Reglamento. Artículo 49. Fórmulas de reajuste
Reglamento. Artículo 49. Fórmulas de reajuste
La posibilidad de aplicar fórmulas de reajuste en la contratación de servicios debía desprenderse, de manera indubitable, del contenido de las Bases; en consecuencia, no era posible efectuar la actualización de precios cuando las Bases contemplaran disposiciones contradictorias que generaran dudas o incertidumbre respecto a la procedencia del reajuste durante la ejecución contractual.
En el caso que las contradicciones que se apreciaban en las Bases, respecto a la aplicación de reajustes durante la prestación del servicio, no hubieran generado la presentación de consultas o la formulación de observaciones por parte de los participantes del proceso de selección o la declaración de nulidad por parte del Titular de la Entidad, a efectos de corregirlas; las partes podían recurrir a la conciliación y/o arbitraje con la finalidad de resolver las controversias relacionadas a la procedencia de la actualización de precios.
Si bien la fórmula polinómica no podía ser objeto de modificación durante la ejecución contractual; la anterior normativa de contrataciones del Estado contemplaba la posibilidad de efectuar consultas al proyectista sobre aspectos propios del expediente técnico -dentro de los cuales podían encontrarse aquellos relacionados con las fórmulas polinómicas-, bajo los alcances de lo establecido en el artículo 196 del anterior Reglamento.
Una vez que el expediente técnico de obra era aprobado, durante la ejecución contractual y -por tanto- durante la liquidación del contrato debía emplearse la fórmula polinómica establecida en dicho expediente, sin que pudiera modificarse su contenido.
En aquellos casos en los que la fórmula polinómica hubiera sido elaborada contraviniendo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 011-79-VC y -en consecuencia- las de la anterior normativa de contrataciones del Estado, la Entidad -de manera excepcional y en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad- podía corregir sus alcances con la única finalidad de ajustar el contenido del contrato a lo dispuesto por el ordenamiento legal aplicable.
A efectos de ajustar la valorización de un contrato de obra pactado en moneda nacional, debían aplicarse los Índices Unificados de Precios de la Construcción correspondientes al mes en que debía ser pagada la valorización; esto es, aquellos que se conocían al momento de efectuar la respectiva valorización. Sin embargo, una vez que se conocían los Índices Unificados de Precios de la Construcción correspondientes al período en que se efectuó el avance físico en la ejecución de la obra, estos debían ser aplicados para calcular el monto definitivo del reajuste, debiendo efectuarse el pago correspondiente a dicha valorización, con la valorización posterior más cercana o, en su defecto, en la liquidación final de obra.
Las fórmulas de reajuste calculadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, eran aplicables a los contratos de servicios -o bienes- de tracto sucesivo, ejecución periódica o continuada, pactados en moneda nacional; debiendo precisarse que correspondía a la Entidad determinar, previamente, si el objeto de un contrato de servicios de conservación vial correspondía a la prestación de servicios en general, o si de acuerdo a las actividades o trabajos requeridos, estos podían catalogarse como obras; a efectos de establecer adecuadamente las fórmulas de reajuste respectivas.
Los contratos bajo el ámbito de la anterior normativa de contrataciones del Estado –vigente en el año 2011- podían incluir ,de manera excepcional y con el sustento correspondiente, la ejecución de prestaciones de diferente naturaleza, a las cuales se les debían aplicar las disposiciones que eran compatibles de acuerdo a su propia naturaleza; precisándose que las prestaciones de obra incluidas en contratos de servicios podían ejecutarse conforme con las disposiciones establecidas para la ejecución obras, siempre que, para tal efecto, dichas prestaciones hubieran sido claramente diferenciadas o identificadas en las Bases para poder aplicarles las disposiciones de obra correspondientes.
Si un contrato de servicios - de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada, pactado en moneda nacional- implicaba la ejecución de prestaciones de obra, y siempre que estas últimas hubieran sido claramente diferenciadas de las de servicios, en las Bases; dicho contrato podía incluir, excepcionalmente, fórmulas de reajuste que utilizaran los Índices Unificados de Precios de la Construcción para reajustar, únicamente, aquellas prestaciones de obra requeridas para su ejecución.
El pago de reajustes dentro de un contrato, resulta procedente siempre que se cumpla con las condiciones previstas en el artículo 49 del anterior Reglamento y haya sido requerido por el contratista de manera oportuna dentro de la ejecución del contrato.
Ante la existencia de cualquier controversia relacionada con el pago de reajustes, el contratista puede recurrir a los mecanismos de solución de controversias, esto de conformidad con lo previsto en el numeral 52.1 del artículo 52 de la anterior Ley.
