que se oferte independientemente cada una de ellas.
Con carácter general, una oferta a precio 0€ es indicativa de que se trata de una oferta desproporcionada o anormalmente baja en un contrato oneroso, se hayan o no fijado criterios concretos para su apreciación, porque la prestación del servicio tiene siempre un coste mínimo, sin cuya cobertura no puede ser realizada.
En este sentido, la Junta Consultiva de la Administración del Estado en Informe 7/2008, de 29 de septiembre manifestaba que la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 75 que « en los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto... los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general xx xxxxxxx ». Del mencionado precepto parece derivarse la idea de que en la fijación del precio del contrato ha de atenderse a los costes del mismo, sin tomar en consideración la concurrencia de gravámenes de carácter fiscal que alteren su importe final, puesto que éstos últimos no pueden considerarse como
«retribución del contratista». De otra forma no se entendería que la Ley una los conceptos precio del contrato y retribución del contratista, por una parte y, por otra, imponga a los órganos de contratación la obligación de cuidar para que el precio sea adecuado «para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe». Todo ello podría llevarnos a pensar que cuando la Ley habla de precio del contrato lo hace tomando en consideración los costes reales de la prestación, sin atender al importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava de modo específico la operación en que el objeto del contrato consiste.
En tal sentido debe atenderse fundamentalmente a los textos legales en vigor para determinar cuáles son los conceptos incluidos en ambos términos. La Ley de Contratos del Sector Público regula el precio de los contratos en general en el artículo 75 disponiendo, al respecto, que éste constituye la retribución del contratista y que «será el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general xx xxxxxxx». De este texto sólo cabe concluir que la Ley pretende lograr el establecimiento de precios acordes con la realidad y evitar tanto los que pequen por exceso como por defecto.
En el caso sometido a informe, si el ofertar a 0€ el precio unitario de limpieza significa que ésta queda subsumida en el de control de accesos, se estaría incumpliendo el pliego de cláusulas administrativas, que obliga a presentar los precios unitarios diferenciados para cada prestación. La propia empresa en sus alegaciones expone que no ha presentado una oferta económica a coste cero o gratuita para el Ayuntamiento de Vinaròs, sino que, en cumplimiento xxx xxxxxx de condiciones, ha ofertado un precio para la contratación del servicio de control de accesos y limpieza de…
Atendiendo a todas las circunstancias puestas de relieve en el presente informe, esta Junta estima que el Ayuntamiento debería plantear el desistimiento de la licitación regulado en el Art. 139 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no impide el inicio de un nuevo procedimiento, y dado que se dan las circunstancias previstas en el número 4 de dicho artículo.
“El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.”
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Por las consideraciones expuestas en el presente informe, entiende esta Junta que en la licitación se dan las circunstancias previstas en el artículo 139.4 de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, el Ayuntamiento consultante debería desistir de la licitación, pudiendo iniciar inmediatamente el procedimiento de adjudicación.
SEGUNDA.- La oferta a 0€ de la empresa que consta en el expediente es una oferta anormalmente baja, se hayan o no fijado criterios concretos para su apreciación, porque la prestación del servicio no puede ser gratuita y ha de ofertarse un precio que como mínimo garantice que puede ser cumplida. Si, a mayor abundamiento, ha subsumido en el precio ofertado por el control de accesos el precio de la limpieza, estaría contraviniendo el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El presente Informe se emite al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 79/2000, de 30 xx xxxx, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, y no tendrá carácter vinculante. Por tanto, el órgano consultante podrá adoptar su decisión ajustándose o apartándose del criterio de la Junta, con la obligación de motivar su decisión en este último caso.
VºBº EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
(Por sustitución, Art. 1.a) Orden de
11 xx xxxxx de 2001, DOGV 17/07/2001) Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
LA SECRETARIA DE LA JUNTA
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx VICEPRESIDENTE
APROBADO POR LA JUNTA SUPERIOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
En fecha 29 de octubre de 2009