Dentro de las modificaciones que la anterior normativa de contrataciones del Estado preveía para el contrato de obra no se encontraba la supresión, inclusión o modificación de fórmulas polinómicas, por lo tanto, durante la ejecución contractual no podían incorporarse fórmulas polinómicas adicionales a las contenidas en el expediente técnico, independientemente de la modalidad de ejecución contractual que fuera empleada por la Entidad.
A efectos de realizar el reajuste de precios en aquello relacionado a los contratos de obra -incluyendo lo concerniente al equipamiento en el caso de llave en mano- era necesario emplear las fórmulas polinómicas que contenía el expediente técnico, con la finalidad de obtener el coeficiente “K”, para lo cual, debía tenerse presente que durante la ejecución contractual no podían incorporarse fórmulas polinómicas adicionales a las contempladas en el mencionado expediente.
El numeral 4 del artículo 49 del anterior Reglamento no era aplicable para reajustar los precios de los componentes de una obra -dentro de los cuales se encontraba incluido el equipamiento en el caso de llave en mano- en cuyo caso debían emplearse necesariamente las fórmulas polinómicas contempladas en el expediente técnico.
Cuando se cumplían los presupuestos legales para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos -dentro de los cuales estaba que el adelanto se encontrara contemplado en las Bases- este último podrá ser entregado hasta por un porcentaje igual o inferior al cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, según lo previsto en las Bases.
Si bien la anterior normativa de contrataciones del Estado no establecía que la entrega del adelanto para materiales o insumos tenía como condición que dichos materiales o insumos presentasen sus propias fórmulas polinómicas de reajuste, la Entidad debía tener en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, de conformidad con lo señalado en el artículo 188 del Reglamento.
Independientemente de que los materiales o insumos, respecto de los que se solicitaba el adelanto, contaran -o no- con sus propias formulas polinómicas, la Entidad solo podía entregar el adelanto para materiales o insumos hasta por el porcentaje previsto en las Bases, el mismo que no podía ser mayor al cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 186 del anterior Reglamento.
Cuando una Entidad decidía incluir fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de servicios debía actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Considerando que los contratos bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado podían requerir −de manera excepcional y con el sustento correspondiente− la ejecución de prestaciones de diferente naturaleza y que a las prestaciones de este tipo de contratos se le debían aplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que eran compatibles con su naturaleza, debía concluirse que únicamente las prestaciones de obra incluidas en contratos de servicios podían ejecutarse conforme con las disposiciones establecidas para la ejecución de una obra. Para ello era un requisito necesario que dichas prestaciones estuvieran claramente diferenciadas o identificadas para poder aplicarles las disposiciones de obra correspondientes; asimismo, debía incorporarse el expediente técnico respectivo, la inspección o supervisión de obra y cumplir con los procedimientos y condiciones que garanticen la adecuada ejecución de las prestaciones de obra.
Siempre que las prestaciones de obra estuvieran claramente diferenciadas de las de servicio, un contrato de servicios podía incluir, excepcionalmente, fórmulas de reajuste que utilizaran los Índices Unificados de Precios de la Construcción para reajustar únicamente aquellas prestaciones de obra requeridas para su ejecución
Luego de perfeccionado el contrato no podían modificarse los componentes o elementos representativos de la fórmula o fórmulas polinómicas establecidas en las Bases integradas, ni incluirse nuevas fórmulas polinómicas para reajustar aquellos elementos no considerados originalmente.
Para solicitar el adelanto para materiales o insumos la normativa de contrataciones del Estado no establecía como condición que dichos materiales o insumos presenten sus propias fórmulas polinómicas de reajuste.
A efectos de aplicar la fórmula polinómica y efectuar el reajuste que contempla la normativa de contrataciones del Estado, es necesario identificar los índices unificados de precios que estuvieron vigentes al momento de la elaboración del presupuesto, para lo cual debe considerarse la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico.
En un contrato de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada de bienes o servicios que contempla la posibilidad de aplicar fórmulas de reajuste en sus pagos, los reajustes deben efectuarse en la oportunidad que se hará efectivo el pago correspondiente, entendiéndose que no pueden efectuarse reajustes correspondientes a periodos cuyos pagos ya se realizaron, toda vez que el reajuste de precios no es una figura que se aplique en vías de regularización.
La aplicación de las fórmulas de reajuste debe efectuarse durante la vigencia del contrato, y en la oportunidad que se hará efectivo el pago correspondiente por la ejecución de la prestación.
De ser el caso que la Entidad suscriba un contrato complementario luego de concluido el contrato original, no pueden efectuarse los reajustes por pagos ya realizados en el contrato original, toda vez que el reajuste de precios no es una figura que se aplique en vías de regularización.
La aplicación de las fórmulas de reajuste debe efectuarse en la oportunidad en que se hará efectivo el pago correspondiente por la ejecución de la prestación; por tanto, no pueden aplicarse fórmulas de reajuste de precios por prestaciones que ya cuentan con conformidad y pago.
La normativa de contrataciones del Estado no establece que el reajuste de las valorizaciones resulta aplicable solo a las obras que se ejecuten bajo un sistema de contratación en particular; por tanto, cuando se trate de una obra contratada bajo el sistema a suma alzada se debe calcular el reajuste de cada valorización en los casos que ello corresponda, a efectos de actualizar el valor de los elementos que intervienen en la ejecución de una obra y de evitar la afectación del equilibrio económico del contrato.
La aplicación de fórmulas de reajuste dentro de un contrato complementario, es una decisión que corresponde sea evaluada por la propia Entidad, en función a las condiciones previstas por el artículo 182 del Reglamento para la contratación complementaria.
Independientemente del sistema de contratación bajo el cual se ejecuta una obra, se debe calcular el reajuste de cada valorización derivada de un contrato de obra ejecutado en moneda nacional, debiendo pagarse con la valorización más cercana o en la liquidación final de obra.
Considerando que el reajuste de las valorizaciones tiene por objeto actualizar el valor de los elementos que intervienen en la ejecución de una obra a la fecha correspondiente al mes de pago de la valorización, la aplicación del coeficiente de reajuste "K" sobre cada valorización puede generar un derecho de crédito en el contratista o en la Entidad, en función a si los índices con los cuales se calcula dicho coeficiente se han incrementado o reducido.
Corresponde a cada Entidad determinar si en las contrataciones de bienes o servicios, que darán origen a contratos de ejecución periódica o continuada, resulta necesario o no considerar fórmulas de reajuste en las Bases, a efectos de cubrir una posible variación de precios durante la ejecución contractual.
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1) del artículo 49 del Reglamento, las fórmulas de reajuste de precios que puedan ser consideradas en las Bases, se realizan en función del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes que debe efectuarse el pago.
Para realizar el cálculo del coeficiente "K" que se obtiene de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción correspondientes al mes en que debe ser pagada una valorización, debe acudirse a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Durante la ejecución contractual de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, pactados en moneda nacional, se podrá reajustar los pagos al contratista siempre que en las Bases se haya previsto las fórmulas de reajuste para tal efecto. Asimismo, si se trata de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio este influido por esta, pactados en moneda nacional, durante la ejecución contractual se podrá reajustar los pagos al contratista siempre que tal posibilidad haya sido prevista en las Bases y, adicionalmente, se haya previsto la forma en que se comprobará la variación de precios.
Durante la ejecución contractual, una Entidad no podría obligar al contratista a entregarle bienes de distintas características, metraje o precio a los ofertados en sus propuestas, pues ello determinaría una modificación del contrato celebrado entre la Entidad y el contratista, el cual solo puede modificarse bajo las condiciones previstas en el artículo 143 del Reglamento.
Podrá ordenarse prestaciones adicionales durante la elaboración del expediente técnico de las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta, siempre que dichas prestaciones adicionales no modifiquen el alcance de la obra de tal manera que se afecte el monto ofertado por el postor para su ejecución. Asimismo, una vez elaborado el expediente técnico definitivo y ante situaciones imprevistas no contempladas en el proyecto, podrá ordenarse prestaciones adicionales si se advierte que el contratista debe ejecutar en la obra menores o mayores prestaciones a las proyectadas, con las limitaciones impuestas por la Ley.
El reajuste de precios debe efectuarse a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, la que forma parte del expediente técnico de obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49º del Reglamento, en el caso de contratos de bienes o servicios de ejecución periódica o continuada, pactados en moneda nacional, las Bases pueden establecer fórmulas de reajuste, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor. También cabe el reajuste en el caso de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta, ya sea que la propuesta haya sido expresada en moneda nacional o extranjera.
En el caso de contratos de obra y contratos de consultoría de obra, pactados en moneda nacional, las Bases deben contener fórmulas de reajuste de las valorizaciones o pagos, respectivamente, a ser pagadas al contratista.
Cuando las propuestas hayan sido expresadas en moneda extranjera no cabe reajuste de precios, salvo en el caso de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta.
En las contrataciones de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta, el reajuste de los pagos al contratista puede ser superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
Se considera bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio se encuentra influido por ésta, a aquellos bienes transables que se cotizan a nivel internacional en bolsas de productos, y sus derivados hasta el tercer nivel de producción.
El reajuste presupone un contrato de ejecución periódica o continuada, en el que la distribución de la ejecución de las prestaciones en el tiempo pueda determinar la variación del precio pactado. Asimismo, presupone que en las Bases se haya previsto la posibilidad de reajustar los pagos al contratista, sin necesidad de establecerse una fórmula para ello, pues el reajuste estará dado por la variación del precio al que se cotiza el bien en el mes en el que se efectuará el pago, debiendo preverse en las Bases la forma en que se comprobará tal variación.
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En la ejecución de obras pactadas en moneda nacional, para el reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizará el valor de “K” que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas previstas en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, los Índices de Precios Unificados de la Construcción que publica el INEI, correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización, ello independientemente del valor de este coeficiente de reajuste.
En los contratos de bienes de ejecución periódica o continuada, pactados en moneda nacional, podrá aplicarse fórmulas de reajustarse a los pagos al contratista, siempre que en las Bases o en el contrato se haya previsto tal posibilidad. Dicho reajuste tendrá como límite la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
Asimismo, en las contrataciones de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta, el reajuste de los pagos al contratista puede ser superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Se consideran bienes sujetos a cotización internacional o que su precio se encuentra influido por ésta a aquellos bienes transables que se cotizan a nivel internacional en bolsas de productos, y sus derivados hasta el tercer nivel de producción.
Este reajuste presupone un contrato de ejecución periódica o continuada, en el que la distribución de la ejecución de las prestaciones en el tiempo pueda determinar la variación del precio pactado. Igualmente, presupone que en las Bases o en el contrato se haya previsto la posibilidad de realizar el reajuste.
Cuando se trate de una contratación de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta, en la que la propuesta fue expresada en moneda extranjera por requerimiento de las Bases, también podrá reajustarse los pagos al contratista.
El reajuste podrá realizarse en cada uno de los pagos que se efectúen al contratista, siempre que se haya verificado una variación en el precio pactado y se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 1) o 4) del artículo 49º del Reglamento.
Si los índices de precios o la cotización internacional correspondientes a la fecha de pago aumentan en relación con el precio pactado, el contratista tiene derecho a que se le pague un mayor monto para poder cubrir el aumento del valor de la prestación. Dicho equilibrio también debe mantenerse en la situación contraria, esto es, cuando los índices de precios o la cotización internacional correspondientes a la fecha de pago disminuyen en relación con el precio pactado, por lo que en esta situación la Entidad tendrá el derecho de pagar solamente el monto que represente el valor real de las prestaciones.
En la ejecución de obras pactadas en moneda nacional, para el reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizará el valor de “K” que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas previstas en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, los Índices de Precios Unificados de la Construcción que publica el INEI, correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización, ello independientemente del valor de este coeficiente de reajuste.
En la ejecución de obras pactadas en moneda nacional, para el reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizará el valor de “K” que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas previstas en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, los Índices de Precios Unificados de la Construcción que publica el INEI, correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización. Ello independientemente del valor de este coeficiente de reajuste, por lo que el reajuste procede aún cuando el valor de “K” sea negativo.
Cuando como consecuencia de la aplicación de las fórmulas de reajuste correspondientes, el valor de la deducción por los adelantos otorgados resulte negativo, el mismo, en lugar de deducirse, debe sumarse al reajuste de la valorización, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, modificado por los Decretos Supremos N° 017-79-VC y N° 06-86-VC.
En el numeral 3.3 del artículo 3º de la Ley de Contrataciones del Estado se ha dispuesto las causales de inaplicación de la normativa sobre contrataciones públicas, no correspondiendo a este Organismo Supervisor la facultad de exonerar a las Entidades para realizar los procesos de selección ni de autorizar la inaplicación de la normativa sobre contrataciones del Estado.
La Entidad tiene a disposición diversos mecanismos en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado con la finalidad de que no se afecte el proceso productivo que tiene a su cargo, siendo, entre otros, la posibilidad de adquirir insumos directamente vinculados en los procesos productivos mediante adjudicaciones de menor cuantía.
El área usuaria de la Entidad debe determinar el objeto contractual, así como sus características, condiciones, cantidad y calidad; y el tipo de proceso de selección que debe convocarse.
Una Entidad podría contratar el agenciamiento de pasajes aéreos o adquirir pasajes aéreos. En el primer caso, el objeto contractual sería servicios, en el segundo, bienes. La decisión de qué contratar corresponde a la Entidad, según las características de la necesidad que requiere atender.
Corresponde a la Entidad evaluar si en una contratación de bienes o servicios en concreto, podría o no establecerse fórmulas de reajuste, conforme al numeral 1) del artículo 49º del Reglamento, así como la necesidad de establecerlas a efectos de cubrir la variación de los precios durante la ejecución contractual.
La Entidad solo podrá modificar el contrato, previa evaluación, cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, de calidad y de precios, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan su necesidad, y no varíen las condiciones que motivaron la selección del contratista, entre las que puede encontrarse el precio ofertado.
Cualquiera de las parte de un contrato puede solicitar que las controversias que surjan durante la ejecución contractual, incluyendo aquellas referidas al reajuste de precios, sean sometidas a conciliación y/o arbitraje.
SUB
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA